Gobernación de Central: fiscalía confirma que pese a irregularidades en proyectos, Hugo Javier autorizó millonarios desembolsos

AREGUÁ. El fiscal Silvio Corbeta Dinamarca acusó anoche al exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR cartista) y otros 32 procesados sospechosos del presunto desvío de G. 18.300 millones, transferidos por la Gobernación a cinco organizaciones “sin fines de lucro”. La acusación sostiene que los 51 proyectos presentados por cada ONG estaban plagados de graves irregularidades y a pesar de esto, el ordenador de gastos autorizó los desembolsos.

El Ministerio Público acusó al exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre, colorado cartista, por el supuesto daño patrimonial de G. 18.300 millones.
El Ministerio Público acusó al exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre, colorado cartista, por el supuesto daño patrimonial de G. 18.300 millones.

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El Ministerio Público acusó al exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre (colorado cartista) por el supuesto daño patrimonial de G. 18.300 millones y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

También, otras 32 personas, entre exfuncionarios de la Gobernación de Central, miembros de cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) y supuestos proveedores fueron acusados e irán a juicio.

El fiscal Silvio Corbeta Dinamarca sostuvo en su acusación que el exgobernador Hugo Javier firmó 51 resoluciones por medio de las cuales autorizó transferencias de los millonarios fondos para la presunta ejecución de los 51 proyectos propuestos por el Consejo Regional de Salud del departamento Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP) y la Asociación Ecodesarrollo.

El agente afirmó además que, según las evidencias colectadas, quedó comprobado que todas las transferencias autorizadas entre marzo de 2019 y diciembre de 2020 fueron hechas indebidamente, en atención a que no se habría cumplido con los procedimientos y requisitos establecidos.

Todos son sospechosos de formar parte de un esquema delictivo que se montó para el desvío ilícito de fondos de la institución departamental a través de erogaciones irregulares. Los hechos investigados son lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

Las irregularidades señaladas

Los proyectos para los cuales fueron desembolsados los fondos no contenían el “plan de acción” a ser ejecutado, es decir, que no fueron especificadas las acciones a ser realizadas, así como tampoco se brindaron detalles de los bienes y servicios que serían adquiridos.

Los planes no tenían un presupuesto debidamente elaborado, con la descripción de los precios unitarios y totales, a fin de analizar la razonabilidad de los recursos a ser desembolsados. Tampoco fueron identificados los lugares en los que deberían ser ejecutadas las actividades.

Los proyectos que contemplaban construcciones no especificaban qué tipos de obras se realizarían, tampoco el lugar de ejecución, no tenían planos de ubicación, especificaciones técnicas, ni el precio de cada una de ellas, pese a ello, la Gobernación realizó los desembolsos.

Luego de las transferencias, las organizaciones que recibieron las millonarias sumas de dinero no presentaron las copias de rendiciones de cuentas visadas por la Contraloría General de la República (CGR).

Las entidades beneficiadas no presentaron a la administración departamental el certificado original y vigente de una cuenta bancaria, cuenta corriente o caja de ahorro, pero igual recibieron los cheques de forma directa que luego fueron efectivizados.

Los fines y objetivos de varios proyectos no guardaban relación con los fines u objetivos de las entidades beneficiadas.

Procesados, cómplices de las anomalías

En la acusación consta que “cada uno de los integrantes” del esquema de antemano tuvieron conocimiento de la operativa montada y tenían “una participación activa que ha posibilitado los desembolsos”.

Los exfuncionarios procesados se encontraban cumpliendo funciones activamente en la Gobernación de Central y en los procesos de control han simulado el cumplimiento de los procedimientos y requisitos previos establecidos en las normativas vigentes para los ejercicios fiscales 2019 y 2020, y de esa forma justificar documentalmente los desembolsos que fueron efectuados.

El Consejo Regional de Salud presentó una factura del Grupo Metalúrgico y Publicitario "MG", de donde supuestamente compró mobiliario para hospitales. Pero el lugar era un taller de montaje para camiones de gran porte.
El Consejo Regional de Salud presentó una factura del Grupo Metalúrgico y Publicitario "MG", de donde supuestamente compró mobiliario para hospitales. Pero el lugar era un taller de montaje para camiones de gran porte.

Todos los procesados

El exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre; Javier Marcelo Rojas Giménez, Carlos Alberto Giménez Insfrán, Luis Allende Araujo, Edgar José Zaracho Quintana, José Manuel López Duarte, Natalia Soledad Valenzuela Gómez, Fernando José Brítez Sánchez, Víctor José Emilio Basualdo Ramírez, Esteban Álvarez Quevedo, Juan Vicente Caballero Villalba, Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Paulino de los Santos Palacios Recalde y Hugo Javier Cabrera Guerrero.

También Cirilo Daniel Darmanas Flores, Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, Mónica Liliana Benítez Cáceres, Israel Espínola Ferreira, Blas Vicente Oddone Céspedes, Gloria María Barrios Martínez, Juan Darío Cáceres Abbate, Luis María Galarza Ovelar, Rodrigo Manuel Correa Arroyo, Raúl Orlando Britos Santacruz y Benita Yegros Vallejos.

Además, Gustavo Adrián Villamayor Hermosa, Diego Augusto Duarte López, Óscar Morel Oses, Juan Robert Jiménez Rolón, Hugo Wilberto Rojas Villagra, Virgilio Acosta Sandoval, Lila Angélica Duarte Vda. de Céspedes y Ezequiel Bogado Barrios.

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