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En el marco de la licitación 435418, para servicios de relevamiento de infraestructura de 316 locales escolares por casi US$ 1 millón (G. 7.100 millones), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) adjudicó millonarios contratos a tres empresas, dos de las cuales cuentan con llamativos antecedentes.
El lote 4, para el relevamiento de datos en Alto Paraná, fue adjudicado a Consultora de Ingeniería Alto Paraguay Sociedad Anónima (Cialpa), por G. 1.370.500.000. La empresa demandó en el 2019 al propio MEC, durante la gestión de Eduardo Petta, por una supuesta rescisión arbitraria de un contrato que era para fiscalizar el estado de instituciones educativas.
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Petta decidió acabar el contrato porque Cialpa solicitó un incremento del 20% por encima del acuerdo firmado inicialmente, según publicaciones de ABC.
El propietario de Cialpa, ingeniero Amílcar Gaspar Troche, fue además director de Infraestructura del MEC en 2008, durante la gestión del ministro Horacio Galeano Perrone.
Dueño de consultora contratada fue director de Infraestructura del MEC
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) descubrió irregularidades en el control y fiscalización de obras escolares cuando Troche era director de Infraestructura del MEC.
Consultado, Troche aseguró que no tenía datos actualizados sobre la demanda entablada al MEC en 2019. Dijo que consultaría a su abogado.
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“La Contraloría no me consultó nada en su momento. Si hicieron un informe, yo no cuento con sumarios”, agregó en torno al reporte negativo sobre su gestión en 2008 de parte de la CGR. Remarcó que estuvo 9 meses en el ministerio y que prácticamente no contaban con presupuesto para infraestructura escolar.
Denuncias por millonarias irregularidades en Conavi
En agosto del 2008, todavía durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, la Contraloría General presentó una denuncia penal contra la empresa Redinsa (Red de Ingeniería De Servicios SA) por presuntas irregularidades en la gestión de viviendas del entonces Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi).
La denuncia es por la “ilegalidad de las actuaciones desplegadas por sus autoridades totalizan Gs. 2.730.528.825″, según informó la entidad, que presumía un daño patrimonial.
Ahora Redinsa fue adjudicada por el MEC en el lote 2, por G. 1.437.900.000, para verificar escuelas de Amambay, Concepción, San Pedro y Cordillera.
Empresa asegura que demostró su inocencia
Uno de los propietarios de la firma, Fernando Pekholtz Recalde, aseguró que durante la demanda judicial demostraron que no cometieron irregularidades y que salieron limpios del proceso.
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“Presentamos documentos y todo nuestro trabajo, creo que eran como 50 carpetas que llenamos a la Fiscalía”, aseguró. Agregó que tienen “licitaciones sociales” de distintas reparticiones estatales. Dijo que ni el MEC ni el MOPC (Ministerio de Obras Públicas) tienen gente para relevar datos sobre escuelas que se caen.
La tercer adjudicada es Control SA, por G. 1.437.250.000 en el lote 5, con 6 departamentos. El representante es Víctor Fuster.
MEC no responde a consultas sobre firmas adjudicadas
El asesor jurídico del MEC, José Arce, no responde las consultas que realizamos sobre el tema.
El llamado a licitación realizado ahora por el MEC es para confirmar el mal estado de 316 instituciones educativas a ser refaccionadas por el MOPC en el marco de un convenio.
Los contratos con las consultoras duran cuatro meses, mientras las clases comienzan en febrero, o sea, dentro de dos meses.
Directores de escuelas critican “gasto innecesario”
El titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, cuestionó el “gasto innecesario” del MEC en las consultorías para relevar el mal estado de escuelas.
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“Hace diez años que tenemos los datos de microplanificación, donde directores remiten los informes a la intendencia y estos al MEC, donde luego envían al personal técnico para las verificaciones”, manifestó.
Para el sindicalista, la cuestión en este caso era ejecutar los informes para adjudicar las obras directamente, así no se espera tanto para las reparaciones.
Apuntó en contra del ministro de Educación, Luis Ramírez. “Para nosotros, en este caso está aplazado, pero vamos a esperar alguna explicación técnica”, dijo.
Inversión pudo destinarse a mobiliario escolar, dicen directores
El sindicato realizó un cálculo sobre los G. 7.100 millones que costará la adjudicación en total. Se podrían adquirir 17.750 sillas pedagógicas y 20.285 sillas con sus mesas para las escuelas públicas, según datos del gremio.
Marecos indicó que el cálculo se realiza con precios referenciales del MEC, que dan entre G. 350.000 y G. 400.000 por cada producto mobiliario.
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“Incluso se pudo invertir ese dinero en almuerzo y merienda escolar, cuando el MEC siempre se queja de que no hay tantos recursos para esto”, remarcó el titular del sindicato.
¿Por qué no se adquieren computadoras tan necesarias para las instituciones educativas?, cuestionó. Indicó, asegurando que los mismos funcionarios de la cartera educativa critican esta adjudicación de consultorías de infraestructura.