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Si José Peirano Basso sorprendió a todos cuando en el 2002 se fugó del país con su hermano Juan, dejando a la deriva a unos 36.000 ahorristas del Banco Alemán y otras empresas que el Grupo Velox tenía en el país, sin dudas la salida procesal que logró en su proceso impactó aún más.
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En la causa que el Ministerio Público estimó en su momento el perjuicio al banco en US$ 27 millones, Peirano fue condenado por el juez penal de garantías Raúl Florentín a 2 años de pena privativa de libertad, con suspensión de su ejecución. A cambio, el banquero deberá donar G. 250 millones en cuotas a entidades de beneficencia, para lo cual cuenta con un plazo de 2 años.
Una de las personas sorprendidas con la sentencia es el exfiscal de delitos económicos y exministro anticorrupción René Fernández, quien calificó de “irrisoria” la pena establecida.
Fernández, quien desde el Ministerio Público impulsó el juicio para recuperar US$ 4.815.792 desviados (parte de los bienes prendados ilegalmente por los Peirano en el exterior), explicó que la expectativa de pena podía llegar a 15 años de cárcel.
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“Si hay concurso real e ideal... la acusación de la fiscalía era lesión de confianza agravada, que tiene una pena de hasta 10 años, más los concursos el marco podía llegar a 15 años. Claramente la pena es irrisoria”, afirmó.
En ese sentido, Fernández explicó que si bien la salida aplicada, desde un punto de vista formal, se ajusta a la legalidad, no se pudo desconocer el impacto que los delitos cometidos causaron al sistema financiero.
“La hipótesis del caso, sostenida y demostrada en juicio, ha sido que los principales accionistas, entre ellos el hoy condenado, fueron quienes han tenido una participación principal en los hechos investigados. En consecuencia, la aplicación de una salida alternativa al juicio oral aparece como una consecuencia exigua y desproporcionada con la magnitud del perjuicio material e inmaterial producido por el hecho”, explicó.
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“Los indicadores previstos en el Código Penal, para la ponderación de la pena justa y útil imponen la consideración global de todas las circunstancias, motivo por el cual discrepo con el quantum de la sanción y demás consecuencias aplicadas en el caso en particular, puesto que aparecen como injustificadamente leves e insuficientes para satisfacer los requerimientos de justicia del Estado paraguayo”, aseveró.
Lo cierto y lo concreto es que por más extensas y engorrosas que sean las explicaciones acerca de la legalidad de la sentencia que cierra este capítulo del “caso Peirano”, no podrán quitar el amargo sabor que deja esta decisión de la justicia paraguaya, de implacable rigurosidad con ladrones de champú, pomelos y un sinfín de delitos bagatelarios.
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Intervención del Estado
René Fernández, exfiscal de delitos económicos: “Los hechos constatados en sendas sentencias condenatorias hacen referencia a conductas que impactaron al orden económico y financiero de nuestro país (en forma global), puesto que afectaron no solamente los intereses patrimoniales en concreto de la entidad bancaria y sus ahorristas, sino que el sistema financiero nacional se vio compelido a disparar múltiples mecanismos de mitigación de la crisis bancaria para evitar el efecto contagio a otras entidades y preservar la salud y equilibrio del ecosistema. Dicho esfuerzo estatal requirió la intervención interinstitucional del Estado Paraguayo, que comprende instituciones desde el Banco Central del Paraguay, Superintendencia de Bancos, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Cancillería Nacional, Procuraduría General de la República, entre otros.
Sentencias a los directivos paraguayos
SD N° 279 (4/12/2004)
El Tribunal de Sentencia presidido por María Lourdes Cardozo e integrado con Miguel Said y Gustavo Santander condenó a Fernando Sorrentino, exgerente general de la entidad, a 4 años y 6 meses de cárcel; a Francisco Peterlik, exdirector de planificaciones, a 4 años, y Ricardo Castillo, exvicepresidente, a 3 años y 6 meses por lesión de confianza, estafa y declaración falsa.
A y S N° 50 (5/9/2005)
El Tribunal de Apelación penal, 3ª sala, en mayoría (Natividad Meza y Luis María Benítez Riera) elevaron las penas, con el voto en disidencia del tercer miembro (Arnulfo Arias) quien votó por ratificar el fallo.
La Cámara estableció las siguientes penas: 6 años y 6 meses para Sorrentino; 6 años para Peterlik y 5 años para Castillo.
A y S N° 1.247 (27/12/2005)
La ministra Alicia Pucheta vota por la ratificación del fallo de primera instancia, pero los ministros Sindulfo Blanco y Wildo Rienzi la modifican de la siguiente manera:
- Confirmar la condena a Fernando Sorrentino por lesión de confianza (por la operación simulada de divisas) y a Peterlik por declaración falsa (presentar balances con datos falsos) y reducir a 2 años sus penas. Asimismo, la Corte en mayoría resolvió absolver a Ricardo Castillo.
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Preliminar en el caso Banalemán, pendiente
El 28 de mayo pasado, José Peirano Basso llegó a nuestro país extraditado desde Uruguay para afrontar las dos causas penales que tiene en nuestro país tras la caída del Banco Alemán. El extranjero estuvo preso en la Agrupación Especializada hasta el 22 de junio, cuando obtuvo arresto domiciliario.
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Con la conclusión del caso del Banco Alemán -consentida por los fiscales Néstor Coronel y Francisco Cabrera- solo queda la causa abierta por el caso “Fondos Mutuos Banalemán”, donde el Ministerio Público afirma que hubo un perjuicio de US$ 13.640.091,14.
En esta causa, a cargo de la jueza Clara Ruiz Díaz, el fiscal Silvio Corbeta , de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) presentó acusación y está pendiente la audiencia preliminar.
El 23 de junio del 2002 el Banco Central del Paraguay intervino el Alemán Tras la fuga de sus principales directivos (Juan y José Peirano Basso), quedó al descubierto una cadena de fraudes, desvíos de capitales y otras maniobras ilegales con dinero de los depositantes, que afectó a Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y el sur de Brasil, zona donde operaba el Grupo Velox.
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La prenda de fondos del Alemán en el exterior para auxiliar a empresas vinculadas, operaciones simuladas para desviar fondos, son algunas de las irregularidades constatadas.