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El ministro de la Corte Suprema de Justicia, integrante de la Sala Constitucional, Dr. Víctor Ríos Ojeda, es asimismo rector de la Universidad Nacional de Pilar, desde el año 2004. Manifestó en la sesión ordinaria que ante la posibilidad de tomar exámenes de competencia a los abogados para poder litigar ante los estrados judiciales, planteó que estas evaluaciones sean aplicadas a los egresados de las facultades de Derecho de las carreras que no estén acreditadas. La propuesta de Ríos será analizada por el pleno en las próximas sesiones.
La intención de tomar examen de suficiencia a los abogados para que obtengan sus matrículas fue solicitada en la sesión del miércoles de la semana pasada por el ministro Manuel Ramírez Candia, ante la detección de títulos falsos.
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Ríos Ojeda agregó: “La ley de control de calidad del sistema superior establece el principio de someter la carrera a una evaluación, es un acto voluntario de la universidad, salvo en los casos de carreras reguladas por el Estado, que debe entenderse como aquellas carreras que además del certificado y el título de grado, requiere un acto más del poder administrador como en este caso de la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de otorgar la matrícula para el ejercicio de la profesión”.
También explicó que en base a ese control del Estado, las universidades tienen la obligación de someterse al proceso de evaluación con fines de acreditación.
Solamente 35 carreras de Derecho acreditadas
Según explicó, de las 153 carreras de Derecho ofrecidas por 56 universidades en el país, 35 están acreditadas. Esto representa el 23% de las carreras. El resto de las carreras no están acreditadas. “Entonces, es obligación de la Corte tomar el examen de suficiencia ya que la mayoría de las carreras no están acreditadas porque no fueron sometidas al proceso de evaluación”, indicó el ministro de Corte.
Informó que unas 10 universidades fueron sometidas a evaluación, pero no lograron la acreditación, y hay una que tiene postergado su análisis.
Evaluación a egresados de carreras no acreditadas
El ministro Ríos Ojeda propuso en la sesión que en base a los antecedentes que señaló corresponde que la Corte Suprema establezca un examen de competencia para egresados de carreras no acreditadas.
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“Esa es la línea que estamos trabajando. Ahora uno puede tener sus cuestionamientos a los indicadores, a los parámetros de calidad, pero eso vamos a discutir en su momento como Corte con la ANEAES (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior). Que se sepa que somos respetuosos del sistema de control de calidad de la educación superior del Paraguay, de la legislación vigente”, agregó.
Añadió que hay una obligación que cumplir porque son 113 las carreras de Derecho que no están acreditadas. “Eso implica un escenario que necesariamente tiene que tener algún control de calidad de parte del Estado, y le corresponde a la Corte trabajar sobre ese examen de competencia”, reiteró.
Sesión extraordinaria para explicar acción de senadora Amarilla
Por pedido del ministro Víctor Ríos Ojeda, la Corte Suprema también resolvió realizar una sesión extraordinaria de forma pública para explicar los votos emitidos por los ministros de la Corte en la acción de inconstitucionalidad planteada por la ahora senadora Celeste Amarilla.
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Ríos Ojeda sostuvo que se estaba pasando en limpio la sentencia, pero que de manera innecesaria se estaba prolongando la resolución de este caso.
“Si como Corte retrasamos una resolución uno obviamente puede decir que perdió su objeto, que ya no tiene sentido. Por eso pido que el próximo martes a las 9:00 fijemos una audiencia pública en la sesión, y expliquemos nuestros votos sobre la sanción que recibió de parte de la Cámara de Diputados cuando Amarilla integraba ese cuerpo legislativo.
El pedido del ministro Ríos fue aceptado de forma unánime.
Antecedentes de la sanción a la entonces diputada
El 12 de octubre de 2020, la entonces diputada Celeste Amarilla, acompañada de un grupo de sus colegas, llegó hasta el Palacio de Justicia para apoyar la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de la suspensión de 60 días sin goce de sueldo contra la legisladora del PLRA.
Amarilla fue sancionada por sus colegas “por inconducta” luego de que la misma señalara en su alocución en el Parlamento de que muchas candidaturas de la Cámara Baja fueron financiadas por dinero sucio.