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En comunicación con ABC Cardinal este martes, Marco Aurelio González, procurador general de la República, comentó que el Estado paraguayo solicitará que las personas que aún no entregaron la posesión de los terrenos de la “Finca 916″ de Villa Hayes que ocupan ilegalmente abandonen el sitio y que demuelan “todo lo edificado”.
La orden es que los ocupantes ilegales de una fracción de 131 hectáreas de tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional, entre los que figuran empresarios y personas vinculadas a la política, restituyan las tierras “en el estado anterior a la invasión” y que indemnicen al Estado paraguayo en caso de que la demolición de edificaciones “ocasione un daño o perjuicio” a las tierras.
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El procurador indicó que la acción civil para tal efecto será presentada hoy o mañana.
Un total de 18 personas ocupaban ilegalmente terrenos en la “Finca 916″, que se convirtió en un foco de controversia cuando el Congreso aprobó un proyecto de ley para desafectar las tierras ocupadas, despojándolas al Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad de Villa Hayes para su transferencia a los ocupantes, en lo que se interpretó como un intento de “blanquear” la ocupación ilegal de las mismas.
Ante la presión por el escándalo, el presidente Santiago Peña se vio obligado a vetar el proyecto de ley aprobado por el Congreso.
Seis ocupantes han entregado las llaves
Hasta el momento, solo seis de los ocupantes ilegales de la finca han entregado las llaves de sus edificaciones al Estado.
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El ex intendente colorado cartista de Villa Hayes Ricardo Núñez, hermano del senador Basilio Núñez -quien impulsó el mencionado proyecto de ley de despojo de las tierras del Ministerio de Defensa- vendió en 2015 lotes ubicados dentro de la “Finca 916″, presentándolos como tierras municipales.
El lunes, el Ministerio Público allanó la Municipalidad de Villa Hayes en el marco de una investigación sobre la ocupación ilegal de las 131 hectáreas.