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Miguel Cardozo, bajo patrocinio del abogado Steve Perdomo, presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) acusación contra el fiscal adjunto del Área III, Edgar Augusto Moreno, por supuestas graves irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones, ignorancia supina de la ley, prevaricato, falta de objetividad y parcialidad en concordancia con la comisión de hechos punibles.
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El denunciante asegura que el fiscal adjunto Moreno, reabrió una causa penal luego de 18 años, por lo que el caso está manifiestamente prescripto.
Cardozo también sostiene que la causa penal investigada por el Ministerio Público, abierta en el año 2005 tiene el N° 2988, y entonces el último fiscal de la causa fue el Abog. José Casaccia Bibolini.
Miguel Cardozo también reseña que la causa fue ingresada en el año 2005 cuando la unidad penal estaba a cargo de la Abog. Mirta López, quien investigó la supuesta comisión de los hechos punibles de daño y producción de riesgos comunes, ocurrido el 19 de noviembre de 2005. En su oportunidad el hecho fue denunciado por Eulalio Crispín Fleitas Báez, chofer del abogado Rafael Salomoni, quien en el momento del atentado con bombas molotov, no se encontraba en el país.
Denunciante afirma que causa estaba prescripta
La causa abierta en la Fiscalía fue contra persona innominada, la cual en atención a lo dispuesto por el Art. 102 del Código Penal, la misma se encuentra prescripta, refiere el denunciante ante el Jurado.
También se informó que pese a la búsqueda exhaustiva no pudo ubicarse el cuaderno de investigación fiscal en razón de que la unidad penal no cuenta con inventarios de causas realizadas por agentes fiscales salientes, abogadas Mirta López y Blanca Agüero, ya que las mismas no presentaron sus inventarios respectivos al cese de sus funciones.
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El denunciante Cardozo refiere que a pesar de los hechos mencionados, el fiscal adjunto Moreno dictó la Resolución N° 591 de fecha 20 de julio de 2023, a través de la cual ordenó la apertura de una causa penal nueva, con nueva numeración, nuevo año, nuevo hecho punible y nuevo agente fiscal.
La nueva investigación fiscal está caratulada “Personas innominadas s/ tentativa de homicidio doloso”, N° 3118-2023, y está a cargo de la fiscala Laura Romero.
El acusador asimismo sostiene que “el fiscal adjunto Edgar Moreno llama por teléfono a sus subordinados, los agentes fiscales asignados a la zona de Lambaré, a fin de dar orden directa de nominar esta causa e imputar, sin que al parecer le importe inducir a sus subordinados para que cometan hechos punibles tales como la simulación de hechos punibles, producción de documentos públicos de contenido falso, además de la persecución de inocentes, que Edgar Moreno se encarga de realizar...”, se lee en el escrito.
Cardozo también sostiene que el fiscal adjunto no tiene atribución para reabrir un proceso fenecido, ya que solamente un juez puede hacerlo. “Es notoria la connivencia existente entre denunciante (del atentado) y el adjunto, pues ni siquiera le ha importada violar la Constitución Nacional a fin de atender las pretensiones de sus amigos”, refiere.
El hecho nuevo que motivó el pedido de reapertura de la investigación
Lo que motivó la acusación de Miguel Cardozo ante el Jurado por supuesto mal desempeño de funciones del fiscal adjunto Edgar Moreno, fue luego que admitiera la “ampliación de la denuncia penal” presentada en fecha 30 de mayo de 2023 por el abogado Rafael Salomoni, como víctima del atentado.
La primera denuncia originaria es del 19 de noviembre de 2005 en la que entonces se relató un atentado con bombas molotov, arrojadas al estacionamiento de la vivienda del abogado, resultando incendiados varios vehículos.
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La ampliación de la denuncia de mayo pasado se realizó en el sentido que la víctima del atentado, manifestó en la Fiscalía, que el señor Pedro Guillermo Schouten Junghanns se comunicó con él y le confirmó que tenía conocimiento de quienes serían los autores intelectuales y materiales del hecho, por lo que Salomoni solicitó la prosecución de la investigación.
La investigación fiscal se había archivado a los 45 días de haberse producido el atentado, es decir, en enero de 2006, según los antecedentes.