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La imputación presentada por los agentes fiscales Fabiola Molas, de la Unidad Antidrogas; y Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, de Delitos Económicos y Anticorrupción, en contra de seis presuntos integrantes del grupo dedicado al tráfico de armas; revela que dicho esquema utilizaba la firma Internacional Auto Supply S.A como estructura jurídica para la importación legal de armas de fuego, que luego serían negociadas por sus vendedores a terceros, ya sean personas físicas y/o jurídicas, que están vinculadas al crimen organizado, que se valían de la colaboración de prestanombres para adquirir las armas luego traficadas.
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Los imputados son Paulo César Fines Ventura, Gral. de División de la Fuerza Aérea (SR) Jorge Antonio Orué Roa, Bienvenido Santiago Fretes González, Gral. del Aire de la Fuerza Aérea Arturo Javier González Ocampo, Victorino Gómez Paredes y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano. Éste último es el único prófugo.
Los tipos penales que la fiscalía imputó son tráfico ilícito de armas y hechos conexos; alteración de datos, denuncia falsa, asociación criminal, alteración de datos relevantes para la prueba y tráfico de influencias.
Según la hipótesis fiscal existiría una venta simulada en relación al que sería el verdadero destinatario final de las armas, ya que una vez en posesión de las mismas, estas personas vinculadas al crimen organizado se encargarían de trasladarlas hasta la frontera e introducirlas al Brasil, donde mediante el mercado ilegal eran adquiridas por los miembros de organizaciones criminales que operan en el vecino país, específicamente el PCC y el Comando Vermelho.
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Interceptación de correo
Con autorización judicial los investigadores lograron la interceptación del correo electrónico utilizado por María Mercedes Ocampos Centurión, vendedora de la firma Internacional Auto Supply, y así tuvieron acceso a varias conversaciones mantenidas a través de la aplicación WhatsApp.
A través de los mensajes se descubrió que la empresa importadora, por directiva del presidente Diego Hernán Dirisio, utilizaría su poder adquisitivo para corromper a funcionarios que ocupaban cargos en lugares estratégicos, a fin de recibir información privilegiada, protección y ventajas sobre sus intereses, entre otros beneficios a cambio de dádivas., siempre de acuerdo a la imputación.
Fue así que la estructura criminal llegó hasta el Gral. del Aire Arturo González, quien habría utilizado sus influencias para nombrar al Gral. Jorge Orué Roa en la Dimabel, y de funcionarios en puestos claves de esta institución, a fin de cumplir con las pretensiones de la organización criminal, a cambio de regalos y pagos de beneficios y/o promesas de beneficios, según la Fiscalía.
Además la Policía Federal de Brasil accedió a varias conversaciones mantenidas a través de WhatsApp entre el Gral. Arturo González y Eliane Marengo Subeldía, sindicada como miembro del supuesto esquema criminal dedicado al tráfico de armas y quien actualmente sería vendedora externa de la empresa Internacional Auto Supply S.A, siempre según el relato de la imputación presentada por el Ministerio Público.
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Se entregó general Orué, exdirector de la Dimabel
El general de división de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) en situación de retiro, Jorge Antonio Orué Roa, de 59 años, quien era uno de los militares buscados por la operación Dakovo de tráfico internacional de armas, se entregó ayer en la oficina regional del departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, en la ciudad de Concepción, y luego fue traído directamente a Asunción.
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El general Orué fue director de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), dependiente de Fuerzas Militares (FFMM), hasta el 7 de octubre de 2020.
El oficial retirado de la Fuerza Aérea fue imputado justamente ayer por tráfico de influencias, que fue presentada por los fiscales Fabiola Guadalupe Molas Alcaraz, de Narcotráfico; Francisco Manuel Cabrera Sanabria y Diego Augusto Arzamendia Ovando, de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El acta de imputación relata las supuestas ayudas que dio el general Orué entre 2019 y 2020, cuando era director de Dimabel, al argentino Diego Hernán Dirisio y por ende a la empresa de este, International Auto Supply (IAS).
El documento menciona que el general retirado de la Fuerza Aérea “habría utilizado su influencia como director de la Dimabel para intervenir en procesos administrativos que la empresa IAS se encontraba gestionando, desde requisitos para importación de armas, gestiones que presuntos compradores debían realizar ante Dimabel y pedidos de informes que la misma Dimabel requería a la empresa IAS. Todo esto a cambio de regalos, pagos y promesas de beneficios”.
En el relato también se consignan conversaciones telefónicas mantenidas entre el argentino Dirisio y el general Orué, en las que este último pedía la agilización de trámites, y el entonces director de Dimabel prometía soluciones.
También hay fragmentos de conversaciones de coordinación de entregas de canastas de Navidad, de Dirisio para el general.
El general Orué, cuando fue director de Dimabel, llegó a ser imputado en el año 2019 por la fiscala María Luján Estigarribia Marín por el hecho de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Fue a raíz de que, como director de Dimabel, envió un informe al Ministerio Público en el que consignaba equivocadamente la identidad de una anciana de Vallemí como dueña de un revólver que había sido incautado en un procedimiento en Luque.
También hay fragmentos de conversaciones de coordinación de entregas de canastas de Navidad, de Dirisio para el general.
