Perjuicio de G. 4.100 millones al Ministerio de Salud queda en el “oparei”

El proceso penal por la compra innecesaria de medicamentos para pacientes con cáncer que causó un perjuicio de poco más de G. 4.100 millones al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social quedó impune debido a la prescripción de la causa. Los acusados por el millonario daño patrimonial fueron blanqueados gracias a las numerosas chicanas que plantearon sus defensas, además de la desidia de fiscales y jueces.

Flores de corruptos adornaron hoy el frente del Palacio de Justicia, en Asunción.
Manifestación contra la corrupción y la impunidad frente al Palacio de Justicia de Asunción. ArchivoCarlos Ortega

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El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Juan Carlos Zárate Pastor e integrado por Federico Rojas y Héctor Capurro declaró operada la prescripción, extinguió la causa penal y sobreseyó definitivamente a José María Ruiz Díaz Benítez, exdirector general de Gestión de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud, y al abogado Federico Fabián Gill Ramírez, exdirector de la mencionada secretaría de Estado que había sufrido un perjuicio de G. 4.131.228.000 con la compra innecesaria de medicamentos oncológicos.

Teniendo en cuenta que la presente causa penal fue elevada a juicio oral y público el 13 de junio de 2017, en el caso de Díaz Benítez la prescripción operó el 13 de junio de 2022; mientras que respecto a Gill Ramírez el Colegiado de Sentencia señala que el auto de apertura a juicio oral es del 29 de junio de 2017, por lo que la prescripción operó el 29 de junio de 2022.

La resolución del Colegiado de Sentencia se dio mediante el Auto Interlocutorio N° 785 dictado el 23 de octubre de 2023, luego de las audiencias realizadas en los días 16 y 23 del mes pasado; en las que las defensas plantearon, en la etapa incidental del tercer juicio oral por el presente caso, la prescripción simple de la causa penal por haber transcurrido más de 5 años después de la última interrupción del proceso.

Al contestar el incidente de las defensas el Ministerio Público solicitó el rechazo, argumentando que la causa no prescribió, ya que “no se puede computar los cinco años corridos con la cantidad de suspensiones que ha tenido y la cantidad de dilaciones que deben ser descontadas en tiempo”. Sin embargo una vez que el Colegido de Sentencia declaró operada la prescripción de la causa, la fiscalía no planteó recurso de reposición.

Cámara anuló condena y absolución de acusados

La presente causa penal inició en mayo de año 2013 con la imputación presentada por la fiscal Fátima Capurro, por el supuesto hecho punible de lesión de confianza. En marzo de 2014 se presentó la acusación, por parte del entonces agente fiscal José Dos Santos, en contra de José María Ruiz Díaz Benítez y Federico Fabián Gill Ramírez.

El primer juicio oral que afrontaron los funcionarios de Salud Pública finalizó en noviembre de 2015 y el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Manuel Aguirre, como presidente; Liza Battilana y Lourdes Peña resolvió condenar a ambos acusados por el hecho punible de lesión de confianza.

Las defensas apelaron el fallo de primera instancia y el 1 de diciembre del año 2016 a través del Acuerdo y Sentencia N° 69 el Tribunal de Apelación Penal resolvió anular la condena y ordenó el reenvío de la causa para un nuevo juicio oral, a cargo de otro Tribunal de Sentencia.

El segundo juicio oral finalizó el 20 de agosto de 2018 con la absolución de culpa y reproche de Díaz Benítez, Gill Ramírez y otros dos acusados de lesión de confianza, teniendo en cuenta que la causa inicial se había acumulado con otro proceso iniciado a raíz del mismo hecho. Este segundo fallo de primera instancia fue apelada por el fiscal Luis Piñánez, la Cámara de Apelaciones anuló la absolución y ordenó un tercer juicio oral.

Acusación fiscal por perjuicio de G. 4.100 millones

Según la acusación del entonces fiscal José Dos Santos, el exdirector General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud y el exadministrador del Ministerio de Salud Pública adquirieron medicamentos para enfermos de cáncer de Distribuidora La Policlínica SA, que vencieron en los depósitos de la cartera estatal, debido a que la compra no era necesaria.

Esta situación ocasionó un perjuicio de G. 4.131.228.000 al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público.

En la acusación el fiscal del caso había señalado que el monto total del contrato con la empresa fue de G. 8.262.456.000. El primer lote entregado lo que se uso y el según ya no se tenía que adquirir.

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