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El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Delmás elevó a juicio oral y público la causa que afronta la exfiscala Ana Girala, acusada de presunto cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, asociación criminal y persecución a inocentes, tras admitir la acusación presentada por los fiscales Osmar Legal y Francisco Cabrera.
También van a juicio oral la asistente de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, Christi Magalí Ortega Domínguez, y la secretaria de dicha unidad fiscal, Griselda Beatriz Acha Alcaraz. Ambas están acusadas como coautoras y cómplices de los hechos punibles atribuidos a Girala.
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Delmás resolvió que también sean juzgadas las abogadas Liz Elena Martínez Robles, presunta autora de extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal; y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, sindicada por el Ministerio Público como supuesta autora del hecho punible de tráfico de influencias.
Por otro lado, el magistrado dispuso además el levantamiento de todas las medidas cautelares dispuestas contra los acusados, en atención a una solicitud realizada por los fiscales. Según la explicación de los agentes del Ministerio Público, es para evitar que este periodo en arresto domiciliario sea posteriormente descontado de una eventual pena carcelaria, en caso de condena.
En la audiencia preliminar sustanciada este jueves, las defensas de los cinco acusados plantearon un total de 29 incidentes, entre ellos la nulidad de la acusación fiscal, inclusión y exclusión probatoria. El magistrado rechazó los incidentes de nulidad e hizo lugar a la inclusión de varias pruebas ofrecidas.
Abogado convocado por abandono de defensa
En el caso del Abg. Marcos Aurelio Velazco Mendoza, acusado por los presuntos hechos de soborno agravado, tráfico de influencias y asociación criminal; no se pudo sustanciar la audiencia preliminar debido a que el Abg. Rubén Darío Centurión renunció a la defensa y otro profesional solicitar asumir como su representante.
Atendiendo la petición el juez de Garantías José Delmás otorgó intervención al Abg. Luis Orué, como nuevo defensor de Velazco Mendoza, quien debe presentarse en un plazo máximo de 24 horas ante el juzgado para retirar copias de expediente, a fin de preparar su estrategia de defensa.
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Respecto al Abg. Rubén Darío Centurión, el magistrado a cargo de la causa resolvió convocarlo para este viernes 20 de octubre, a las 8:30, a los efectos establecidos en los artículos 112 y 114 del Código Procesal Penal, que hace referencia a la “buena fe” y las “sanciones”.
En cuanto al letrado acusado en la presente causa penal, se deberá fijar una nueva fecha para sustanciar la audiencia preliminar y estudiar el pedido del Ministerio Público, de elevar también a juicio oral su caso.
Ana Girala dirigía esquema de “apriete”, según Fiscalía
El 16 de febrero de este año se realizó una entrega vigilada y fueron fueron aprehendidas la asistente fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín. La investigación permitió identificar como los demás supuestos integrantes del esquema extorsivo a la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez y el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, todos acusados por el Ministerio Público.
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La pericia realizada por el Ministerio Público a los celulares de las sospechadas dejó al descubierto que la fiscala Ana Girala no solamente estaba al tanto de todo, sino que dirigía esas negociaciones, de acuerdo a la acusación presentada por el fiscal Osmar Legal.
Peor aún, quedó al descubierto una verdadera “oficina de recaudación” en plena Fiscalía. “En muchos casos, las funcionarias Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatríz Acha Alcaraz recibieron sumas de dinero en efectivo en la propia secretaría fiscal de la Unidad Penal Nº 1 de San Lorenzo y luego se distribuían el dinero en efectivo e, incluso, realizaban dichas distribuciones a través de transferencias bancarias entre las tres”, resalta la acusación.
“(...) éste no fue el único caso, causa penal, ni la única oportunidad en que las acusadas negociaron “salidas procesales” a cambio de la solicitar y recibir sumas de dinero para repartirse entre ellas”, destaca en su escrito conclusivo el fiscal Legal, quien presentó 28 casos de “aprietes” desde setiembre del año pasado, inclusive.