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En una resolución divulgada hoy, la fiscala adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), María Soledad Machuca, rechazó la recusación presentada por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra los fiscales Alicia Sapriza, Federico Delfino y Osmar Legal. Asimismo, Machuca declaró inoficioso el estudio de la recusación contra el fiscal Lorenzo Lezcano, debido a que el mismo fue desafectado de esta causa el 16 de agosto pasado.
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El exministro aseguró en el escrito de la recusación que durante el proceso, y en base a la documentación que acompaña al escrito, queda demostrada la parcialidad manifiesta de los fiscales y en base a estos argumentos solicita que de manera urgente sean separados de la causa como intervinientes por violar, supuestamente, el principio de objetividad con el que deben conducirse.
“El fiscal Omar Legal, vía cooperación internacional, realizó una audiencia con Marcus Vinicius (el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua), en noviembre de 2022; por solicitud mía y recién 7 meses después, me fue entregada copia de la grabación, ocultando esta diligencia por no conseguir pruebas en mi contra”, señala el exministro y adjunta fotografías.
Según Giuzzio, esta diligencia fue ocultada hasta que se dio a conocer por medios de prensa. “La difusión de fragmentos del interrogatorio por parte de un medio de comunicación obligó a los agentes fiscales a incluir en la carpeta fiscal ese material y facilitarme copias íntegras”, dijo.
Fiscales niegan haber ocultado pruebas al exministro Arnaldo Giuzzio
“Las alegaciones de Giuzzio distan de la realidad, pues las diligencias y pruebas que señala que ‘les fueron ocultadas’ siempre estuvieron a disposición de su abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos, quien designó procurador para el control rutinario, casi diario, de las constancias obrantes en la carpeta de investigación fiscal (...)”, alegaron los fiscales al contestar la recusación, tras precisar que las pruebas estuvieron a disposición de la defensa desde el 12 de diciembre.
Machuca concluye que el pedido de separación no se fundamenta en hechos concretos, sino en la disconformidad del procesado con la intervención de los agentes fiscales, la cual está sujeta a control jurisdiccional.
“Debe tratarse de una circunstancia de hecho que afecte la objetividad de los agentes fiscales e influya en su decisión. Podría ser el caso de que una investigación, a cargo del recusado, intervenga una persona con quien tenga un vínculo conocido, personal y comprobable, que sea de una gravedad tal capaz de motivar su actuación”, explicó Machuca.
“Los temas de índole procesal relacionados con las actividades investigativas deben recibir el tratamiento respectivo en sede judicial, mediante las vías habilitadas para el efecto, por lo que cualquier cuestionamiento que la parte concurrente pueda tener acerca de las garantías procesales que le asisten deben ser puestas a conocimiento del juzgado penal de Garantías competente, pues dicho órgano se erige en contralor de las actuaciones procesales”, destaca la fiscala adjunta.
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La acusación contra el exministro del Interior
El 16 de agosto pasado, los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Jorge Arce y Diego Arzamendia, presentaron acusación en contra del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, por la presunta comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima) y solicitaron que la causa penal se eleve a juicio oral y público.
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Según la acusación, Giuzzio fue designado como secretario de la cartera de Interior por el Decreto N° 4.799 y ocupó el cargo entre el 22 de enero de 2021 y el 22 de febrero de 2022. En el mes de julio de 2021 habría mantenido contacto personal y comunicación fluida con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola.
El 15 de febrero de 2022, mientras Giuzzio aún era encargado de velar por la seguridad interna, la Senad y el Ministerio Público desplegaron el operativo “Turf” en Paraguay, en el Paraná Country Club (PCC) de Hernandarias en la búsqueda de Marcus Vinicius y su socio Lindomar Reges Furtado, pero este último fue alertado y logró huir.
En tanto que Marcus Vinicius Espíndola fue detenido en la operación “Britium”, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, ese mismo día desplegado por la Policía Federal de ese país. Espíndola administraba y dirigía en Ciudad del Este las empresas “Black Eagle Group SA” y “Ombu SA”, dedicadas al blindaje de automóviles.
La audiencia preliminar, a cargo del juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás, está fijada para el próximo 31 de agosto.