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La masiva entrada de camiones cisterna con chapa boliviana a la ciudad de San Antonio obliga a habilitar estacionamientos para evitar que los rodados de gran porte estén sobre la avenida. Sin embargo, el propietario de una de las propiedades denunció la municipalidad le pone innumerables trabas para abrir un parque cerrado.
Desde el fin de semana último la familia Centurión Bogarín habilitó un predio de más de 12 hectáreas para que ingresen los camiones cisterna procedentes de Bolivia, sin la aprobación de la Municipalidad local y se generó conflicto.
Este hecho obligó a la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de San Antonio a inhabilitar en forma temporal el establecimiento. Exige a los responsables presentar la evaluación de impacto ambiental del Ministerio del ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y estar al día con el pago del impuesto inmobiliario.
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“La Municipalidad nos exige la evaluación del impacto ambiental y se encuentra en trámites en el Mades, incluso para la habilitación de una arenera, sin embargo, la empresa Avispón, que opera en la propiedad del IPS, no cuenta con nada, esta empresa está peor, según me confirmó un propio funcionario del Mades”, cuestionó el propietario del inmueble, César Centurión Bogarín.
Reconoció además que se encuentra en mora en el pago del impuesto inmobiliario por dos años y también cuestionó el monto establecido por la administración. Calificó de robo la liquidación hecha por la municipalidad.
Habilitar y luego presentar documentación
Centurión indicó que la administración municipal no puede exigir el pago del impuesto inmobiliario para otorgar la patente comercial y que puede habilitar el predio para el estacionamiento porque ya se encuentra en trámite la evaluación del impacto ambiental.
“La evaluación del impacto ambiental está en trámite en el Mades y el impuesto inmobiliario vamos a pagar, pero no el monto que pretende la municipalidad, porque no se ajusta al valor fiscal, no tengo para regalar plata a nadie, y la municipalidad está cometiendo un robo y abuso de poder”, expresó Centurión.
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La administración municipal realizó una liquidación de más de G. 193 millones por dos años, monto considerado exagerado y que no se ajusta al valor fiscal. Alega que según la Dirección General de Catastro solo debe de abonar cerca de G. 60 millones por las más de 12 hectáreas.
El empresario calificó de absurdo el hecho de que la Municipalidad exija el pago del impuesto del terreno para iniciar los trámites de la habilitación de estacionamiento. Asegura que son dos cosas muy diferentes.
“Existen leyes y ordenanzas que deben de cumplir”
En la Municipalidad de San Antonio alegan que existe una ordenanza que establece que para otorgar una patente comercial se tiene que estar al día con el impuesto inmobiliario. Aseguran que las liquidaciones se realizan de acuerdo al valor fiscal.
“Existen leyes y ordenanzas que se deben de cumplir y además el estacionamiento de camiones cisterna se quiere habilitar al costado de una planta de combustible. Se tiene que cumplir con todos los requisitos y evitar alguna tragedia, porque la responsabilidad es del intendente. Solo exigimos que haga de acuerdo a la ley”, expresó el director de Recaudaciones de la municipalidad, Leandro Vargas.
Aseguró que habilitar un estacionamiento de camiones cisterna al costado de una planta de combustibles es una bomba de tiempo, donde un incendio o explosión puede ocasionar una tragedia.
“Esta familia quiere que la municipalidad habilité en forma temporal, mientras hacen los trámites. No se puede, al costado se encuentra una planta de hidrocarburos, y si ocurre algún incendio se provocará una tragedia”, expresó Vargas.
En este punto, la familia Centurión alega que no existe peligro alguno porque los camiones cistena que ingresan a su propiedad están vacíos.
Impuesto inmobiliario
Con relación a la liquidación del impuesto inmobiliario indicó que se toma en cuenta el valor fiscal del terreno y que la propiedad en cuestión supera más de G. 5.000 millones, pero el propietario alega que es solo un poco más de G. 1.000 millones.
