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La renuncia de la fiscala Ana Girala a su cargo de agente fiscal de Puerto Pinazco fue el primer tema previsto en el orden del día de la sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia de hoy. Sin mayores consideraciones, los ministros procedieron a aceptar la renuncia de Girala López, actualmente suspendida como consecuencia de su procesamiento a partir de una denuncia de “apriete” en una causa tramitada en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo, a su cargo hace algunos años y que desnudó otras irregularidades.
Las demás renuncias aceptadas hoy fueron las de Gladys Beatriz Colmán de López, quien renuncia a su cargo de jueza de paz de Corpus Cristhi, de Canindeyú, para acogerse a la jubilación; y de las defensoras públicas Juana Lorena Aranda Vázquez y Luz Teresita Torres Esquivel, quienes asumirán como integrantes del Tribunal Electoral de Caaguazú y San Pedro y como miembro del Tribunal de Apelación en lo penal de Canindeyú, en ese orden.
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Por otro lado, la Corte designó al juez Jesús Riera Manzoni miembro del Tribunal de Apelación penal de la capital, primera sala, en reemplazo del magistrado Gustavo Ocampos, quien se jubiló.
Preliminar de Ana Girala será este jueves
Para este jueves 19 de octubre, a las 8:00, está prevista la audiencia preliminar de Ana Girala, acusada de supuesto cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, cohecho pasivo, asociación criminal y persecución de inocentes, ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás.
Los otros acusados en la presente causa penal son la asistente de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, Christi Magalí Ortega Domínguez, y la secretaria de dicha unidad fiscal, Griselda Beatriz Acha Alcaraz. Ambas están acusadas como coautoras y cómplices de los hechos punibles atribuidos a Girala.
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El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar Legal también acusó y pide juicio oral para los abogados Liz Elena Martínez Robles, presunta autora de extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal; Marcos Aurelio Velazco Mendoza, por los presuntos hechos de soborno agravado, tráfico de influencias y asociación criminal, y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, como supuesta autora del hecho punible de tráfico de influencias.
Este caso inicio el 16 de febrero de este año, cuando se realizó una entrega vigilada y fueron fueron aprehendidas la asistente fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín.
Ana Girala dirigía esquema de “apriete”, según fiscalía
La investigación fiscal permitió identificar como los demás supuestos integrantes del esquema extorsivo a la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez y el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, todos acusados por el Ministerio Público.
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La pericia realizada por el Ministerio Público a los celulares de las sospechadas dejó al descubierto que la fiscala Ana Girala no solamente estaba al tanto de todo, sino que dirigía esas negociaciones, de acuerdo a la acusación presentada por el fiscal Osmar Legal.
Peor aún, quedó al descubierto una verdadera “oficina de recaudación” en plena Fiscalía. “En muchos casos, las funcionarias Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatríz Acha Alcaraz recibieron sumas de dinero en efectivo en la propia secretaría fiscal de la Unidad Penal Nº 1 de San Lorenzo y luego se distribuían el dinero en efectivo e, incluso, realizaban dichas distribuciones a través de transferencias bancarias entre las tres”, resalta la acusación.
“(...) éste no fue el único caso, causa penal, ni la única oportunidad en que las acusadas negociaron “salidas procesales” a cambio de la solicitar y recibir sumas de dinero para repartirse entre ellas”, destaca en su escrito conclusivo el fiscal Legal, quien presentó 28 casos de “aprietes” desde setiembre del año pasado, inclusive.
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