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La recusación presentada por el senador cartista Erico Galeano en contra de los fiscales que lo investigan, Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, es porque supuestamente carecen del sentido de objetividad, por solicitar indebidamente su prisión preventiva “en contra de los mandatos constitucionales y legales”, por ocultar pruebas, por trabar el ejercicio de la defensa y por tener intereses políticos, según el escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado.
El parlamentario colorado sindicado por el Ministerio Público por presunta asociación criminal para el tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el marco de la causa “A Ultranza Py”, está convocado para la audiencia de imposición de medidas, el próximo martes 26 de setiembre, a las 8:30. La convocatoria del juzgado es bajo apercibimiento de que se aplicarán sanciones si la defensa vuelva a plantear recursos dilatorios para suspender la diligencia.
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En dicha diligencia, el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Gustavo Amarilla Arnica estudiará el pedido de prisión preventiva que plantearon los agentes del Ministerio Público que imputaron a Erico Galeano el pasado 19 de mayo.
La semana pasada, el magistrado atendió el otro pedido realizado por los agentes del Ministerio Público y decretó la inhibición de vender y gravar bienes del senador cartista Erico Galeano.
Argumentos de Erico Galeano contra los fiscales
En el escrito de recusación, presentado bajo patrocinio de los abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Dante Gulino, el senador cartista afirma que existe un “absoluto desconocimiento del derecho” parte de los fiscales recusados, por haber solicitado su prisión preventiva “en violación a las normas constitucionales, procesales y disposiciones de la Corte Suprema de Justicia”.
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Agrega que los agentes del Ministerio Público solicitan su prisión preventiva, con el fundamento de que el senador cartista podría ocultarse o abandonar el país, ya que dispone de una aeronave; y que estando en libertad el procesado podría obstaculizar la ubicación o el hallazgo de los bienes que eventualmente podrían ser objetos de comiso en la presente causa.
Galeano cuestiona además que la fiscalía señale como argumento para solicitar su prisión preventiva, que el legislador procesado vendió por US$ 1.000.000 a Hugo González Ramos una propiedad ubicada en Aqua Village, en Altos; y que dicho dinero provendría del narcotráfico.
Al respecto, el parlamentario colorado argumenta que cualquier persona que vende una propiedad no está obligada por ley a la verificación del origen de los fondos, y que esta es una cuestión que compete a la entidad bancaria, a la inmobiliaria y al escribano interviniente, que son los sujetos obligados por ley a verificar el origen de los fondos.
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Vinculación de Erico Galeano en “A Ultranza”
La imputación presentada contra el diputado colorado Erico Galeano es por supuesta asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, debido a su presunta complicidad con el grupo dedicado al tráfico de cocaína que fue desbaratado con el operativo “A Ultranza Py”.
La imputación fiscal refiere que la investigación a Erico Galeano se inició con el allanamiento realizado el 26 de marzo de 2022, en el marco de la pesquisa contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”. Específicamente, el operativo se llevó a cabo en el inmueble situado en el complejo “Acqua Village”, de Altos, propiedad de Insfrán Galeano, adquirido por interpósita persona a nombre de Hugo Manuel González Ramos (actualmente prófugo de la justicia), ocasión en que se halló una factura de ANDE a nombre de Erico Galeano Segovia.
El Ministerio Público señala que Galeano proveyó su aeronave al grupo criminal para que sus integrantes puedan trasladarse en vuelos locales y, de esa manera, concretar el envío de cargas de cocaína a países de Europa.
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La imputación resalta que, a cambio del préstamo de la aeronave, Erico Galeano habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína, las cuales habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien, a través de compras de bienes (muebles e inmuebles) adquiridos entre los años 2020 y 2021.