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“En Paraguay, las cifras de violencia contra periodistas y trabajadores/as de prensa nos ubican como uno de los países más peligrosos de la región para la labor periodística”, reza parte del comunicado de la Mesa para la Seguridad de Periodistas con motivo de conmemorarse hoy el Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
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Para esta instancia que nuclea tanto a gremios periodísticos como a entes del Estado que monitorean casos de amenazas a la seguridad de periodistas, “la presencia y poder del crimen organizado en zonas del país, principalmente en las regiones fronterizas, son componente principal y las causas más frecuente de los ataques, amenazas y hasta muertes sufridas por comunicadores y comunicadoras en Paraguay”.
Cifras alarmantes
En ese sentido la cifras dan cuenta de que nuestro país se encuentra en el puesto número cuatro en el Índice Global del Crimen Organizado, entre 35 países americanos según datos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
“Por ello mismo, se precisa avanzar decididamente en una voluntad política sostenida para fortalecer las instituciones y combatir este flagelo y las mafias imperantes”, añade el pronunciamiento de la Mesa para la Seguridad de Periodistas.
De acuerdo al Observatorio de Violencia contra Periodistas en Paraguay, en este año 2023, se ha registrado un nuevo asesinato de un trabajador de prensa. Alexander Álvarez, periodista de Radio Urundey FM, fue ultimado por sicarios el día 14 de febrero en Pedro Juan Caballero. Con él suman 21 casos de periodistas asesinados en los últimos 32 años. También este año se han registrado múltiples amenazas, ataques y agresiones, así como hostigamientos judiciales y otros contra exponentes del ejercicio periodístico.
En otro grave caso, un colega, Vicente Godoy, comunicador de Horqueta, amenazado en su seguridad, se vio obligado a huir del país y solicitar asilo en el extranjero. También alarma que las formas de intimidar a los periodistas y a representantes de empresas periodísticas han migrado a otros ámbitos, generando lo que se conoce como “garrote judicial” como mecanismo de presión e intimidación.
Respecto a los 21 asesinatos de periodistas en el Paraguay, solo uno ha sido abordado judicialmente y ha logrado la condena del mandante de la muerte de Pablo Medina Velázquez asesinado hace nueve años por orden de Neneco Acosta. Por otro lado, por el caso de Santiago Leguizamón, asesinado en el año 1991, el Estado paraguayo tiene una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Entre una de las exigencias de esta instancia está la obligación de tener una Ley de Protección para Periodistas, hecho del cual algunas organizaciones quieren tomar partido presentando un proyecto que incluya a los defensores de DD.HH. en la legislación.
Situación en nuestro país
Desde 1991, en Paraguay fueron asesinados 21 periodistas. Se registraron alrededor de 700 casos de agresiones, amenazas, ataques y otras formas de violencia contra comunicadores/as sociales.
Alrededor del 90% de los crímenes ocurridos se mantiene en la impunidad. En el Poder Legislativo se halla en discusión un proyecto de ley que apunta a garantizar el ejercicio del periodismo con seguridad.
Urge que el estudio avance y se cuente con una ley sobre el tema. Uno de los cuestionamientos es que el proyecto de ley agrega a los defensores de DD.HH. y algunos sectores cuestionan que se quiera abordar de la misma manera dos trabajos de naturaleza distinta. Por otra parte no han participado en el debate todos los actores ya que no se ha tenido en cuenta a las empresas periodísticas y a los periodistas en ejercicio.