“Tenemos escalas y todo un sistema para la liquidación del impuesto inmobiliario y esta gente venía pagando como una zona rural y nuestra ciudad es totalmente urbana. Se hizo la valoración correspondiente para elaborar el impuesto y si ignoramos las leyes con uno debemos de hacerlo con todos”, explicó el funcionario.
Dijo que en Catastro Nacional no están actualizados y confunde a la contribuyentes, y que existen escalas de acuerdo a la ubicación, tipo de pavimento y edificaciones.
Sobre el pago como zona rural, el propietario del inmueble alega que paga como zona urbana y que desde hace unas tres administraciones se viene incrementando en forma discrecional el impuesto. Aseguró que solo debe de pagar cerca de G. 60 millones.
Se cuestiona la planta de Avispón
César Centurión cuestionó que el estacionamiento habilitado en el predio del Instituto de Previsión Social (IPS) por la firma Avispón se encuentra en forma irregular y tampoco cuenta con el impacto ambiental. Incluso la instalación eléctrica es anormal, indicó.
“El estacionamiento habilitado en el predio colindante al mío, propiedad del IPS está peor, no tiene nada; trabaja en negro y es evidente que el intendente tiene intereses. A nosotros se nos exige de todo para que la empresa Avispón no tenga competencia”, expresó Centurión.
Dijo además que desde los sanitarios instalados en predio contiguo vierten los desechos a un cauce que cruza por la propiedad de la familia Centurión y desemboca en aguas del río Paraguay. Sin embargo, en el predio cuestionado cuentan con baños portátiles, expresó.
Agregó que habilitó el predio para estacionamiento debido a las constantes quejas de los conductores de supuestos maltratos de parte de los responsables de la firma Avispón y la falta de comodidad en el lugar.
Además denunció la tala masiva en el predio de la previsional para la habilitación del estacionamiento y la gran cantidad de polvo que se genera con el ingreso y salida de los camiones de gran porte.
Empresa niega denuncias
Sin embargo, la responsable de la firma Avispón, Lilian Duarte, afirmó que cuentan con la patente comercial y con todos los requisitos establecidos por la municipalidad. Comentó que los muchos de los conductores bolivianos son violentos.
“Tenemos todo en regla, la evaluación de impacto ambiental y la patente comercial. Es más, la municipalidad nos cerró por 15 días porque no presentamos los documentos. Ahora estamos ampliando el impacto ambiental y nos exigen la construcción de más sanitarios”, relató Duarte.
Con relación a los maltratos a los trabajadores bolivianos, comentó que muchos de los conductores son violentos y que muchas veces piden la intervención policial para poder calmar los ánimos. En una oportunidad agredieron al portero, dijo.
“Muchos de los conductores salen a cenar e ingieren bebidas alcohólicas y son violentos. Ya agredieron a varios funcionarios, hasta atropellaron el portón del predio y casi arrollan al portero; muchas veces pedimos la intervención policial para que no pase a mayores”, relató Duarte.
Sobre la denuncia de tala masiva, la responsable de la firma alegó que solo fueron cortados arbustos.
Gremio de camioneros denuncias agresiones
El comité ejecutivo del Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional remitió una nota a la viceministra de gestión institucional y consular, Eva Gloria Chuquimia Mamani, denunciando que los conductores de camiones cisterna sufren maltratos en Paraguay.
“Transportistas cisterneros bolivianos sufren malos tratos en las distintas plantas de carga de combustible en Asunción Paraguay. En especial en la planta de Puma gareje San Antonio, Avispón, nuestros transportistas deben de soportar gritos e insultos de los funcionarios y que se le corta el agua”, reza una parte de la nota presentada a la diplomática boliviana.
En este punto, Duarte alega que cada empresa responsable de los camioneros ya respondieron la nota. Además, negó que se les maltrata en el predio a su cargo y reiteró que algunos conductores actúan con mucha belicosidad y que incluso llegaron a herir con arma blanca a un funcionario.
Los conductores bolivianos también denuncian que son constantemente víctimas de pedidos de coimas por estacionar en las avenidas y calles de la ciudad de parte del personal de Tránsito de la Municipalidad de San Antonio.