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El juez de Garantías Rolando Duarte dictó la prisión preventiva de Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa; en el proceso que afronta por presunto hurto agravado, en el caso robo de 471 cheques de la secretaría del Juzgado Especializado en Delitos Económicos a cargo de Humberto Otazú.
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Por otro lado, el magistrado atendió el pedido realizado por el fiscal Silvio Corbeta, quien presentó la imputación; y ratificado en la fecha durante la audiencia de imposición de medidas por la fiscal Alma Zayas; y ordenó medidas alternativas a la prisión para la Abg. Emma González Ramos, procesada por supuesta obstrucción de restitución de bienes.
La letrada tiene prohibición de salir del país, prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juez, obligación de asistir a la audiencia preliminar una vez que sea convocada por el Juzgado de Garantías y prohibición de cambiar de número de celular.
Además, el Juzgado de Garantías intimó a González Ramos a que presente una fianza real con todos los documentos en orden, en un plazo máximo de 15 días. En caso de que no lo haga, se le revocarán las medidas alternativas a la prisión.
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RGD y su abogada, imputados por presunto robo de cheques
Según la imputación presentada por el fiscal Silvio Corbeta, el robo de 471 cheques que habían sido incautados del poder de Ramón González Daher se dio en la causa por usura y otros delitos, que finalizó con su condena a 15 años de cárcel y la de su hijo, Fernando González Karjallo, a 5 años de prisión.
Los cheques habían sido hurtados del depósito del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo del juez Humberto Otazú, entre febrero y agosto del año 2022.
El Ministerio Público logró determinar que 16 de esos cheques fueron utilizados por RGD para promover juicios contra Dolly Librada Bareiro Peña y Emigdio Bernardo Balbuena Pettengill, a través de la abogada Emma González Ramos.
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“Se cuenta con suficientes elementos que permiten suponer que el imputado (RGD), con el afán de seguir operando comercialmente y continuar percibiendo los beneficios de la usura probada en juicio con los instrumentos de pago robados, habría instruido a una persona para sustraer los cheques y luego iniciar juicio” para apretar a sus víctimas, resalta la imputación fiscal.