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En conversación con medios de comunicación este lunes, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez (ANR), habló de la denuncia hecha por concejales municipales de la capital sobre la supuesta situación irregular de un astillero ubicado en la Bahía de Asunción.
El astillero La Madrid, propiedad de la empresa Dreamers SA, está ubicado en un terreno municipal que forma parte del banco San Miguel, junto a la Costanera Norte. El intendente envió a la Junta Municipal un pedido para otorgarle un arrendamiento del sitio, pero concejales alegan que la empresa ocupa irregularmente el sitio desde hace varios años.
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El intendente Rodríguez afirmó que la Intendencia está realizando el relevamiento de datos de catastro necesario para “intervenir de una u otra forma” y dijo que “vamos a ver la salida que convenga al municipio”, señalando al mismo tiempo que algunos de los astilleros en la zona están ubicados allí desde hace 15 ó 30 años.
Se declaró sorprendido de que medios de comunicación hayan informado “que los concejales solicitaban informes (a la Intendencia) y no se les acercaba”, afirmando que “personalmente estoy conversando con los concejales” sobre el tema.
Las supuestas irregularidades
Dreamers SA afirma que el astillero La Madrid está ubicado en el sitio desde 2014. Sin embargo, el concejal Humberto Blasco (PLRA) indicó que esa zona de la Costanera Norte aún no estaba terminada ese año, por lo que es imposible que el astillero haya estado asentado allí ese año.
Si la firma efectivamente está desde el 2014 en el sitio, eso significa que no ha pagado por el uso de suelo desde hace nueve años a la Municipalidad.
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El concejal Álvaro Grau (Patria Querida), por su parte, indicó que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa no tiene validez porque está sujeto a la aprobación municipal, que no tiene.
Además, comentó que la patente comercial presentada con el nombre de Dreamers SA es de un comercio con dirección sobre la avenida Carlos A. López, que no tiene relación con la reparación, limpieza y compañía de barcazas.
En 2018, el Departamento de Fiscalización Tributaria de la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Asunción intervino el astillero luego de investigaciones que confirmaron que el establecimiento no contaba con habilitación ni patente municipal para ejercer actividad comercial.