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De las muchas reculadas que tuvo el gobierno, una de las más importantes fue el veto al proyecto de ley con el que Basilio “Bachi” Núñez, en complicidad de legisladores colorados, buscó desafectar 131 hectáreas de la finca 916, perteneciente al Ministerio de Defensa, a favor de la Municipalidad de Villa Hayes para que sea transferida a título oneroso a favor de sus ocupantes.
Así inició el intento de despojo de tierras
El plan inició cuando Basilio “Bachi” Núñez y Edwin Reimer, cuando eso, ambos diputados colorados cartistas, presentaron en el 2022 dos proyectos de ley para desafectar a favor de la Municipalidad de Villa Hayes 131 hectáreas pertenecientes al Ministerio de Defensa en Remansito.
El 3 de junio de 2022 fue presentado el primer proyecto para beneficiar a un grupo de personas que fue presentado por el mismo Núñez como familias productoras que serían beneficiadas con más de 16 hectáreas de la finca 916. Se trata del grupo que ostentaba lujosas mansiones, vehículos de alta gama y hasta muelles y yates, conocidos como “ocupantes VIP”.
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El otro proyecto fue presentado el 17 de junio de 2022, en el que se solicitó la desafectación de otras 121 hectáreas de la finca 916, de una superficie contigua a las solicitadas con anterioridad, según los documentos.
Ambas iniciativas se unificaron en una, sumando así 127 hectáreas en total; sin embargo, en la ley unificada figuran 131 hectáreas, una diferencia de 4 hectáreas con el proyecto original. De todas maneras, el proyecto fue aprobado en Diputados y pasó al Senado.
“Bachi” maniobró para sanción ficta del despojo
Ya con un nuevo periodo legislativo y apenas pasaron poco más de diez días de la asunción del nuevo gobierno de Santiago Peña, en una maniobra, Basilio “Bachi” Núñez, junto a sus colegas colorados, dejaron sin quorum la sesión en la que debían tratar el proyecto de despojo de tierras.
El resultado fue la aprobación del proyecto sin interferencias u objeciones, ya que el mismo tenía sanción ficta y al no ser tratado, el mismo no se evidenciaría, sin embargo, opositores denunciaron el intento de despojo.
“Esa empresa ya está ofertando ocho hectáreas de esa propiedad por 1.600.000 dólares que todavía no tiene, y él dice que está en trámite en la Municipalidad de Villa Hayes. Le vamos a vender, como es costumbre de intendentes de Villa Hayes, por G. 20 millones y luego cobrar ellos 1.500.000 dólares. Esta ley tiene que decir a precio de mercado”, denunció la senadora liberal Celeste Amarilla en aquella ocasión.
Además, el proyecto se habría dado a conocer luego de que la senadora denunció que el director de la comisión de Asuntos Departamentales no quiso proveer el listado de los ocupantes y reveló que el senador Núñez retuvo al funcionario y le prohibió facilitar el listado.
Santiago Peña anunció veto del despojo
Luego de que el caso genere revuelo por la indignación que causaba la intención de desafectar un inmueble público a favor de supuestos sintierras que ostentaban lujosas mansiones y vehículos de alto valor, el mismo presidente de la República, Santiago Peña, anunció el veto al proyecto, además de la apertura por parte de las instituciones correspondientes de intervención del caso.
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Así fue como la Procuraduría General de la República (PGR) inició el proceso judicial para recuperar las tierras y expulsar a los ocupantes, a quienes incluso intimó de entregar las llaves y sacar sus pertenencias, ya que demolerían las construcciones.
Sepultura del despojo en el archivo del Congreso
El proyecto, pese a las intenciones y el trecho recorrido para que sea aceptada por su principal impulsor, Basilio “Bachi” Núñez, finalmente terminó archivado luego de que la Cámara de Diputados aceptó el veto de la Presidencia de la República por unanimidad.
Al día de hoy, algunas de las lujosas viviendas ya se encuentran totalmente derrumbadas en un trabajo realizado por la Procuraduría General de la República, quien hasta ahora insta a que los ocupantes VIP que hasta ahora no entregaron sus llaves lo hagan, si no deberán pagar los costos de demolición.
Según explicó el procurador general de la República, Marco Aurelio González, hasta ahora de 17 ocupantes vip de la finca 916 del Ministerio de Defensa, seis ya entregaron sus casas, quedando 11 ocupantes que se decidirían por litigar con el Estado.
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