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El caso de Kevin Nahuel Flores Domínguez y su lucha por un derecho tan fundamental como el de tener una identidad es emblemático porque demuestra un recio apego a un formalismo a ultranza, en desmedro justamente de lo que debiera ser prioridad para el Estado: el interés superior del niño.
Pero contemos su historia, con el anhelo de que las autoridades adopten las medidas necesarias para que no se repita con otros niños, niñas y adolescentes en situación similar. En marzo del 2019, integrantes de la Red de Voluntarios del Paraguay (Redvolpy) en su trabajo de asistencia a niños en situación de calle encontraron a Kevin, entonces con 13 años, en una vía pública de Ytororó.
Huérfano de madre y abandonado por el padre, Kevin vivía de la ayuda de vecinos del barrio Ytororó de la misma ciudad, donde deambulaba de casa en casa pidiendo comida. El niño no tenía ni un solo documento y no estaba escolarizado en aquel momento.
Ante la situación de extrema vulnerabilidad, el caso fue reportado ante la defensoría de la niñez de Lambaré para iniciar el proceso de inscripción judicial y la protección judicial y en ese marco garantizar su derecho a la identidad y a vivir en familia, al menos por medio de un acogimiento temporal.
La voluntaria Ruth Lorena Castillo recordó que en ese tiempo una familia accedió voluntariamente al cuidado transitorio del niño por el lapso de un año, mientras se localizaba algún familiar y culminara el procedimiento de inscripción judicial en el Registro Civil.
Por su parte, la voluntaria Diana Amarilla instó a la defensora de la Niñez Lorena López a gestionar la inscripción por la vía judicial atendiendo la condición de huérfano del chico, cuyo padre estaba con paradero desconocido y a que no se conocían otros familiares. Vecinos de la comunidad de Ytororó fueron convocados para declarar como testigos en el juicio, a los efectos de relatar la situación de abandono en que se encontraba el niño.
Burocracia no se compadece de los derechos de la Niñez y Adolescencia
Obviando la primera falla del Estado, consistente en la misma situación de abandono de Kevin, lo que vino después fue peor. Eso porque la situación de vulnerabilidad era desconocida por el Estado. Sin embargo, la respuesta del aparato estatal una vez que la situación fue puesta a su conocimiento, fue más que lamentable.
Pero vayamos al principio. La situación de Kevin fue reportada en marzo del 2019 y tras numerosas idas y venidas de las voluntarias a la defensoría, Fiscalía y juzgado, el 27 de febrero del 2020, casi un año después, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Lambaré, Carolina Noguera, dictó la resolución para la inscripción judicial. Sin embargo, el caso estaba lejos de terminar. La resolución mencionada omitió el lugar de nacimiento del niño.
Por esta razón, el Registro Civil de las Personas emitió un certificado de nacimiento N° 2.561.670 incompleto, que al momento de ser presentado para solicitar la cédula correspondiente en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, fue rechazado por no reunir los requisitos básicos para la cedulación.
Policía cuestionó sentencia y advirtió “manoseo”
Al respecto, el entonces titular del departamento de Identificaciones, Comisario Principal Reinaldo López, en una nota remitida el 10 de setiembre del 2020 a la Defensa Pública con copia al Ministerio de Niñez, explicó los motivos por los cuales no podía expedir la cédula e incluso alerta sobre la situación de “manoseo” a la que es sometida la identidad del niño, ya adolescente.
En la citada nota, la Policía Nacional menciona que no se ha podido emitir la cédula porque la sentencia judicial y certificado de nacimiento que se adjuntan adolecen de vicios formales insalvables para el Departamento de Identificaciones, teniendo en cuenta que ambos documentos no describen el lugar de nacimiento y las autoridades que deberían proteger los derechos del niño insisten en que la Policía Nacional expida una cédula sin hacer figurar el lugar de nacimiento, en abierta violación de todas las normas jurídicas que se mencionan tanto en la Sentencia Judicial y en la nota remitida por la Defensora Pública del niño.
Otro año pasó para que el juzgado emita una nueva resolución y a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 186 el 19 de mayo del 2021 para agregar el dato que se omitió en la primera resolución (27 de febrero del 2020). ¿Caso resuelto? Para nada. El Registro Civil advirtió inconsistencias en el documento y dictamen jurídico mediante, trabó la actualización de los datos.
Pese a la persistencia de los voluntarios en instar a los operadores de justicia, fue recién tras la denuncia pública en nuestro diario que el junio de 2022 se pudo avanzar con las gestiones que terminó con la expedición de un documento correctamente elaborado, que permitió a Kevin contar con su cédula el 24 de enero de 2023.
La inexistencia de un sistema de interconexión entre las instituciones involucradas obligó a los voluntarios a desplegar nuevamente una serie de gestiones para destrabar el caso, porque si dependía del impulso de los operadores de justicia, probablemente Kevin seguiría indocumentado.