El general Orué, cuando fue director de Dimabel, llegó a ser imputado en el año 2019 por la fiscala María Luján Estigarribia Marín por el hecho de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Fue a raíz de que, como director de Dimabel, envió un informe al Ministerio Público en el que consignaba equivocadamente la identidad de una anciana de Vallemí como dueña de un revólver que había sido incautado en un procedimiento en Luque.
Militares procesados y uno desvinculado
Además del general de división retirado Jorge Orué, la operación Dakovo tiene hasta ahora otros seis militares procesados.
Estos son el general del Aire Arturo Javier González Ocampo (57), coronel de la Fuerza Aérea Bienvenido Santiago Fretes González (52), la capitana del Ejército Josefina Cuevas Galeano (35) y la teniente primero de de la Fuerza Aérea Cinthia María Turró Braga (40), todos ya capturados.
El teniente de Navío César Adolfo Benítez Pappalardo (38) quedó momentáneamente desvinculado.
Quedan aún diez prófugos
La opeación Dakovo, en Paraguay, tenía inicialmente 25 objetivos a ser capturados, de los cuales 15 ya cayeron presos, por lo que 10 quedan prófugos.
Se trata del supuesto jefe de la organización, el argentino Diego Hernán Dirisio, de 49 años, y la esposa de este, la exmodelo Julieta Vanessa Nardi Aranda (41), quienes dirigían la empresa International Auto Supply (IAS), que traía de Europa las armas que iban al Brasil.
También son buscados los empleados de dicha empresa, Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano (31) y Georgina Elizabeth Cosgaya Viñales (34).
En la nómina de fugitivos aparece también Eduardo Tomás Pallarés Viveros (36), señalado como el doleiro paraguayo residente en Kansas, Estados Unidos, donde supuestamente recibía los pagos hechos desde Paraguay y luego los reenviaba a las fábricas de armas de Croacia, Eslovenia, República Checa y Turquía.
Darío Eugenio Díaz Ocampos (56) sería otro que intervenía en las operaciones financieras de la organización y que aún se halla prófugo.
Los supuestos traficantes de armas buscados, quienes aparentemente enviaban los fusiles y pistolas de IAS al Brasil, son Víctor Manuel Santos Gauto (31), Victorino Gómez Paredes (45), Jorge Ariel González (39) y Catalino Cantero Benítez (60).
El policía Jorge Ariel González (39), quien era objetivo, se suicidó el 30 de noviembre pasado.
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Inició proceso para detenidos con pedidos de extradición
Ante el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Gustavo Amarilla Arnica se realizó ayer la audiencia de identificación para los diez detenidos con fines de extradición a Brasil en el marco de la Operación Dakovo.
Los requeridos por la Justicia del vecino país son María Mercedes Ocampos Centurión, Eliane Magalí Marengo Subeldía, Manuel Antonio Gómez, Ricardo Morra, Arnaldo Cubas, Ángel Flecha, Aldo Cantero y Julio Cubas.
También tienen pedido de extradición de la Justicia del Brasil la Teniente de Navío Cinthia María Turró Braga, exasesora jurídica del Registro Nacional de Armas e hijastra del excomandante de las Fuerzas Militares Braulio Piris; y la capitana del Ejército Josefina Cuevas Galeano, exjefa de División de Importación de la Dirección de Material Bélico.
Todos fueron detenidos el martes último en la serie de allanamientos simultáneos encabezados por la fiscalía y acompañados por Senad.
Ninguno de los detenidos se allanó a la extradición abreviada ofrecida por el Ministerio Público, por lo que el juzgado de Garantías inició el proceso en el que se deberá resolver si se hace o no lugar al requerimiento de extradición que realizó la Justicia brasileña.
En ese sentido, el juez Gustavo Amarilla ordenó la prisión preventiva de los diez extraditables, en el caso de las uniformadas en la cárcel de Viñas Cue; de los demás en Buen Pastor y el Penal de Emboscada.
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Prisión y bloqueo de bienes para comerciantes y militares
En la causa penal abierta a partir del Operativo Dakovo, la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez decretó la prisión de cuatro personas, tras admitir la imputación presentada por los fiscales Fabiana Molas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia.
La magistrada decretó la prisión de los comerciantes Paulo César Fines Ventura, imputado por tráfico y comercialización de armas de fuego, alteración de datos, alteración de datos relevantes para la prueba, denuncia falsa y asociación criminal y Victorino Gómez Paredes por tráfico y comercialización de armas de fuego y asociación criminal.
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El primero cumplirá la medida en la penitenciaría regional de Emboscada y el segundo, en la cárcel de Tacumbú.
Idéntica medida se dispuso para el Gral. del Aire de la Fuerza Aérea Arturo Javier González Ocampo y el Coronel Bienvenido Santiago Fretes, que la cumplirán en la prisión militar de Viñas Cue.
González Ocampo está procesado por tráfico de influencias y asociación criminal y Fretes González por cohecho pasivo agravado y asociación criminal.
La magistrada dispuso además bloqueo de bienes para todos y también para el general de división de la Fuerza Aérea Paraguaya (SR), Jorge Antonio Orué Roa y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano, este último con rebeldía y orden de captura.