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Marco Aurelio González conversó esta mañana con ABC Cardinal con respecto a los cuatro casos más importantes que lleva adelante la Procuraduría General de la República (PGR), en defensa de los intereses del Paraguay.
Estos casos, incluyen disputas internacionales como la deuda paraguaya con Petróleos de Venezuela (PDVSA), el conflicto con Mota Engil, o el imcumplimiento del mecanismo Covax, así como cuestiones internas, como la recuperación de las tierras del Ministerio de Defensa en Remansito.
En esta nota te contamos los detalles que dio el procurador sobre el estado de estos casos, así como las estratégias que aplican para defender el interés nacional.
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PGR: Mecanismo Covax
El primer caso tiene que ver con el incumplimiento de la provisión de vacunas del mecanismo Covax, que se dio durante el gobierno anterior, y que hasta ahora no tiene una resolución, casi dos años después de concluída la pandemia.
El procurador señaló que hasta el momento se intentan agotar las instancias administrativas por medio de un intercambio de notas entre el Paraguay y el mecanismo. En la disputa, Paraguay pide la devolución del dinero invertido -USD 5 millones- mientras que Covax exige que Paraguay pague una tasa de salida.
Covax argumenta que Paraguay se comprometió a comprar cierta cantidad de vacunas, por las que tiene que pagar, mientras que el Paraguay argumenta que el mecanismo no cumplió en el tiempo que se había establecido y en el que el país necesitaba esas dosis.
González señaló que en caso de no conseguir resultados por la vía administrativa, recurrirán al arbitraje, que es la vía establecida por el acuerdo con el mecanismo. Aseguraron que Covax sigue negociando con todos los Estados, la entrega de un dinero excedente, en el que Paraguay intentará obtener una retribución.
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Arbitraje con PDVSA
Otra causa emblemática es el arbitraje por la deuda contraída por Petropar con la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), que el procurador indicó se encuentra en una pausa desde el impase ocasionado por la declaración de la oposición de la presidencia de Juan Guaidó.
“El arbitraje fue suspendido cuando Guadió asumió la presidencia y hubo un reconocimiento de varios países, y hasta hoy en día no fue retomado”, dijo González, quien agregó que hasta antes de la suspensión, Paraguay había planteado una excepción de incompetencia, argumentando que no había pactado con Venezuela el arbitraje, y perdió.
El procurador señaló que tienen esperanzas en que la nueva situación diplomática entre ambos países ayude, atendiendo a que no hay discusión sobre la existencia de la deuda, sino solamente en cuanto a la fecha en la que corren los intereses. Mientras que Paraguay asegura que es a partir de 2016, Venezuela alega que es anterior.
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Metrobús y Mota Engil
En el caso del pleito con Mota Engil, el procurador señaló que existen condenas en dólares, en euros y en guaraníes, por lo que siguen realizando los cálculos del monto total de la sanción aplicada al Paraguay por el arbitraje.
Así mismo, reiteró que Paraguay ya presentó un recurso de rectificación o aclaratoria, para que el tribunal se expida en una cuestión que no ha sido resuelta, a entender del Paraguay.
“Porque dijeron que a Mota Engil le corresponde las costas sobre el 40% de lo gastó, porque obtuvo una victoria en ese porcentaje de sus pretenciones. Allí falta que el tribunal también diga cuáles son las costas que Mota Engil tiene que pagarle a Paraguay, porque también en el laudo se ha reconocido algunas victorias procesales paraguayas”, dijo.
Tierras del Ministerio de Defensa
El procurador se refirió tanto a las tierras reclamadas por Víctor Galeano Perrone al Regimiento Escolta Presidencial como a las tierras de la finca 916 del Ministerio de Defensa.
En el primer caso, aseguró que iniciaron un juicio de usucapión atendiendo a que está inscripto a nombre de Galeano Perrone, y que Paraguay ya perdió el juicio en dos instancias, por lo que la última esperanza está en una acción de inconstitucionalidad le de la razón al Paraguay, y el caso vuelva a ser estudiado por otro tribunal.
En el caso de la finca 916 del Ministerio de Defensa, dividió la cuestión entre los ocupantes que intentaron la desafectación y los ocupantes precarios. Con respecto a los primeros, señaló que siguen esperando que los ocupantes entreguen las llaves de buena fe, al tiempo que algunos de ellos siguen presentando recursos para no hacerlo.
Por el lado del resto de las 9 mil hectáreas que tiene el terreno, señaló que realiza un censo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para conocer a los ocupantes precarios que llevan varios años en asentamientos instalados en esas tierras, para diseñar una estrategia de solución de fondo.
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