Cargando...
La resolución del magistrado José Agustín Delmás establece que la suboficial de la Policía Nacional Nilsa Evelin Morel Giménez y la funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, Mabel Corvalán Achucarro, afrontarán juicio oral y público por la presunta comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y cohecho pasivo agravado (coima).
Lea más: Por supuesta coima y otros delitos, fiscal acusa a policía y a funcionaria municipal de San Lorenzo
El fiscal anticorrupción Leonardi Guerrero acusó y pidió juicio oral y público para ambas funcionarias públicas, a las que acusa de formar parte de un esquema que emitía irregularmente certificados de vida y residencia falsos, documento exigido a los contribuyentes para la renovación del registro de conducir.
En ocasión de la audiencia preliminar realizada en octubre pasado, el fiscal Guerrero se allanó a la solicitud de suspensión condicional del procedimiento y de procedimiento abreviado planteado por la defensa de las acusadas.
Sin embargo, el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos se opuso a la referida salida procesal y por esta razón el expediente fue remitido a la fiscala adjunta María Soledad Machuca, quien se ratificó en la acusación y pedido de juicio oral y público.
Lea más: Juez se opone a salidas procesales para policía y funcionaria municipal acusadas de coima
Defensa de policía solicitó condena de multa
En una nueva audiencia realizada el 7 de diciembre último, la abogada Gladys Verón, defensora de la agente policial Morel, solicitó una condena mínima para su defendida por producción de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autora, a través del procedimiento abreviado.
La pena requerida por la defensa fue una multa de 45 jornales mínimos para actividades diversas, equivalentes a G. 4.639.095.
”(...) en cuanto a la salida procesal de procedimiento abreviado, este representante público no encuentra motivaciones completas para que la salida prospere, si bien en el caso de la acusada se dan ciertos presupuestos no ve, o no observa que la sociedad pueda sentirse reparada a partir de la aplicación de un multa consideramos, que circunstancia de esta laya merecen una pena privativa de libertad, si bien estas puedan ser evaluada dentro de la suspensión de la ejecución de la condena establecidas en el Art. 44 del C..P. con la petición realizada por la defensa”, argumentó el representante del Ministerio Público, al oponerse a la salida requerida.
Funcionaria comunal intentó anular acusación fiscal
A su vez, la defensa de la funcionaria comunal, a cargo del abogado Edgar López, planteó incidentes varios para tratar de desvincular a su representada, el principal de ellos el de nulidad de la acusación por supuesta presentación extemporánea del requerimiento conclusivo y de las pruebas que lo acompañan, además de argumentar que supuestamente no se le indagó suficientemente sobre todos los delitos acusados.
Tras analizar los planteamientos de las partes, el magistrado resolvió que las acusadas deberán ser juzgadas en un juicio oral y público por los delitos mencionados.
Previamente, Delmás rechazó los incidentes de nulidad de la acusación, de cambio de calificación, de inclusión probatoria planteados por la defensa de Corvalán y el de procedimiento abreviado de Morel.
Lea más: Graban a PMT de San Lorenzo supuestamente coimeando
Denuncia y allanamiento a la sede de la Municipalidad de San Lorenzo
La investigación se inició a partir de la denuncia realizada el 4 de abril pasado por la abogada Carol Flores Imas, de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción de la Municipalidad de San Lorenzo, ante el Ministerio Público de la comisión de presuntos hechos punibles cometidos dentro de la comuna por parte de funcionarios no identificados. A cambio de coimas, “agilizaban” la gestión con documentos falsos, situación que motivó un allanamiento a la sede de la comuna sanlorenzana, siempre de acuerdo al requerimiento conclusivo.
Lea más: Video: allanan la municipalidad de San Lorenzo
La acusación señala que, posteriormente, la funcionaria ofrece la obtención de certificado de vida y residencia para “agilizar” el trámite, a cambio de un pago de G. 25.000 o 30.000. Tras la anuencia del contribuyente, Corvalán le solicita su cédula de identidad, le quita fotos de ambos lados con su celular y posteriormente las envía a la suboficial Nilsa Morel, quien prestaba servicios en el puesto policial 24 de Junio de San Lorenzo
“Esta al recibir la foto en su celular, procede a elaborar los respectivos certificados de vida y residencia y para completar los requisitos exigidos, tales como datos de testigos y el domicilio del contribuyente interesado en renovar su registro de conducir, recurre al archivo de datos de la Policía Nacional de donde quita la información de los supuestos testigos y lo asienta en el certificado de vida y residencia”, señala Guerrero en su acusación.
“Hecho el certificado de vida y residencia, Nilsa Morel remite de nuevo a Mabel Corvalán el certificado de vida y residencia y esta a su vez agrega al legajo conformado, completando de esa manera los requisitos exigidos para expedir renovación del registro de conducir al contribuyente. Una vez conformado el legajo, Mabel Corvalán llama al contribuyente y le hace firmar el certificado de vida y residencia remitido por Nilsa Morel, y a cambio recibe la suma de 25.000 o 30.000 guaraníes por parte del contribuyente. Posterior a esto, el contribuyente paga en caja el arancel por renovación de registro de conducir y finalmente recibe el carnet renovado en propias manos”, explica la acusación.
El esquema quedó al descubierto con la investigación realizada por el fiscal Guerrero, que constató la falsedad de los datos consignados en la documentación entregada a una contribuyente, cuyo testimonio es ofrecido en el requerimiento conclusivo contra ambas acusadas, que en sus respectivas declaraciones ante el Ministerio Público admitieron los hechos investigados.