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Un estudio realizado en el 2013 para el ex Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), demostraba que la distribución de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), según el criterio de royalties, profundizan las desigualdades en el sector educativo.
El criterio de royalties implica que reciben más presupuesto los gobiernos departamentales y municipales que están más cerca de las hidroeléctricas, según lo establecido en la Ley N° 4.758/12 que crea el Fonacide.
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“Las escuelas del área de las represas estaban mejores que las demás, pero recibían tres veces más que las que estaban peor”, dice el geógrafo independiente Fabricio Vázquez.
Vázquez es uno de los investigadores, junto a Kevin Goetz, del material denominado “Atlas de Políticas Públicas del Paraguay: tendencias y retos de intervención (2013)”.
¿Cómo se distribuye el dinero del Fonacide?
El análisis de los investigadores locales demuestra que municipios o departamentos que están en mejores condiciones de infraestructura, reciben tres veces más que los más pobres.
Departamentos como Alto Paraná, Ñeembucú, Itapúa e incluso Central tenían 1.190 aulas en mal estado en el 2013. Recibieron G. 182.000 millones en concepto del Fonacide para proyectos de infraestructura escolar.
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Mientras, departamentos más pobres, como San Pedro, Concepción y Caaguazú, y con 2.020 aulas en mal estado, solo recibieron G. 66.000 millones para proyectos de infraestructura escolar.
“Suelo decir en forma irónica que deben construirse represas en San Pedro, Concepción y Caaguazú para cambiar esta realidad”, sostiene Fabricio Vázquez.
Criterio del Fonacide debe ser territorial, no de royalties, analiza investigador
Para Vázquez, la normativa debería contar con un criterio de territorialidad, que otorgue más recursos a quienes más necesidades tengan, tanto en lo económico como en ítems de infraestructura educativa.
“Por ejemplo, se puede establecer un ranking de los 100 distritos con peor infraestructura o peor estado de aulas en todo el país, para destinar allí estos recursos de manera prioritaria”, asegura el investigador.
“Y en el lado opuesto, quizás a los 100 distritos con mejor infraestructura pueden destinarse otro tipo de inversiones, como computadoras”, agrega.
Los fondos de Fonacide los reciben municipalidades y gobernaciones del país, que tienen que destinar ese dinero a mejorar y mantener la infraestructura de las escuelas y, en un 30%, el recurso debe emplearse para garantizar alimentación escolar.
El MEC había planteado cambiar criterio de distribución
El ministro de Educación, Luis Ramírez, había planteado igualmente cambiar el modelo de la Ley del Fonacide, para destinar dinero de infraestructura educativa a los municipios que más lo necesitan. Es decir, 10 años después de esta investigación, nada cambió.
Mientras, distritos que ya cuentan con aulas reparadas, podrían recibir más dinero para alimentación escolar. Así también, otros municipios, donde las escuelas urgen reparación de las clases, sanitarios y demás, podrían también mejorar el monto que perciben de Fonacide.
El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se había reunido incluso con los gobernadores para tratar estos temas recién asumió el cargo, pero el proyecto no tuvo mayores avances desde entonces. Este fin de semana, Luis Fernando Ramírez dijo que sí, continúa firma la intención de modificar la normativa en 2024.