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MINNA se “lavó las manos”
Agobiados ante tantas trabas y el desinterés de los operadores de justicia en allanar los obstáculos para que Kevin pudiera tener su cédula, los voluntarios recurrieron al Ministerio de Niñez y Adolescencia (MINNA), por tratarse del organismo que debe velar por los derechos de los niños y adolescentes, pero tuvieron una nueva decepción.
El director jurídico de esta institución Nelson Coronel, les informó que no compete a dicho ministerio intervenir en el tema pues se trata de una cuestión de inscripción en el ámbito jurisdiccional y que ellos “nada pueden hacer al respecto”. Consultado si podía orientar o indicar alguna alternativa a ser accionada para solucionar el problema planteado, el funcionario tampoco tuvo respuestas.
“A Kevin le falló el Estado”
La abogada y socióloga Diana Vargas hizo mención a un proyecto de ley en el cual asesoró “simplificación de trámites administrativos en organismos y entidades del Estado”, actualmente con media sanción, precisamente para evitar que sigan ocurriendo casos como el de Kevin. El proyecto fue presentado por la senadora Desirée Masi (PDP) el 10 de agosto pasado.
“A Kevin le falló el Estado. Cuando finalmente se enteraron que existía, no restituyeron sus derechos. Más bien todo lo contrario. La identidad es un derecho. Al igual que la protección ante el desamparo, el derecho a vivir en familia debe ser garantizado, pero el aparato estatal en su conjunto se organizó para obstaculizar la posibilidad que él pudiera existir formalmente. Que pudiera tener un certificado de nacimiento a los 17 años”, afirmó.
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La profesional cuestionó la exigencia de realizar el trámite a través de un abogado, entre otros obstáculos, cuando que es un trámite administrativo que debería ser de mera ejecución, sin abogado y sin tener que presentar ningún documento más.
“Pero aquí, Identificaciones y el Registro Civil también son parte del problema y es un tema que abordamos desde hace años. Ellos se creen cámara revisora y pretenden que se consignen datos con los que en ocasiones no se cuenta, solo con el ánimo de cumplir su formalidad (llenar su campo) cuando que deben de poner sin datos y garantizar el derecho”, indicó.
“El problema es que no reconocen a la identidad como un derecho, entonces están abocados al cumplimiento de requisitos formales. Por ejemplo ¿tenían certeza del lugar de nacimiento de Kevin? Si no tenían, no deben consignar o se estaría afectando su derecho a la identidad, inventando datos para completar los campos que exige el sistema informático de registro civil /identificaciones”, afirmó, tras destacar que consignar datos falsos dificulta la búsqueda de orígenes.
Diana Vargas recordó que cuando se desempeñó como comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), promovieron una mesa de trabajo con representantes de la Policía Nacional, juzgados de la niñez y la adolescencia y el Registro Civil, entre otras autoridades de las instituciones involucradas, porque detectaron que entidades de abrigo se encontraban muchos niños y niñas sin certificado de nacimiento o cédula porque esas dependencias administrativas se negaban a cumplir las resoluciones judiciales alegando que era necesario contar con todos los datos. Eso implica forzar a que se inventen datos.
Ya en el juicio, sea para la inscripción judicial o la adopción, se presentan las pruebas que correspondan y se supone que la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia vela por el debido proceso y la Defensoría representa al niño, niña y adolescente, con base a las mismas, el Juzgado emite una sentencia, pero resulta que el Registro Civil y en ocasiones incluso el Departamento de Identificaciones, vuelven a requerir los documentos que ya fueron presentados como prueba en el juicio respectivo, como si tuvieran la atribución de revisar la decisión judicial o de no cumplir.
En la práctica, efectivamente no cumplen y son las personas afectadas o quienes las acompañan en ese peregrinar como en el caso de Kevin, las que deambulan solas, peleando con la burocracia. Precisamente ante la falta de solución al problema, valoró que el proyecto de ley mencionado está próximo a ser ley, considerando que algunos artículos se redactaron específicamente para atacar esa mala práctica, que obstaculiza derecho.
“Nunca se rindan”: la lucha de un adolescente por su identidad
El pasado 18 de setiembre Kevin cumplió 18 años y en esta etapa es consciente de la importancia de tener una identidad, lo cual que le permite acceder a sus derechos básicos como todo paraguayo, a la salud, estudiar, trabajar y desarrollar sus sueños, movilizarse sin temor.
