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Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), calificó de “desconcertante” el oficio librado por fiscales a Última Hora y ABC para informar sobre quiénes escribieron determinados artículos relacionados a Horacio Cartes.
Indicó que la acción fiscal puede implicar dos cosas: una de ellas es el desconocimiento de la normativa y los estándares nacionales e internacionales de protección a la libertad de expresion, al ejercicio libre del periodismo. La otra posibilidad es que se trate de un amedrentamiento y acoso judicial, planteó.
Sobre el primer punto, señaló que sería sumamente grave si un agente del Ministerio Público desconozca las normativas. “Quien haya leído la Constitución sabe que las fuentes periodísticas están protegidas y que cualquier artículo que no esté firmado es responsabilidad editorial y que, aun así, eso también está protegido dentro del ejercicio libre del periodismo”, detalló.
“En el caso del desconocimiento de esa norma es muy grave, porque son personas que están actuando en nombre del Ministerio Público desde hace mucho tiempo, no son fiscales nuevos, son renombrados”, enfatizó.
Un acoso judicial contra periodistas
Sobre la otra posibilidad, de que sea un intento de amendrentamiento, señaló que es aún más grave. Indicó que se intenta vincular a los colegas a una causa que ya es “sumamente cargada de temas políticos” y es un intento de generar un acoso judicial, en que los periodistas sean convocados a declarar, a dar un testimonio, a intentar que se revelen sus fuentes.
En ese sentido, recordó que esto ya pasó antes, cuando la periodista Mabel Rehnfeldt fue citada a declarar en el marco de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la amenazaron en pleno juicio oral.
“Son situaciones bastante graves porque, si es así, estamos ante una violación abierta del derecho a la libertad de expresión y sobre todo el derecho de la ciudadanía a estar informada. El derecho del acceso a la información es un derecho que no nos asiste solamente a los periodistas, sino que fundamentalmente asiste a la ciudadanía, eso está consagrado en la Constitución Nacional”, enfatizó.
Piden acción urgente de Emiliano Rolón
En ese contexto, el sindicalista señaló que piden de manera urgente al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que tome cartas en el asunto. “Nosotros sabemos que hay gente capacitada en el Ministerio Público al respecto, que podría dar su mirada y no va a permitir que esto ocurra, que tomen medidas y se revierta esta situación dejando sin efecto estos oficios”, instó.
Agregó que Rolón debe desligarse de esto, o si no estaría asumiendo una posición institucional muy peligrosa.
“Lo que corresponde es que ordene a estos fiscales que se den cuenta de lo grave que hicieron y que retiren los oficios porque, o si no, se está asumiendo que la posición institucional es ir en contra de la protección de estos derechos... empezar en un espiral que puede ser sumamente grave, en pleno inicio de un gobierno y de un mandato constitucional del Ministerio Público”, enfatizó y dijo que lo que se busca finalmente es acallar a los periodistas.
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Periodistas optan por autocensurarse, por miedo
El periodista señaló que lo normal es que los fiscales soliciten videos o audios a los medios de prensa, que puedan servir como pruebas para un juicio, pero en esta ocasión los fiscales fueron a intentar directamente identificar a los periodistas.
Incluso destacó que, en el caso de ABC Color, se pidieron informes sobre notas que fueron repercusión de declaraciones de legisladores y podrían recurrir a estos políticos si buscan pruebas.
“Finalmente termina en que los periodistas eviten meterse en estos temas para no terminar en el banquillo de los acusados y lo involucren en un juicio, a partir de ahí surge lo que es la autocensura porque evidentemente no queremos ser molestados en el trabajo”, lamentó.