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Este jueves, agentes del Ministerio Público se encuentran realizando allanamientos simultáneos en el Instituto de Previsión Social. Desde prensa confirmaron que se encuentran trabajando en la Caja Central, recabando documentos en torno al lapidario informe de la Contraloría General de la República.
El director jurídico del IPS, José González, detalló que la investigación es por lesión de confianza y otros, tras las denuncias de senadores, la Contraloría y también del director de la previsional, Jorge Brítez.
Indicó además que la comitiva está integrada por los fiscales Luis Piñánez, Néstor Coronel, Rodrigo Estigarribia y Jorge Arce.
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¿Qué datos busca la Fiscalía?
En ese sentido, recordó que las irregularidades investigadas se habrían registrado el año pasado y a principios de este, durante la gestión de Vicente Bataglia.
El director jurídico señaló que el informe de la Contraloría evidenció un irregular manejo administrativo, con un presunto despilfarro de US$ 158 millones.
Los agentes fiscales solicitaron detalles en torno a obras que habrían sido pagadas pero no ejecutadas, además del pago de proveedores y todo lo relacionado al derroche de combustible en la entidad previsional.
Así también, enumeró una serie de documentos que están siendo solicitados y detalló que los intervinientes van a recorrer las oficinas de los departamentos de Contabilidad, Infraestructura y Recursos Humanos.
Además de la Caja, otro grupo visita el edificio Boquerón, ubicado en Asunción, donde funciona la Dirección de Administración y Logística del IPS, en ese sentido, el fiscal Jorge Arce detalló a ABC que se constituyó para recabar datos específicamente relacionados al presunto derroche de combustible.
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Retrasos para investigar otra denuncia
Por otra parte, aclaró que este operativo no guarda relación con el caso de los equipos abandonados en el Hospital Central. En ese sentido, dijo que presentaron una denuncia, pero la Fiscalía recién designó a un equipo fiscal un mes después.
Detalló que la empresa que abandonó los equipos incluso llegó a enviar un guardia al IPS y entregó una nota intimidatoria para que la gestión acepte las máquinas, pese a las presuntas irregularidades.
Neighpart SA, cuyo representante legal es Claudio Alberto Escobar Brizuela, es la empresa que proveyó los equipos que están siendo investigados.