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El fiscal Silvio Corbeta Dinamarca presentó acusación esta noche contra el exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), y otras 32 personas procesadas que forman parte de un esquema delictivo creado en la misma Gobernación. Además, solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Todos los acusados son sospechosos del presunto desvío de G. 18.300 millones, fondos de la Gobernación del departamento Central, que fueron transferidos entre 2019 y 2021, a diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Según el Ministerio Público, la millonaria suma no tiene respaldo documental y se desconoce el destino del dinero.
Los hechos investigados son lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
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Los acusados
Entre los acusados se encuentran además del exgobernador Hugo Javier González Alegre, más conocido como el locutor Nº 2, por su faceta como animador de fiestas y programas radiales y televisivos, exfuncionarios de la institución departamental, miembros de las organizaciones “sin fines de lucro” beneficiadas y supuestos proveedores.
Entre los mismos aparecen Javier Marcelo Rojas Giménez, Carlos Alberto Giménez Insfrán, Luis Allende Araujo, Edgar José Zaracho Quintana, José Manuel López Duarte, Natalia Soledad Valenzuela Gómez, Fernando José Brítez Sánchez, Víctor José Emilio Basualdo Ramírez, Esteban Alvarez Quevedo, Juan Vicente Caballero Villalba, Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Paulino de los Santos Palacios Recalde y Hugo Javier Cabrera Guerrero.
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También, Cirilo Daniel Darmanas Flores, Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, Mónica Liliana Benítez Cáceres, Israel Espínola Ferreira, Blas Vicente Oddone Céspedes, Gloria María Barrios Martínez, Juan Darío Cáceres Abbate, Luis María Galarza Ovelar, Rodrigo Manuel Correa Arroyo, Raúl Orlando Brítos Santacruz y Benita Yegros Vallejos.
Además de, Gustavo Adrián Villamayor Hermosa, Diego Augusto Duarte López, Óscar Morel Oses, Juan Robert Jiménez Rolón, Hugo Wilberto Rojas Villagra, Virgilio Acosta Sandoval, Lila Angélica Duarte Vda. De Céspedes y Ezequiel Bogado Barrios.
Descripción de los hechos
El Ministerio Público sostiene que, entre el 01 de marzo de 2019 al 30 diciembre de 2020, la Gobernación del departamento Central desembolsó indebidamente, la suma de G. 24.424.032.733, en concepto de aportes a favor de entidades privadas sin fines de lucro, con el fin de solventar los gastos de 51 proyectos presentados ante la institución.
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Sin embargo, a través de estos desembolsos, se ocasionó un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G.18.384.427.005.
Así, el Consejo Regional de Salud del departamento Central presentó 14 proyectos y recibió una transferencia de G. 11.231.899.709 y el supuesto daño patrimonial es de G. 7.009.408.773, equivalente al 62% del total.
El Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presentó 19 proyectos y recibió la suma de G. 7.261.146.651 y el presunto perjuicio es de G. 6.715.308.427, equivalente al 92% del total transferido.
La Asociación Plantemos Conciencia presentó 9 proyectos y recibió un total de G. 4.359.503.080 y el supuesto perjuicio es de G. 3.088.226.472, igual al 72% del total.
El Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP), presentó 4 proyectos y recibió G. 905.050.000 y el presunto perjuicio es del 100%.
La Asociación Ecodesarrollo presentó 4 proyectos y recibió G. 666.433.333 y el presunto perjuicio es del 100%.
El fiscal Corbeta sostiene en su acusación que, Hugo Javier, firmó 51 resoluciones por medio de las cuales se autorizó la transferencia de los millonarios fondos para supuesta ejecución de los 51 proyectos propuestos.
Agregó además que, conforme a lo investigado, el esquema delictivo se montó para el desvío ilícito de fondos de la Gobernación de Central, a través de erogaciones irregulares, y lograr dichas sumas de dinero, en cuyo esquema y para el cumplimiento de su propósito.
En el documento también consta que, “cada uno de los integrantes, quienes de antemano tuvieron conocimiento de la operativa montada, tienen una participación activa que han posibilitado los desembolsos”.
El referido esquema delictivo, fue diseñado en torno a la utilización de la figura legal de aportes a Organizaciones No Gubernamentales, asociaciones, fundaciones, instituciones, comisiones vecinales u otras personas jurídicas privadas, sin fines de lucro con bien social, y para posibilitar el funcionamiento de este esquema, se contó, además, con la participación activa de los representantes y autoridades de todas las organizaciones citadas.