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El Senado aprobó el miércoles pasado un apurado proyecto de ley buscando regular el mercado de carbono en Paraguay, en medio de dudas planteadas por varios legisladores que no están en contra de la iniciativa ambiental, sino de la forma en la que se busca impulsar la norma. Para entender un poco más en qué consiste este nuevo sistema, hablamos con un experto en la materia.
El mercado de créditos de carbono es un sistema de “compra-venta de contaminación”, resumió el hidrólogo e investigador del cambio climático, Guillermo Achucarro. El académico señaló que la dinámica es la siguiente: “Cualquier persona, entidad, empresa privada o nación, puede pagar a otra persona, empresa privada o nación, para que la contaminación que una emita, pueda ser conservada a partir de la conservación de un tipo de ecosistema por parte de la otra”, detalló.
Las grandes empresas del mundo pueden de esta manera “compensar” sus emisiones contaminantes, bajo la premisa de que un crédito de carbono representa una tonelada de C02 (principal gas de efecto invernadero).
Achucarro explicó que el objetivo de este método de conservación es que las reservas tengan más recursos para sostenerse y que empresas grandes del mundo “compensen” su contaminación. Indicó que el sistema debe tener sus reglas a nivel local y por ello surge el debate, considerando que ya se está implementando con control del Ministerio del Ambiente. No obstante, planteó varias dudas en torno al mismo sistema de carbono y a los beneficios que podría o no traer al país.
Créditos de carbono: parte de lo que dice el proyecto
El proyecto que ya cuenta con media sanción en en el Congreso define de la siguiente manera un crédito de carbono: “Es un instrumento comercializable representado a través de título o certificado, que asigna una equivalencia de reducir, evitar o capturar una tonelada de gases de efecto invernadero de un proyecto determinado”.
El objetivo de la normativa, según el proyecto publicado en la página web del Senado, es “establecer un marco normativo para definir la titularidad sobre los beneficios del carbono reducido, evitado y/o capturado, y la propiedad de los Créditos de Carbono generados por proyectos desarrollados en la República del Paraguay”. Se establece que el Ministerio del Ambiente deberá reglamentar y gestionar el Registro de los Créditos de Carbono.
No obstante, la normativa señala que la “Administradora de un Estándar de Carbono” es la que deberá registrar los créditos de carbono emitidos o registrados a través a un proyecto, y pueden ser organismos nacionales o extranjeros. No se detallan los métodos ni los criterios a tener en cuenta para constituir un estándar de carbono.
Lea el proyecto de créditos de carbono, publicado en la página del Senado:
Créditos de carbono: estos son los seis cuestionamientos
- Los beneficiarios serán principalmente los propietarios de grandes tierras.
- No incluye la exigencia de demostrar que los bosques que ingresarán al mercado están en peligro sin el financiamiento del mercado de carbono.
- El sistema permite que grandes países e industrias sigan contaminando.
- Existen muchas dudas con respecto al método de cuantificación.
- Impediría expropiación de tierras a favor de la reforma agraria.
- El proyecto fue aprobado sin debate en el Senado, pese a que se plantearon correcciones.
- Altas tasas impositivas podrían hacer inviables exitosos proyectos vigentes en Paraguay.
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En primer lugar, el hidrólogo explicó que a nivel mundial están surgiendo muchas dudas con respecto a las metodologías para cuantificar cuánto carbono se captura en un bosque con el objetivo de compensar la contaminación, pues a nivel mundial han surgido casos de permisos fraudulentos.
Además, mencionó que, para entrar en el mercado, se debe demostrar que un bosque se encuentra en riesgo de deforestación sin los fondos económicos. “Pero con la ley, esa obligación de demostrar que mi bosque va a estar en riesgo, desaparece, ya no tengo la obligación de demostrar eso”, cuestionó.
Es decir, cualquier propietario de tierras, por más que posea un bosque “obligado por la ley” podrá ingresar al sistema de créditos de carbono.
Sobre todo, el docente explicó que también el cuestionamiento es estructural. “Este sistema permite que se siga contaminando como ya se contamina hoy en día, a partir de que otro pueda preservar un bosque. Es como un pequeño parche, con muchas dudas en su metodología”, enfatizó.
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¿Quiénes serán los grandes beneficiarios?
Por otra parte, el investigador señaló que algo que considera sumamente importante visibilizar es el hecho de que con este sistema de créditos de carbono, los principales beneficiarios serán los propietarios de grandes terrenos, quienes por ley nacional deben mantener el 25% de sus hectáreas con bosques.
El otro grupo que posee grandes tierras - y podría ingresar al sistema de créditos de carbono - es el de las comunidades indígenas, sin embargo aseguró que hay numerosos casos a nivel sudamérica en los cuales proyectos referentes se hicieron “a espaldas” de las comunidades nativas, planteó.
