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A través del AI N° 497, el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás rechazó el pedido de la defensa del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, ejercida por los abogados Gustavo González Planás, Rodrigo González Planás y Rodrigo González Masulli, para la realización de una nueva pericia contable.
Los abogados defensores de Joaquín Roa señalaron que el 19 de octubre pasado habían solicitado al juez que ordene al fiscal de la causa Silvio Corbeta, en atención a que el fiscal les había manifestado que la pericia sería diligenciada solo por parte de la defensa, ya que para la Fiscalía era innecesaria en relación a la hipótesis investigativa que sostiene en el caso.
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Añadieron los defensores de Roa que el fiscal no notificó a la defensa del coimputado en la causa, Alberto Koube Ayala, sobre la realización de la pericia, ni se ha designado un perito por el Ministerio Público, por lo que “consideramos que esta conducta del fiscal viola las disposiciones sobre la prueba pericial”.
El exministro de la SEN Joaquín Roa fue imputado por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, así también el empresario Alberto Koube Ayala, por soborno agravado y lavado de dinero, por los fiscales Silvio Corbeta y Osmar Legal. Actualmente, la Fiscalía tiene 6 meses más para culminar la pesquisa que derivó del caso A Ultranza.
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Fiscal sostiene que cumplió con pedido de la defensa
Sobre el pedido de la defensa, el juez Delmás corrió traslado al fiscal Silvio Corbeta y este respondió que “se ha dado cumplimiento a la diligencia solicitada por la defensa del procesado Joaquín Roa, consistente en la realización de una pericia contable ordenada por Resolución Fiscal N° 7 del 28 de setiembre de 2023″.
Añadió el agente fiscal que ambas defensas, es decir las de Joaquín Roa y Alberto Koube, fueron notificadas de la citada resolucion que dispone la realización de la pericia contable, que fuera requerida por los abogados de Roa, a los efectos de darles oportunidad a las partes de proponer sus peritos y puntos de pericia si así lo consideran conveniente.
De igual forma, señaló el representante del Ministerio Público que ya dio cumplimiento al pedido al remitir solicitudes de informes para ser tenidos en cuenta por el perito para la evacuación de la pericia contable consistentes en informes de la Municipalidad de Fernando de la Mora, Caacupé, Aduanas, INC, entre otros.
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Defensa pretende que juez se inmiscuya en investigación, según magistrado
Al momento de su análisis, el juez José Delmás advirtió a la defensa de Joaquín Roa: “Estamos en un sistema garantista, en donde los roles están claramente definidos y establece que la función del agente fiscal como el director de la presente investigación quien dirige la investigación y se aboca a realizar las diligencias pertinentes para la obtención de pruebas a fin de llegar a la verdad real”.
Añadió señalando que al juez de garantías, en ese sentido, le corresponde solo la función de controlar dentro del proceso y no está en sus funciones dirigir la pesquisa del fiscal. “La defensa tecnica pretende con su solicitud que el juez se inmiscuya en las diligencias investigativas y se extralimite en sus funciones”, expresó en una parte de su resolución.
Resaltó Delmás que “obligar al agente fiscal, quien ya ha manifestado en su contestación pertinente que el mismo ya ha realizado los actos investigativos, tenemos que hacer lugar a las pretensiones de la defensa técnica se traduciría en volver al sistema inquisidor el cual está desfasado en la actualidad”.
A todo esto, sumó que el fiscal ya realizó la pericia que el mismo creyó conveniente, “por lo que la defensa, en caso de considerar necesario puede proponer sus peritos, puntos de pericia y realizar aquellas diligencias que hacen al ejercicio de la defensa y utilizar los resortes legales para incluir al presente proceso”.
Diligencias pendientes en la causa de Joaquín Roa y Alberto Koube
Sin embargo, ante la proximidad de la fecha inicialmente establecida para la presentación del requerimiento conclusivo -el 26 de octubre- aún se encuentran pendientes de realización varias diligencias de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos investigados.
“Debido a la complejidad del hecho investigado, de los informes recabados surgieron otros hechos que deben ser corroborados con declaraciones testificales, informes y la solicitud de la cooperación internacional hasta la fecha no han podido agotar todas las diligencias necesarias para formar el convencimiento necesario para la formular requerimiento conclusivo, explicó el fiscal Corbeta.
“Teniendo en cuenta que el requerimiento obedece a actos investigativos propuestos por el Ministerio Público en los que se advierte su excepcional complejidad, corresponde ampliar el plazo de la investigación por el tiempo referido”, resolvieron por unanimidad los miembros del Tribunal, que establecieron como nueva fecha para la presentación del requerimiento conclusivo el 26 de abril del 2024.
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Megaoperativo contra el narcotráfico A Ultranza
La causa penal en contra de Roa tuvo su origen en allanamientos que resultaron en la inmovilización de una embarcación denominada Antares, que estaba a nombre de la empresa Tapyracuai SA, representada por el empresario Alberto Koube Ayala, acusado en el marco de la causa abierta a partir del megaoperativo antinarcotráfico “A Ultranza Py”.
Ante el escándalo, Roa renunció a su cargo de ministro y el pasado 26 de abril fue imputado con base en elementos que probarían que, durante su paso por la función pública, habría recibido beneficios indebidos por parte de Koube, con quien mantendría una relación de amistad, a cambio de adjudicar licitaciones públicas a favor del empresario.
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Roa intentó justificar la compra de la embarcación -cuyo valor estimó en US$ 450.000 (más de G. 3.200 millones al cambio actual)- presentando un contrato privado sin certificación de firma. Los investigadores cuentan también con un cheque del banco Basa por US$ 150.000, pero los investigadores presumen que es una simulación de pago.
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Roa, quien se encontraba en prisión desde el 5 de mayo último, fue beneficiado con la revisión de medidas el 11 de agosto pasado por disposición del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, en mayoría.