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A la par de los sistemáticos hechos de violencia que el domingo pasado terminaron por truncar su vida de manera cruel, Katia Brítez sigue siendo “ninguneada” por la Justicia, incluso después de su muerte. Mientras la ciudadanía se pregunta cómo es posible que una persona que haya acudido a la justicia a pedir protección termine asesinada en plena vía pública, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), máxima instancia judicial, permanece en silencio ante la tragedia.
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No se conoce de pedidos de informe a los tres jueces que atendieron el caso ni tampoco que se haya dispuesto una auditoría de gestión para conocer al menos las circunstancias en que el procesado Osvaldo Zaracho seguía beneficiado con arresto domiciliario -ratificado en marzo pasado- pese a las denuncias de violación de esta medida.
Hay versiones de que el juez penal de garantías Juan Francisco Recalde, quien el 26 de febrero pasado otorgó el arresto domiciliario a Zaracho, supuestamente presentó un informe al superintendente de Central, el ministro Eugenio Jiménez Rolón.
Sin embargo, el gabinete del ministro desconoce dicho reporte, según informaron desde la Dirección de Comunicación de la CSJ. Tampoco se pudo corroborar esta información con el magistrado, pues el mismo dice estar “ocupado” para no dar explicaciones sobre su decisión y con ese argumento no recibe visitas ni atiende llamadas de nuestra corresponsal.
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Feminicidio “brilló por su ausencia” en la sesión de la Corte Suprema de Justicia
En la sesión ordinaria de hoy, los ministros de la Corte Suprema de Justicia no hicieron referencia alguna al respecto. Se esperaba que el ministro Jiménez, como encargado de la Circunscripción Judicial de Central, solicitara la auditoría de gestión del expediente, pero ello no ocurrió.
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En el momento previsto para “asuntos varios”, el Dr. Jiménez pidió la palabra, pero fue únicamente para solicitar que se le de las gracias por los servicios prestados a una magistrada que se jubiló y sugerir a su interino y nada más.
No se explica cómo es posible que desde la máxima instancia judicial no tengan interés en conocer el manejo del expediente, ya que justamente lo que no solamente la labor investigativa del Ministerio Público está en tela de juicio, sino también la aplicación de las medidas cautelares.
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JEM tomó cartas en el asunto y pidió informes
Ayer, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) tomó cartas en el asunto y a petición del Dr. Enrique Kronawetter, dispuso el estudio de las actuaciones de los jueces y fiscales del caso. La solicitud tuvo la aprobación de los demás integrantes, entre los cuales se encontraba el ministro de la sala penal Manuel Ramírez Candia y el ministro de la sala civil y comercial César Garay.
Tras hacer referencia a las publicaciones de diferentes medios de prensa, Kronawetter destacó que el feminicida tenía pedido de sobreseimiento provisional, por la falta de pruebas por la prácticamente nula labor investigativa que tuvo el caso.
“De ser cierta esta información, resulta gravísimo y más aún por los hechos acaecidos, lo que implica a mi modesto modo de ver que amerita pedir los antecedentes respecto a estas actuaciones, a los efectos de que Dirección Jurídica tenga en su poder esto y pueda realizar evaluación preliminar para que nosotros decidamos si corresponde o no abrir una investigación preliminar contra el o los eventuales responsables”, argumentó Kronawetter.