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La acusación presentada en contra de la suboficial de la Policía Nacional Nilsa Evelin Morel Giménez y la funcionaria de la Dirección de Tránsito de la municipalidad de San Lorenzo, Mabel Corvalán Achucarro es por la presunta comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documento públicos de contenido falso y cohecho pasivo agravado (coima).
En su requerimiento conclusivo, el fiscal Leonardi Guerrero, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), explica que las acusadas formarían parte de un esquema que emitía irregularmente certificados de vida y residencia falsos, documento exigido a los contribuyentes para la renovación del registro de conducir.
La investigación se inició a partir de la denuncia realizada el 4 de abril pasado por la abogada Carol Flores Imas, de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción de la Municipalidad de San Lorenzo, denunció ante el Ministerio Público la comisión de presuntos hechos punibles cometidos dentro de la comuna por parte de funcionarios no identificados.
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Las funcionarias habrían obtenido certificados de vida y residencias falsos y otros requisitos exigidos para expedir renovación de registro de conducir instalándole sellos respectivos de la Policía Nacional a cambio de pagos de sumas de dinero que no se hallan dentro del arancel municipal para dicho efecto, siempre de acuerdo con la acusación.
Según los datos, ante consultas de los contribuyentes en ventanilla acerca de los requisitos para acceder a la renovación, Mabel Corvalán les informa sobre la necesidad de presentar examen de vista y oído, expedido por la municipalidad local, informe de primeros auxilios, expedidos por Cuerpo de Bomberos de San Lorenzo y Certificado de Vida y Residencia, expedidos por la Policía Nacional.
A cambio de coima, “agilizaban” gestión con documentos falsos
La acusación señala que posteriormente, la funcionaria ofrece la obtención de certificado de vida y residencia para “agilizar” el trámite, a cambio de un pago de 25 o 30.000 guaraníes. Tras la anuencia del contribuyente, Corvalán le solicita su cédula de identidad, le quita fotos de ambos lados con su celular y posteriormente las envía a la suboficial Nilsa Morel, quien prestaba servicios en el puesto policial 24 de Junio de San Lorenzo.
“Esta al recibir la foto en su celular, procede a elaborar los respectivos certificados de vida y residencia y para completar los requisitos exigidos, tales como datos de testigos y el domicilio del contribuyente interesado en renovar su registro de conducir, recurre al archivo de datos de la Policía Nacional de donde quita la información de los supuestos testigos y lo asienta en el certificado de vida y residencia”, señala Guerrero en su acusación.
“Hecho el certificado de vida y residencia, Nilsa Morel remite de nuevo a Mabel Corvalán el Certificado de vida y residencia y esta a su vez agrega al legajo conformado, completando de esa manera los requisitos exigidos para expedir renovación del registro de conducir al contribuyente. Una vez conformado el legajo, Mabel Corvalán llama al contribuyente y lo hacer firmar el certificado de vida y residencia remitido por Nilsa Morel, y a cambio recibe la suma de 25 o 30.000 por parte del contribuyente. Posterior a esto, el contribuyente paga en caja el arancel por renovación de registro de conducir y finalmente recibe el carnet renovado en propias manos”, explica la acusación.
El esquema quedó al descubierto con la investigación realizada por el fiscal Guerrero, que constató la falsedad de los datos consignados en la documentación entregada a una contribuyente, cuyo testimonio es ofrecido en el requerimiento conclusivo contra ambas acusadas, que en sus respectivas declaraciones ante el Ministerio Público admitieron los hechos investigados.