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Uno de los casos puntuales de mayor impacto en la ciudadanía durante los primeros tres meses de gobierno del presidente Santiago Peña fue una denuncia de supuesta tortura y abuso sexual realizada por una persona que fue internada en el Hospital Psiquiátrico del Ministerio de Salud Pública, que disparó una serie de denuncias de maltratos y puso en relieve las condiciones en el principal centro de atención psiquiátrica del país.
El 18 de septiembre trascendió en redes sociales una denuncia realizada por una persona que dijo haber sido sometida a abuso sexual y otros tipos de tortura durante su internación en el Psiquiátrico en 2021, dando inicio a la primera crisis real en la administración de la nueva ministra de Salud, María Teresa Barán, quien había asumido el cargo poco más de un mes antes.
La primera denuncia dio lugar a varias otras afirmaciones similares en redes sociales y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura resaltó un informe que elaboró en enero de este año, que señalaba que el principal centro de referencia de atención a la salud mental en el país operaba como un “hospital cárcel”, restringiendo la comunicación de los pacientes y recluyendo a algunos de ellos en “celdas de contención” sin baños, además de presentar muy malas condiciones sanitarias, alimentarias y ambientales.
Funcionario corroboró denuncias de maltrato
Desde el anonimato, un funcionario del Hospital Psiquiátrico dijo a ABC Color que muchos profesionales de la salud que trabajan en ese sitio no están capacitados para la atención a pacientes con trastornos mentales y corroboró las denuncias de maltratos.
Afirmó que es “normal” que en el hospital mueran uno o dos pacientes por mes debido a la deficiente atención y la falta de recursos.
Voces de la ciudadanía en general y la oposición en el Congreso llamaron al Gobierno a actuar ante el estado de “olvido” en que operaba el hospital y a poner más esfuerzos en mejorar la atención a la salud mental en general en el país.
Barán pidió no “estigmatizar”
La ministra Barán admitió que el Psiquiátrico se convirtió en una especie de “depósito” en el que pacientes abandonados por sus familias viven, algunos desde hace 15 años -lo que resultó en una condena internacional contra Paraguay-, aunque pidió no “estigmatizar” al hospital, afirmando que entre sus funcionarios hay personas “maravillosas”.
Prometió sanciones en caso de comprobarse los hechos denunciados y apoyo a investigaciones del Ministerio Público.
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En el marco del escándalo renunció como director del Hospital Psiquiátrico el doctor Aldo Castiglioni, quien fue reemplazado por Luis Taboada.
En octubre, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura denunció que, según un análisis realizado en agosto, poco antes de que estallara el escándalo, se comprobó que el Hospital Psiquiátrico mantenía un “modelo manicomial” de atención, incluyendo la aplicación de terapias de “electroshock” a adolescentes inmediatamente luego de su ingreso, cuando la recomendación es que ese tipo de terapia invasiva se aplique solo como un último recurso.
Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación de oficio en relación a supuestos hechos de tortura y abusos ocurridos en el hospital. Dicha investigación sigue en curso y está cargo de la fiscala Sussy Riquelme.
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