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La oferta más barata, dentro del rango del 20% por debajo del precio referencial, es de la empresa unipersonal de Cristian Ramón Martínez Fernández, quien pidió G. 3.687 millones y se trata de una empresa local. En tanto que la más cara es la de Ortellado Toniolo SA, de G. 4.568 millones, firma de Limpio, departamento Central.
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Según el acta de apertura de ofertas publicado en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), los otros oferentes que se presentaron son: Constructora Isacio Vallejos SA, Diego Armando Mercado Brítez, 14 de Julio SA, Constructora Feldmann SA, Guillermo José Sánchez Cárdenas, Construmaq Sur SRL, Compañía de Construcciones Civiles SA, Ricardo Díaz Martínez y un consorcio liderado por Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia.
Estos últimos dos presentaron ofertas inferiores a G. 3.642 millones, debajo del 20% del precio referencial, que pasan a ser eliminadas si es que no pueden justificar por qué sus ofertas son tan baratas, siguiendo los lineamientos al respecto de la DNCP.
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Oferentes locales que prefirieron el anonimato por temor a represalias en el proceso de evaluación sospechan que la licitación se estaría direccionando. En primer lugar, se habilitó una segunda visita al lugar de obras porque algunas empresas de Asunción no acudieron a la primera. Otro punto es que inicialmente las exigencias del pliego de bases y condiciones en materia de experiencia eran exageradas, como para digitar el contrato a favor de alguna empresa en particular que pueda cumplirlas. Pero tras las protestas de varios interesados, la Unves finalmente decidió bajarlas y se pudieron presentar un total de 11 interesados, muchos de ellos de Villarrica.
A esto se suma que las ofertas se abrieron el 8 de agosto pasado y todavía no hay un adjudicado, a pesar de que todas las empresas ya presentaron los documentos exigidos y se debe analizar el mejor precio.
Otros puntos llamativos del llamado es que se hizo bajo la modalidad accesible a Mipymes, ya que se trata de recursos del Fonacide. Pero es absurdo porque el pliego de bases y condiciones pide, por ejemplo, un capital mínimo de casi G. 1.000 millones, con una facturación anual de G. 750 millones y una experiencia en obras que sólo empresas de gran envergadura pueden cumplir. Todos estos puntos eliminan a cualquier Mipyme.
Intentamos conversar con el encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Unves, José Arriola, para conocer por qué aún no se adjudicó la obra, pero se excusó diciendo que “no está autorizado a hablar con la prensa y que solo el rector podía permitirle”. De la misma manera intentamos pactar una entrevista con el rector Simón Benítez, pero su excusa fue que estaba de viaje.
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Disconformidad de alumnos
Alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas también cuestionan que el rector Simón Benítez y el Consejo Superior Universitario de la Unves prioricen un estacionamiento en vez de construir aulas, laboratorios u otras infraestructuras dedicadas a la enseñanza. Jurídicas, al igual que otras facultades, dependencias, direcciones o postgrados, alquilan sus oficinas en otros locales de Villarrica.
“No tenemos casa propia y, en vez de construir nuestra sede, las autoridades van a gastar un dineral en un estacionamiento. ¿Vamos a ir a dar clases en un estacionamiento? Claro que no, ¡necesitamos aulas! En algunas de nuestras salas de clase no tenemos ni ventiladores”, sostuvo el dirigente estudiantil Fernando Ayala, de la carrera de Derecho.
La Unves alquila para la Facultad de Ciencias Jurídicas las instalaciones del Colegio Cáceres Buscio de Villarrica por G. 13 millones mensuales, de acuerdo al contrato de locación.