Explicó que si bien no hay una cantidad de hectáreas mínimas - puesto que depende del tipo de ecorregión de cada territorio - los que buscan créditos de carbono generalmente son grandes contaminantes, por lo cual buscan grandes “bosques”. “Sea cual fuera la forma en la cual se instale ese sistema de mercado, siempre va a terminar beneficiando al grupo social que históricamente se encargó de deforestar”, cuestionó.
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Impediría expropiación de tierras
El pasado miércoles en el Senado se instaló en mesa de debate el artículo 7 del proyecto aprobado por la “aplanadora colorada”, puesto que, según algunos legisladores, este punto representa una “traición al pueblo”, debido a que blindaría la posibilidad de expropiar tierras a favor de la reforma agraria.
El mencionado artículo señala textualmente que “las áreas de inmuebles afectadas a Proyectos que estén registrados ante la Autoridad de Aplicación no serán considerados latifundios improductivos, ni podrán ser objeto de colonización, reforma agraria o declaración como área silvestre protegida de dominio público”. Y se agrega que todas las entidades del estado deberán desestimar toda solicitud contraria a lo dispuesto en este artículo.
¿Qué se puede hacer?
El hidrólogo fue sincero al mencionar que tiene dudas ya en el origen del sistema de créditos de carbono, por lo cual no sabe si se debería o no legislar en Paraguay. No obstante, planteó que podría mirar “con buenos ojos” si se plantea la apertura del mercado de manera exclusiva para pueblos indígenas y comunidades campesinas, cuyas tierras están realmente en riesgo.
Además, destacó que para en el debate debería estar incluidos sobre todos representantes de los pueblos indígenas y campesinos, quienes son los que históricamente conservaron los bosques y para quienes deberían ser útiles los créditos de carbono.
Además, señaló que se debería ampliar la apertura del debate a más organizaciones ecologistas, investigadores y miembros de la academia que desde hace décadas están estudiando la crisis climática.
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Un proyecto de ley aprobado sin debate en el Senado
El pasado miércoles en el Senado, los colorados aprobaron prácticamente sin debatir el proyecto de ley. Blanca Ovelar (ANR) fue una de las parlamentarias que cuestionaron la manera en que se impuso este proyecto. Al respecto, la legisladora resaltó que los créditos de carbono son un buen instrumento ecológico, pero el problema es que no se permitió ningún tipo de debate para poder ajustar los artículos con el objetivo de volverlo realmente positivo.
La parlamentaria dijo que es un tema nuevo y que necesitaba de mayor difusión y discusión por parte de diversos actores de la sociedad. “El tema de la contaminación genera aceleradamente un cambio climático, que golpea de manera desigual a la gente. El cambio climático golpea de manera dramática sobre todo al sector humilde”, señaló.
Agregó que con el mencionado artículo siete, ninguna sola propiedad va a servir para la Reforma Agraria, puesto que todas terminarán certificadas como crédito de carbono. “¿Y quién va a poner los estándares de certificación? Van a certificar todo y a los campesinos que les vamos a decir: Tapeho pemanomba (vayan a morir). Esto es claramente en contra de los más vulnerables, los que ya no van a tener tierra, los campesinos no van a entrar a comercializar en los mercados de carbono”, cuestionó.
Ovelar aclaró que no está en contra del mercado de carbono sino de la manera en que se impuso. Dijo que hay muchas dudas que deben aclararse, sobre la reglamentación, la certificación, la cuantificación y otros detalles que ni siquiera los que anteayer aprobaron el proyecto comprenden.
“Los grandes países vienen a países pobres para certificarse y seguir contaminando (...) No podemos emplear un ardid más para seguir con esa lógica. No digo que sea la intención, pero en eso se puede convertir”, sentenció.
Agregó que el problema de la crisis climática debe tomarse en serio, pero hay que entender cómo afecta a la humanidad. “Desde hace décadas se viene hablando de que, quienes no responden a las políticas de mitigación, son los países más desarrollados. Y ahora vienen con todos sus protocolos a querer aplicar y atentar la producción en países más pobres”, lamentó.
Créditos de carbono: discusión poco seria en el Congreso, dice González
Kattya González (PEN) coincidió con Ovelar y reclamó la manera en que se impuso el proyecto en el Congreso, pues ella misma trabajó para sugerir cambios a la legislación que ni siquiera sabe si se pudieron concretar porque realizaban cambios sobre la marcha en plena sesión.
“Nosotros nos retiramos en el estudio en particular justamente por esas inconveniencias que se generaron y que consideramos que no corresponden. Hoy es créditos de carbono, mañana puede ser con otra ley, pero la verdad es que fue muy poco seria la discusión que se dio en el plenario. Se exhibió como una versión de la comisión una versión que no era de dicha comisión, sino que una tercera que se iba generando ahí en el plenario nomás”, enfatizó.
Finalmente, ambas legisladoras, el problema no es la instalación de los créditos de carbono, sino la emisión de un proyecto de ley, sin debate ni socialización correcta dentro de todas las organizaciones involucradas.
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