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Los exmiembros del Consejo de la Magistratura, Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani, quienes eran titular y suplente, respectivamente, recurrieron este jueves 23 de noviembre, por medio de una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto del Poder Ejecutivo N° 714 del 20 de noviembre de 2023, dictado por el presidente de la República Santiago Peña, por el cual designó a la exministra de Corte Alicia Pucheta y a Ariel Martínez, para reemplazar a los ahora accionantes.
Artículos constitucionales transgredidos
La acción refiere que el decreto del Poder Ejecutivo resulta violatorio de los artículos 1, 3, 248 y 263 de la Constitución Nacional, que consagran el Estado de derecho, el sistema de frenos y equilibrios entre las ramas de gobierno, la independencia del Poder Judicial y la duración de funciones de los miembros del Consejo de la Magistratura (3 años), respectivamente.
Los accionantes alegan la inviabilidad de remover a los miembros, incluyendo al representante del Poder Ejecutivo, mientras esté en ejercicio de sus funciones, ya que el mandato dura por tres años.
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En ese contexto, el presidente de la República, Santiago Peña, transgredió el artículo 263 de la Constitución, interrumpiendo el transcurso regular del mandato surgido de la designación legítima realizada en abril de este año, y, como consecuencia, vulneró su condición de representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, sostiene el recurrente ante la Corte.
Kronawetter reitera que el 12 de abril de 2023, por Decreto N° 9116, fue nombrado como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura hasta el 2026, firmado por Mario Abdo Benítez.
Otro de los cuestionamientos al decreto de Peña, es que transgredió lo que dispone el Art. 8 de la Ley N° 296/94 “Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”, porque el presidente de este órgano (Oscar Paciello) no comunicó la supuesta vacancia para que el Ejecutivo emita su decreto reemplazando a Kronawetter.
El decreto impugnado parte de un presupuesto equivocado: toma el 29 de octubre como punto de partida del mandato iniciado en el año 2020. Es decir, el juramento de Mónica Seifart.
Empero, el decreto ignora que el periodo de Seifart, que empezó en marzo de 2020 aunque ella haya asumido en octubre de 2020, y a la que sucedieron Edgar Olmedo y Enrique Kronawetter, finalizó en marzo de 2023.
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Kronawetter sostiene que al finalizar el periodo del consejero Carlos Cabrera, en marzo de 2020, es el punto de partida para contabilizar los 3 años de mandato. Sin embargo, Peña contabilizó los tres años a partir de octubre de 2020, cuando asumió Seifart como consejera representante del Poder Ejecutivo.
Es así que la postura del accionante es que el periodo del mandato de Seifart se inició en marzo de 2020 y concluyó en marzo de 2023, .
Petitorio a la Sala Constitucional de la Corte
Los accionantes solicitan a la Corte Suprema tener por promovida la presente acción de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 714 del 20 de noviembre de 2023, dictado por el presidente de la República Santiago Peña y refrendado por el ministro de Justicia, Angel Barchini.
También solicitan que la Sala Constitucional dicte sentencia, en su oportunidad, haciendo lugar a la acción y, en consecuencia,declarar la inconstitucionalidad del Decreto Nº 714 del 20 de noviembre de 2023, declarando su inaplicabilidad con relación a los accionantes.
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Suspensión de efectos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 553 del Código Procesal Civil, los recurrentes solicitan la suspension de efectos del Decreto N°714 de 20 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta su manifiesta inconstitucionalidad.
Los representantes del Ejecutivo
