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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió no hacer lugar al recurso de aclaratoria planteado por la defensa de Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini, respecto a la excepción de inconstitucionalidad que el máximo tribunal rechazó en la causa abierta por el caso de los “insumos chinos”.
Con esta decisión de la máxima instancia judicial el tribunal Especializado en Delitos Económicos, presidido por Elsa García e integrado con Juan Pablo Mendoza y Yolanda Morel, tiene vía libre para dictar en la fecha su sentencia sobre la presente causa penal por los supuestos hechos de contrabando, producción y uso de documentos no auténticos y asociación criminal.
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Además de Justo Ferreira y su hija, por el caso “insumos chinos” están acusados el despachante de Aduanas Carlos Gamarra; y los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Acosta Acosta.
La prosecución del juicio oral y público está programada para las 7:30 de hoy, con la dúplica de las defensas de los cinco acusados. Posteriormente, el colegiado de sentencia pasará a deliberar, y finalmente dará a conocer su veredicto sobre la causa.
Fiscalía pide 6 años de cárcel para el ‘clan Ferreira’
En sus alegatos finales los fiscales Osmar Legal, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia pidieron que los directivos de la firma Imedic S.A. Justo Ferreira Servín y su hija Patricia Ferreira Pascottini sean condenados a 6 años de pena privativa de libertad por contrabando, producción y uso de documentos no auténticos y asociación criminal.
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Para el despachante de aduanas Carlos Gamarra, la Fiscalía solicitó la condena de 4 años de cárcel por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal; mientras que para los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Acosta Acosta la pena requerida fue de 5 años de pena privativa de libertad por el delito de “colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas”.
Según la acusación fiscal, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, Imedic S.A. debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660 millones, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080 millones y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, totalizando la suma de G. 47.952.500.000.
El 18 de abril del año 2020 arribaron al país no solo las 400 camas solicitadas, sino 450, y el excedente (50) eran camas eléctricas de alta gama, que no estaban previstas en los papeles, pero aun así ingresaron a territorio paraguayo, según sostiene la fiscalía.
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Justo Ferreira habla de “desliz administrativo”
El acusado de supuesto contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por el caso de los insumos chinos, Justo Ferreira Servín afirmó que al inicio de la pandemia en la firma Insumos Médicos se resolvió que la empresa no participaría de ninguna licitación debido a que los precios de todos los insumos se incrementaron por lo menos diez veces más del costo normal, en todo el mundo, a consecuencia de la situación sanitaria.
Sin embargo, pocos días después cambió de postura porque su hija menor es una profesional de blanco que “estaba en la primera línea de batalla contra el virus y no tenían ni tapabocas ni mucho menos trajes de protección”, según argumentó el acusado.
“Nunca nos avisaron que existían mecanismos para el despacho. A mí me indicaron sobre la metodología recién cuando llegó el cargamento de insumos, que todos en el país necesitábamos. Como no todas las camas tenían la documentación requerida nos aplicaron una multa en Aduanas, pagamos esa multa y liberaron los productos”, puntualizó Ferreira.
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Agregó que hace 40 años que trabaja en el rubro y que nunca sufrió un ataque “tan inmisericorde” como el que se inició desde que los insumos chinos fueron rechazados, debido a que el Ministerio de Salud Pública les canceló el contrato.