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El detallado relato realizado por el fiscal Osmar Legal de los 28 casos de “apriete” que detectó en los cinco meses que duró la investigación a la unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo, a cargo de Ana Girala López, es simplemente aterrador.
El caso que motivó la intervención del fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción fue una denuncia realizada por un ciudadano al que le pidieron G. 25 millones para no acusar a su hijo, en un caso de tentativa de homicidio doloso.
La denuncia señala que el primer ofrecimiento de “llegar a un arreglo con la Fiscalía” se realizó el 8 de febrero por parte de la abogada Nélida Alcaraz y a partir de ahí Legal realizó un seguimiento de las tratativas hasta el 16 de febrero pasado, fecha en que se realizó la entrega vigilada, en la propia sede del MInisterio Público.
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La acusación refiere que el 15 de febrero pasado, Girala recibió el reporte por parte de la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz respecto a la posibilidad de “cerrar” el trato con el denunciante pero que la abogada Liz Elena Martínez Robles necesitaba saber la salida que le daría en la audiencia preliminar.
“(,,,) hoy o mañana se van a reunir para concretar ya, ay Doc que emoción”
Girala se habría comprometido a solicitar un “procedimiento abreviado” para ambos procesados y al cabo de algunos minutos la funcionaria vuelve a reportarse a su jefa con el siguiente mensaje:
“... ay doc, que emoción, ahí ya le llamé a Liz, ya le comenté y me dice que parece que hablaron, o sea Derlis con Richard parece que hablaron me dijo y por eso se comunicó el papá de Richard, se comunicó con ella y que mañana, no se si hoy o mañana se van a reunir para concretar ya, ay Doc que emoción...”.
La acusación relata que posteriormente, las acusadas habrían tenido conversación en torno a la suma de dinero que la abogada Liz Martínez solicitaría para ellas.
La fiscala Ana Elizabeth Girala López está acusada por extorsión, cohecho pasivo cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal.
Griselda Acha está acusada por extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal y la asistente fiscal Christi M. Ortega Domínguez, por extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal.
La acusación contra Liz Martínez es por extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal.
El abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza está acusado por soborno agravado, tráfico de influencias y asociación criminal y su colega Nélida V. Alcaraz Bogarín por tráfico de influencias.
Salidas procesales eran “negociadas”
En su acusación, el fiscal Osmar Legal sostiene que la fiscala Ana Girala dirigía las negociaciones en la sede a su cargo, la Unidad Penal Nº 1 de la Fiscalía de San Lorenzo. Si bien la denuncia que dio origen a la investigación del caso es de febrero pasado, el peritaje realizado a los celulares de las acusadas permitió detectar supuestos hechos de corrupción desde setiembre del 2022, en 28 causas.
“(...) la agente fiscal Ana E. Girala López, (...) se encargó de determinar en qué causas penales se podrían realizar “negociaciones” de acuerdo al perfil de cada usuario del sistema de justicia o en su caso, de acuerdo a quién era el abogado que intervenía en las mismas” afirma la acusación.
“Una vez, que determinaba las causas, la misma fijaba el “precio” de su trabajo, que podría incluir desde la recepción de pedidos de allanamientos en los turnos, una salida procesal, entrega de rodados, formular imputación o así también, realizar diligencias propias de las causas penales como cualquier otra actividad propia de sus funciones”, agrega.
“El Ministerio Público sostiene que acusadas actuaron en todo momento en total coordinación como así también en constantes comunicaciones a través del intercambio de llamadas y mensajes por la aplicación de mensajería instantánea “WhatsApp” además de que, éste no fue el único caso, causa penal, ni la única oportunidad en que las acusadas negociaron “salidas procesales” a cambio de solicitar y recibir sumas de dinero para repartirse entre las ellas.”, concluye la acusación.
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¿Mbaeicha piko en cuotas?
Un audio enviado por la abogada Liz Martínez a la asistente fiscal Christi Magalí Ortega evidencia el despiadado accionar del equipo cuando de “apriete” se trata.
LM:_”Y yo ahi cuando hay una expectativa de ganar algo de cabeza yo me voy a poner, no ves hoy como le hice tener todo miedo a la señora? Ihh Dios mío, no se anga que lo que van a hacer ina ellos, algo van a empeñar ina jaja, ay Dios mio, pero vos sabés que doc son de familia gordo obeso, toditos son gordos un poco sus hijos, no podemos piko darle en cuotas he’i katu cheve haimetete apu’a aharei chuguikuera, ninguna posibilidad yo, mbaeicha piko en cuotas? que estúpido que es, que lo que me dice.. te digo ya que es como si fuese que me pegue por la cara que me diga eso. Noo, vamos a esperar nomas más entonces le dije, espera espera espera doctora, vamos a ver que hacemos he’i”.
C.O:_ “Siii yo se doc, por favorrr, Diossss miooo. Cuota ni que fueras banco”.
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Imputación para “asustar”
Otra conversación entre la fiscala Ana Girala y su secretaria Griselda Acha es bastante ilustrativa respecto a los métodos utilizados por las acusadas para “ablandar” a sus ocasionales víctimas.
La conversación desarrollada el 16 de noviembre del 2022 tiene relación con la causa de lesión corporal, identificada como N° 7. La acusación revela que Ana Elizabeth Girala López pactó en solicitar la suma de G. 2.000.000 para no imputar a una persona denunciada por lesión, tal como se señala a continuación. Esto es lo que dijeron:
Griselda Acha: “Y según la declaración de la víctima, le golpeó en la cara el carachento”.
A esta explicación, Ana Girala le consultó si había diagnóstico y le dio la siguiente instrucción a su funcionaria: “Asústale decile que ya te dije que se impute, Para que no se haga”.
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Audiencia preliminar será el 4 de setiembre
Tras recibir la imputación, el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás fijó para el próximo 4 de setiembre la audiencia preliminar para resolver si los acusados serán juzgados en un juicio oral y público como solicita el Ministerio Público.
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