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El pasado 16 de octubre, Myriam Cohene, coordinadora general de Servicios Generales y Mantenimiento del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), denunció a través de sus redes sociales el amedrentamiento realizado hacia su persona por funcionarios del hospital público.
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Según sus declaraciones, estaba siendo constantemente hostigada por miembros de la asociación de funcionarios que solicitaron un área recreativa tipo “club social” en el predio del Incan. El pedido incluía una cancha de fútbol, una cancha de vóley de playa, un parque de juegos completo para niños, caminero, fuente de agua y un salón social para reuniones y acontecimientos.
Pese a que la solicitud de habilitar un espacio recreativo fue rechazada por las autoridades del Incan, tras la polémica que generó y recibir el rotundo rechazo de los pacientes oncológicos, según la arquitecta Cohene, el hostigamiento en su contra persiste. Según dijo, incluso sustrajeron documentos de su oficina.
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“Llevaron documentos de mi oficina, me rayaron el vehículo y ejercen constante presión. Me sugirieron que trabaje con ellos y les dije que no, que no estoy de acuerdo, que no quería estar involucrada en hacer un club social dentro de lo que es el predio (del Incan) mientras los pacientes se están muriendo”, contó la arquitecta.
Arquitecta presentó denuncia contra funcionarios del Incan
Representada por el abogado David Romero, la arquitecta del Incan solicitó una medida de protección contra tres funcionarios del hospital dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).
Según el documento, firmado por el juez de paz de Capiatá, Blas Figueredo, los funcionarios del Incan Raúl Torres, Edgar Sánchez e Isabel Rojas tienen prohibido directa o indirectamente realizar actos de persecución, intimidación o acoso contra Cohene o integrantes de su familia.
La afectada espera que con esta medida, el hostigamiento cese y que las autoridades del Incan tomen medidas en el asunto, indicó.