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La fiscala Natalia Cacavelos imputó al exsíndico de Quiebras Blas Manuel Velázquez Fernández, el pasado 31 de julio, por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documento de contenido falso, por intervenir en la vendido por segunda vez un inmueble, por la mitad del valor que pagó el primer comprador, para luego volver a transferirlo finalmente por G. 1.000 millones.
La imputación fue admitida inicialmente por la jueza penal de garantías Lici Sánchez, sin embargo, por cuestión de competencia de especialidad el caso fue al juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos a cargo de Humberto René Otazú.
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Desde el momento en que la investigación penal se inició, Velázquez Fernández aún no se sometió al proceso, pese a que desde el 31 de julio cuenta con pedido de detención vigente y pedido de prisión preventiva hecho por la representante del Ministerio Público.
A paritr de ese momento procesal el exsíndico de Quiebras del Banco Paraguayo Oriental Blas Manuel Velázquez Fernández, planteó una de chicanas que además de dilatar el proceso penal imposibilitan el desarrollo normal de las investigaciones en la unidad fiscal a cargo.
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Exsíndico sigue sin comparecer a su indagatoria
Consultada sobre este aspecto, la fiscala Natalia Cacavelos informó a ABC Color que el exsíndico de Quiebras Blas Velázquez fue convocado ya en cuatro oportunidades para su declaración indagatoria, no asistiendo a las mismas. Ante este hecho, lo citó nuevamente para la diligencia procesal para el próximo 30 de noviembre.
El imputado Blas Velázquez, en los cuatro meses de proceso aún no se presentó ante la justicia y en distintas oportunidades cuestionó las actuaciones del Ministerio Público, así como los hechos que se le han atribuido, pero siempre desde la calndestinidad.
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La agente del Ministerio Público añadió que, por otra parte también citó a la exjueza Julia Rosa Alonso Martínez y a quien fuera su actuaria Rocío Rodríguez, para declarar en carácter de testigos para los días 28 y 27 de noviembre, respectivamente, pues las mismas habrían tenido intervención en las operaciones de Velázquez Fernández.
En otro momento, la fiscala Cacavelos refirió que el juzgado fijó como fecha para requerimiento conclusivo el 31 de enero de 2024. En ese sentido, aún quedan algunas diligencias que deben realizarse y otras que están pendientes de concretarse, pero siguen retrasándose por las insistentes chicanas presentadas.
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Chicanas sin freno desde la clandestinidad
En solo cuatro meses de iniciado el proceso, Blas Velázquez ya acción en seis ocasiones. Así, el 7 de agosto pasado planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio; luego, el 30 de agosto volvió a presentar una reposición contra una providencia del juez Humberto Otazú emanada el 24 de agosto.
Después de esos dos recursos, su defensa planteó un recurso de apelación general el 5 de setiembre, y más adelante su abogado Robertí Ariel Cardozo presentó el 21 de setiembre otro escrito de apelación general contra el AI N° 225 del juez Humberto Otazú, en el cual rechazaba el recurso de reposición planteado contra la providencia del 24 de agosto, que admitía la imputación.
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Posteriormente, formuló recurso de reposición contra la providencia del 30 de octubre y después de ello, planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), evitando de esta forma que se llegue a sustanciar la audiencia de imposición de medidas para el incoado Velázquez Fernández.
A todo esto se suma que, una denuncia que realizó Velázquez ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, por la orden de detención librada en su contra. Además, el exsíndico de Quiebras también recusó en cinco ocasiones a la fiscala Natalia Cacavelos, que fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en cada una de ellas y, cada una fue blanco de impugnaciones nuevamente por los abogados de Velázquez. La causa volvió después de un mes a la unidad de Cacavelos, tras la última recusación.
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Intentó vender dos veces un mismo inmueble
La imputación fiscal resalta que Blas Velázquez, en su carácter de síndico de Quiebras de la Capital, asignado al proceso judicial caratulado “Banco Central del Paraguay c/ Banco Paraguayo Oriental S.I.F.E.C.A. s/ Declaración de Quiebra”, habría solicitado al Juzgado en lo Civil y Comercial del 5° Turno de la Capital, la autorización para proceder a la venta privada de la Finca 12.096 a favor del Sr. Edgar Ramón Larramendia Vera.
Sin embargo, el inmueble ya habría sido objeto de una venta privada anterior en fecha 29 de mayo de 2009, con intervención del agente síndico Juan Alberto Figueredo, de acuerdo al relato del Ministerio Público.
Blas Velázquez, teniendo conocimiento de que la finca ya habría sido objeto de venta anterior por el doble del precio, habría omitido la existencia de dicha operación, procediendo así a una nueva venta, por el 50% menos del valor pagado por el primer comprador.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta que el monto de la primera venta (G. 71.000.000) ya habría sido abonado en su totalidad y la suma habría ingresado a los activos de la masa concursal, el síndico habría dispuesto el desembolso del monto abonado por los primeros compradores, presuntamente extrayendo así del activo de la fallida la suma de G. 71 millones.
La fiscalía resalta que la conducta atribuida a Blas Velázquez habría producido un perjuicio patrimonial a la masa del Banco Paraguayo Oriental, declarado en quiebra, que ascendería a la suma de G. 900.000.000, aproximadamente.
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Denuncia contra Blas Manuel Velázquez por despojo
Entre 2020 y 2021, en el peor momento de la crisis económica y sanitaria por la pandemia de Covid 19, Blas Velázquez se vio envuelto en denuncias de aparentes despojos de cientos de lotes ubicados en una de las zonas más deseadas de San Bernardino.
A precio regalado, Eduardo Heisecke Mazó y su esposa, Ingrid Carolina Schauman, consiguieron hacerse con 140 lotes en la cotizada zona de Ciervo Cua, en las afueras de San Bernardino.
Apenas G. 480 millones es lo que debía pagar la firma Carwa SA, propiedad de ambos, para hacerse con al menos unos 50.000 metros cuadrados. Supuestamente fue en el marco de la quiebra de una inmobiliaria, pero muchos de esos lotes ya estaban pagados hace años.
Heisecke Mazó es socio comercial de Juan Carlos López Moreira, gerente del grupo Cartes y exjefe de Gabinete Civil del expresidente Horacio Cartes, en Royal Seguros SA y otras varias empresas. Schauman, por su parte, es la escribana que durante años realizó la tramitación de varios de los documentos del exsenador colorado cartista Óscar González Daher (+).
El proceso fue avalado precisamente por la esposa del exsenador cartista, la escribana Nélida Chaves.
El proceso de quiebra de la inmobiliaria que terminó en la entrega de los inmuebles a Heisecke Mazó fue supervisado por el entonces síndico de quiebras Blas Velázquez, esposo de la jueza Clara Raquel Isasi.
Síndico no confirmado en el cargo
El 21 de setiembre de 2021, la Corte Había comunicado al Consejo de la Magistratura, el vencimiento de mandato del entonces síndico de quiebras Blas Manuel Velázquez.
En su sesión del 14 de diciembre de 2022 el pleno de la Corte Suprema de Justicia ya no confirmó en el cargo a Blas Velázquez como síndico de Quiebras, cargo que ocupaba desde el año 2016, y designó en su reemplazo al Abog. Marcial Otilio Paredes Basualdo.
La decisión de no confirmar en el cargo a Velázquez se dio tras la publicación de nuestro diario sobre los escándalos que salpican al exministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, sobre todo referente a los millonarios despojos de inmuebles que el clan Fretes realizaba en connivencia con el entonces síndico de quiebras.