Emocionado por haber llegado a su mayoría de edad, solo brotan palabras de gratitud y esperanza de un joven luchador y lleno de fe. “Lo que puedo decir a la gente es que nunca se rindan, que todo se puede con Dios. Lo que yo pasé si no fuera por Dios que puso en mi camino personas que me ayudaron, no lo iba a poder lograr” expresó
Durante el proceso de espera por sus documentos, Kevin manifestó que fue muy difícil para el porque necesitaba de la cédula para retomar sus estudios y poder trabajar, incluso para movilizarse libremente.
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Quería seguir estudiando
“No da gusto estar sin cédula yo quería demasiado seguir estudiando y no podía avanzar, ya que en todos lados siempre me pedían mi documento”, recordó.
Kevin obtuvo su cédula a comienzo de este año, tras un burocrático proceso que duró casi cuatro años. Pudo realizar una nivelación escolar concluyendo hasta el 7° grado, y espera poder seguir estudiando el próximo año. Actualmente está trabajando en una carpintería y ayudando a la familia que lo acogió en Pedro Juan Caballero.
“Agradezco mucho a todos los que me ayudaron a mi familia del Chaco y mi familia de Pedro Juan que siempre estuvieron luchando a mi lado para que yo tenga mi documento. Ellos me animaban en todo tiempo me alentaban para no desistir” indicó.
Encontró apoyo
Destacó que el apoyo de quienes le brindaron acogimiento familiar que fue muy importante ya que en ese tiempo en varias ocasiones quiso desistir de todo eso. “Pensaba que ya no iba a salir y que cuando sea mayor de edad nomás iba a poder gestionar. Pero gracias a Dios que puso en mi camino personas que me dieron apoyo y aliento en todo momento para no desistir” afirmó.
Kevin declara que en su proceso encontró una fortaleza en la fe y asiste a una iglesia cristiana donde es parte del grupo juvenil, integra el coro y teatro. Espera igualmente que a partir de su experiencia, también pueda ayudar a otros niños y adolescentes a perseverar en su lucha por sus sueños y sus derechos.
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De casa en casa, Kevin logró encontrar su lugar
De acuerdo a las versiones de los testigos, Kevin habría nacido el 18 de setiembre del año 2005, en la localidad de Ytororó, Departamento Central, de la mano de una partera. No fue ingresado en un hospital por lo tanto, no existía datos exactos sobre su fecha de nacimiento.
A Kevin le tocó una infancia dura, marcada por la extrema pobreza, la enfermedad de su madre y la dejadez de quienes debían protegerlo, que le limitaron a vivir gran parte de su niñez y adolescencia indocumentado, no había registros de su existencia.
Los graves problemas de salud de madre derivados del alcoholismo, la llevaron a un deterioro total y falleció en el 2015. Kevin tenía 10 años en ese entonces y quedó al cuidado de una madrina y de vecinos de la zona. Sus hermanos fueron acogidos por otros parientes, con los cuales sigue en contacto hasta hoy.
Reacomodarse a su familia y escuela
El adolescente tenía 13 años cuando se realizó la intervención a principios del 2019, se gestionaron los trámites para la guarda temporal con una familia acogedora con la cual convivió por casi dos años en una primera etapa en la ciudad de Ñemby y luego Puerto Guaraní, Chaco Paraguayo. Con esta familia empezó un proceso de adaptación, y de retomar la escuela, ya que hasta ese entonces tenía hecho hasta el segundo grado.
Reencuentro con su padre biológico
Con el propósito de reintegrarlo a su familia biológica, se logró ubicar a su padre en Pedro Juan Caballero, y emocionado fue hasta esta ciudad con la ilusión de encontrarse con su progenitor. Las cosas no salieron tan bien, su padre ya tenía otros hijos y esposa, y no logró entenderse con ellos, y finalmente huyó de su casa, quedando nuevamente en la calle en una situación de riesgo y peligro. Algo de lo cual Kevin es consciente hoy es que pasó por muchas situaciones que pusieron en riesgo su vida. “Dios me guardó en todo tiempo”, comentó emocionado.
Herido y con la rebeldía de la edad a cuestas fue que llegó a su vida otra familia de buen corazón en la ciudad de Pedro Juan Caballero que lo acogió y ayudó a reponerse y que lo siguen acompañando hasta hoy en día.
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Más trámites en la frontera
Debido a que Kevin cambió de residencia, tras la resolución del Juzgado de Lambaré se prosiguió el trámite en el Departamento de Identificaciones de Pedro Juan Caballero, en este proceso guiado por el abogado Efraín Ríos quien de manera voluntaria asesoró al adolescente y realizó los trámites por el.
Debido a que es una ciudad fronteriza, hay otros documentos adicionales como el certificado de no estar inscripto en Brasil, que exigían para poder realizar la cedulación, o sea que no bastaba solo la ordenanza judicial. Todo esto además del tiempo y gestión, también implicó gastos extras, lo que demuestra lo difícil que es hacerse de una cédula que por derecho le correspondía a cada paraguayo.