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El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, conformado por los magistrados Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas, rechazaron las chicanas planteadas por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor del exdirector de gabinete de la Gobernación de Central, Miguel Ángel Robles Ibarra.
El procesado es investigado en calidad de instigador por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, en la causa más conocida como “facturas clonadas”, donde, supuestamente, el exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), Miguel Ángel Robles, otros exfuncionarios de la institución, además de contratistas y miembros de una ONG, desviaron G. 5.105 millones del fondo Covid-19 durante la pandemia.
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Los fiscales de la causa, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, acusaron a Hugo Javier, Miguel Robles y otras cuatro personas y solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público. Así, el juez Humberto Otazú resolvió tras las audiencias preliminares que todos enfrenten un juicio.
Robles el único que apeló
El único que apeló la resolución judicial fue Robles y con varias chicanas pretendió revertir la decisión o dilatar el proceso. Sin embargo, el Tribunal de Apelación decidió que sí vaya a juicio como presunto cerebro del “esquema delictivo” creado para causar el daño patrimonial.
Los miembros del Tribunal decidieron no hacer lugar a los planteamientos del abogado Guillermo Duarte, como la nulidad de la acusación y consecuente sobreseimiento definitivo interpuestos como defensa de Miguel Ángel Robles y al incidente de exclusión probatoria.
Por otro lado, los magistrados decidieron considerar “parcialmente” otros dos pedidos de la defensa, como por ejemplo, realizar una pericia de algunos documentos que obran en la carpeta fiscal y pedir informes.
El 2 de junio cumplió dos años del escándalo que involucró a la Gobernación del departamento Central, donde el exgobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), y exfuncionarios de la institución fueron investigados por el presunto desvió de G. 5.105 millones del fondo Covid-19, que el Ejecutivo desembolsó a la institución departamental, en diciembre de 2020, para la reactivación económica durante la pandemia.
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Pero, en vez de generar fuente de trabajo como lo estableció la ley para la administración del fondo, se creó, según el Ministerio Público, un “esquema delictivo”, dentro de la misma Gobernación para robarse todo el dinero que incluso, se debió invertir en hospitales públicos.
Fabricación y clonación de facturas
Los procesados se encargaron de “fabricar y clonar” facturas que luego presentaron en la rendición de cuentas de la supuesta ejecución del recurso a la Contraloría General de la República (CGR).
Los acusados en la causa y que esperan el inicio del juicio oral y público donde serán juzgados son, el exgobernador Hugo Javier González Alegre, el exasesor y exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, supuesto “cerebro” que ideó el “esquema delictivo”, el exdirector de Administración y Finanzas de la institución Marcelo Rojas, la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano, el extesorero Luis Allende y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente.