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El Tribunal de Apelación Penal 2ª Sala de la Capital confirmó a los jueces de Sentencia que tendrán a su cargo el nuevo juzgamiento al ex diputado Tomás Rivas (ANR - abdista), acusado de presunta estafa en el caso de sus “caseros de oro”, del que fue sobreseído definitivamente por un Tribunal de Sentencia el 15 de diciembre de 2021.
El nuevo juzgamiento estará a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza, como presidente; Laura Ocampo y Jesús María Riera, como miembros; y Fabián Antonio Weinsensee como suplente.
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Los magistrados habían presentado impugnación en contra del sorteo que recayó en ellos para integrar el colegiado de Sentencia, sin embargo, los camaristas Cristóbal Sánchez, Delio Vera Navarro y José Agustín Fernández resolvieron no hacer lugar al recurso y confirmó a los jueces para el nuevo juicio oral a Tomás Rivas.
Por Acuerdo y Sentencia N° 284 del 12 de setiembre de 2022 el Tribunal de Apelación Penal 2ª Sala anuló en todas sus parte el A.I. N° 910 del 20 de diciembre de 2021 por el cual el tribunal de sentencia integrado con los jueces Héctor Capurro Radice, Juan Carlos Zárate Pastor y Cándida María Fleitas González (voto en disidencia), como miembros titulares, y María Fernanda García de Zúñiga como miembro suplente, había resuelto absolver al diputado Rivas del delito de estafa.
Blanqueo de la causa “caseros de oro”
El 15 de diciembre de 2021, por mayoría, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro, Cándida Fleitas (voto en disidencia) y Juan Carlos Zárate Pastor declaró la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo del diputado colorado Tomás Fidelino Rivas Benítez del proceso por presunta estafa en el caso de sus tres caseros.
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El presidente del tribunal, Héctor Capurro, argumentó que la extinción de la acción penal se da porque “no existe perjuicio patrimonial contra la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que mediante un acuerdo firmado el 22 de noviembre de 2021, el acusado reparó integralmente el daño ocasionado”.
Dicho acuerdo fue firmado por Tomás Rivas y el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR, cartista), y establece que el cuerpo legislativo no tiene ningún reclamo que hacer, bajo ningún concepto, al parlamentario acusado, atendiendo a que el mismo depositó la suma de G. 121.208.000 en concepto de reintegro a la Cámara de Diputados.
Capurro agregó que el propio procurador general de la República, Juan Caballero González (postulado para la terna a la Corte Suprema), quien declaró en el juicio oral y público, confirmó que el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, le comunicó el acuerdo firmado con el diputado Tomás Rivas y que el Legislativo no sufrió ningún daño patrimonial.
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Cámara anuló blanqueo de Tomás Rivas
En setiembre de 2022 el Tribunal de Apelación Penal 2ª Sala de la Capital hizo lugar a la apelación planteada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez, anuló el sobreseimiento definitivo del ahora ex parlamentario colorado y ordenó un nuevo juicio oral.
Según el tribunal, el acuerdo entre Tomás Rivas y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, su correligionario Pedro Alliana (actual vicepresidente de la Rrepública), fue extemporáneo y el perjuicio patrimonial causado al Estado con el caso de los “caseros de oro” no fue totalmente reparado por el legislador colorado.
El camarista Delio Vera Navarro (preopinante) resaltó en su voto que no se puede hablar de una reparación integral del daño social causado, teniendo en cuenta que el acuerdo fue firmado por el acusado y el entonces presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana.
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Por su parte Fernández puntualizó que el Ministerio Público, como órgano encargado de dirigir la investigación de los hechos punibles y promover la acción penal pública, no ha admitido la reparación del daño al Estado como salida al presente proceso penal.
“Caseros de oro” fueron condenados
El 28 de junio de 2021 los “caseros de oro” Nery Franco González, Reinaldo Chaparro Penayo y Lucio Romero Caballero fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, a través de la Sentencia Definitiva N° 251.
El fallo fue dictado por el tribunal de sentencia presidido por la jueza Inés Galarza e integrado por sus colegas Víctor Medina y Olga Ruiz f; y se confirmó tanto en Cámara de Apelaciones como en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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En el juicio oral el fiscal Luis Piñánez había solicitado que Nery Franco González y Reinaldo Chaparro sean condenados a 4 años y medio de prisión; y Lucio Romero Caballero a 4 años de pena privativa de libertad, teniendo en cuenta que fueron declarados culpables del hecho punible de estafa.
Según el agente fiscal el Tribunal de Sentencia debió aplicar el artículo 70 del Código Penal, estableciendo un marco penal de 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad para cada uno de los procesados, teniendo en cuenta que el delito de estafa se consumó en reiteradas ocasiones. Piñánez resaltó que los jueces cometieron un error al establecer que la pena podía ser de 6 meses hasta 5 años de cárcel.