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Esta mañana se aprobó la concesión del servicio de recolección y disposición final de residuos en la ciudad de Encarnación, en una sesión extraordinaria de la Junta Municipal. El consorcio Roggio-ATI fue adjudicado por veinte años para prestar el servicio.
Las empresas consorciadas están representados legalmente por Oscar Alberto Franco Velázquez, Gustavo Armando Pavetti Ibarrola y Emilio Gill Insfrán, por la empresa Benito Roggio e Hijos y por Orlando Max Matteucci por ATI SRL. Ambas firmas tienen dirección en Asunción.
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Encarnación y un grupo de gancheros del vertedero municipal se manifestaron frente a la sede de la Junta Municipal para exigir el rechazo de la concesión que entrega el servicio por 20 años a la controversial empresa.
La empresa ATI SRL es cuestionada por los manifestantes por los antecedentes en otra ciudad. En Saltos del Guairá opera con una orden judicial por una demanda que entabló contra la comuna tras ser suspendida por la municipalidad por incumplir el contrato.
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La concesión fue aprobada con siete votos a favor de los concejales Fredy Ortega (ANR), Keiji Ishibashi (Ciudadanía Activa), Carlos Marino Fernández (PLRA), Gloria Arregui (PLRA), Juan Lichi (ANR), Natalia Enciso (PLRA) y Zulma Memmel (Alianza). Votaron por el rechazo: Andrés Morel (ANR), Eduardo Florentín (ANR), Eduardo Rebruk (ANR), Nehemías Cuevas (ANR). Se abstuvo de votar Diego Aquino (ANR).
Perjuicio para la comuna
Los concejales que argumentaron en contra de la concesión dijeron que existen varias irregularidades que indicarían que la adjudicación podría estar dirigida. El consorcio ganador ofreció solamente el 10,5 % de aporte por el servicio para la comuna, mientras Eco Recolectora del Sur, planteó 26 %.
Esto constituiría un gran perjuicio para las recaudaciones de la taza, que en la actualidad tiene una morosidad de más del 50 % y limitarían al mínimo lo que ingresaría por el servicio para la municipalidad, indicó Eduardo Florentín.
No obstante, la bancada oficialista argumentó que la otra empresa fue descalificada por no cumplir los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), por lo que no pudo ser considerada su oferta. Ninguna de las empresas del otro consorcio tenían habilitación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para operar el relleno sanitario, que compruebe su experiencia en el rubro. Este sería el requisito excluyente estipulado en el PBC que condicionó la elección, sostienen los defensores de la aprobación.
La calificación de la única empresa llegó a la junta el miércoles pasado y girado a comisión de legislación para su estudio. Tras la solicitud de los concejales afines a Luis Yd (Alianza), fue llamada la sesión extraordinaria para apurar la aprobación de la concesión.