Directora de INTN le quiere cobrar al Estado Paraguayo G. 1.300 millones

La actual directora general del INTN, Ing. Lira Giménez, exige al Estado paraguayo y ex altos funcionarios que le paguen más de G. 1.300 millones por haber sido echada de la secretaría ejecutiva del CONACYT en el año 2012, según confirmó ella misma, ante nuestra consulta.

Imagen ilustrativa de una reunión del Conacyt, octubre de este año.
Imagen ilustrativa de una reunión del Conacyt, octubre de este año.Gentileza

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La Ing. Lira Giménez, directora del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), está muy próxima a cobrar, en el marco de un juicio contra el Estado Paraguayo y ex altos funcionarios estatales, G. 1.300 millones, por haber sido destituida de un cargo de confianza de la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacy). Aunque ella afirmó que “fue echada” arbitrariamente y que cuando entró a dicha institución, no había cargo de confianza. El hecho ocurrió hace más de 10 años.

El Conacyt está ahora obligado a pagar a Giménez la suma de G. 1.312.454.502, según oficio del Tribunal de Cuentas Segunda Sala Nº 1.283, de fecha 2 de noviembre de 2023, en el marco del juicio caratulado “Lira Rossana Giménez c/ Resolución 140/2012, del 31 de mayo de 2012, dictado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología -Conacyt, Exp Nº 392/2018″, con Auto Interlocutorio Nº 583/23, de octubre último.

Ing. Lira Giménez
Ing. Lira Giménez

Vale decir, Giménez demandó a un ente del Ejecutivo, siendo parte de otra institución del mismo Poder (el INTN) y además, actualmente es miembro suplente del Conacyt, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, en virtud del decreto N° 537/2023 firmado por Santiago Peña en octubre de este año.

Según los datos a los que accedió ABC, el pasado 19 de diciembre, por patrocinio del Abog. Roberto Améndola, Lira Giménez requirió al presidente del Conacyt la exclusión de cualquier actuación o intervención del consejero Luis Alberto Dávalos, en el trámite de cumplimiento de la sentencia referida, por haber sido el firmante de la Resolución Nº 140/2012 y ser uno de los demandados por Giménez en otro juicio.

El texto presentado por el abogado señala textualmente que ese pedido se da, habiendo el citado funcionario “desempeñado un denodado empeño en causar un perjuicio a mi representada, excluyéndola de la función pública, de manera intencional y arbitraria”.

En el marco del juicio caratulado “Lira Rossana Giménez c/Luis Alberto Dávalos (Director del CONACYT año 2012) – y otros s/ indemnización de daños por responsabilidad extracontractual” que obra en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, se presentó el 1 de agosto del presente año un informe psicológico realizado a la Sra. Lira Giménez, en los que se describen los apararentes daños con los que ella quedó y se concluye que la recurrente cuenta con un estrés postraumático, entre otras condiciones.

Su primera presidencia en INTN fue entre julio de 2020 y agosto de 2021, pero fue destituida tras ser cuestionada por supuesto cobro retroactivo de gastos de representación, bonificaciones y gratificaciones en dicha institución, según informaron fuentes del ente.

Por su parte, Giménez conversó con ABC y argumentó que sus reclamos son justos y dijo que ella no fue destituida del Conacyt sino “echada de la función pública”, por una resolución de esa institución en 2012, en forma “arbitraria”, porque fue nombrada en el cargo un tiempo antes, por decreto, cuando no había cargo de confianza. Sin embargo, ella misma reconoció que al poco tiempo de ser “echada de la función publica”, fue nombrada en IPS y luego comisionada al INTN. Según los datos a los que accedimos, ella pidió ser miembro titular del Conacyt en el presente gobierno, pero no lo consiguió.

Funcionaria desde el año 2000 y destitutida en 2012

Giménez fue destituida del cargo de secretaria ejecutiva del Organismo Nacional de Acreditación, del Conacyt, en mayo del 2012. Ella había ingresado a la función pública mediante el Decreto Nº 9279 del 22 de junio de 2000. Fue expulsada de Conacyt por una resolución del entonces director de ese organismo, Luis Dávalos. El argumento para su desvinculación fue que ocupaba un cargo de confianza y que solo cabía dar por terminadas sus funciones. Pero ella demandó a autoridades de Conacyt y al Estado paraguayo, pidiendo indemnización por daños y perjuicios, por responsabilidad extracontractual.

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