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En la Cámara de Diputados se está aguardando que el titular Raúl Latorre firme la resolución de integración de la “Comisión Especial”, cuyos parlamentarios designados por sus bancadas se encargarán de analizar el pedido de intervención de la Municipalidad de Carapeguá. La solicitud fue remitida a la Cámara Baja, por el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, según mensaje de texto N° 821 y el expediente D 2373095.
La conformación de la Comisión quedó de la siguiente manera: cinco diputados de la ANR; tres diputados del PLRA; y un diputado del tercer espacio de Cruzada Nacional. Por la ANR fueron designados como miembros de la comisión, los legisladores por el bloque A, Asociación Nacional Republicana (ANR-HC), Esteban Martín Samaniego Álvarez, Héctor Rubén Figueredo Notario y Carlos Marcial Godoy García.
Además, integran la Comisión Especial los parlamentarios colorados de Fuerza Republicana (FR): Juan Manuel Añazco Vera y Mauricio Fabián Espínola Núñez. Asimismo, el bloque A del PLRA está representado por Cleto Marcelino Giménez Giménez, por el bloque PL, Emilio Pavón Doldán y por la bancada C fue designado el diputado Adriano Darío Vaesken Vázquez.
La denominada tercera fuerza política CN, designó como representante ante la Comisión Especial a la parlamentaria Laydi Paola Galeano Chávez. La comisión tendrá un plazo de 15 días para estudiar la solicitud de acuerdo constitucional que dispone la intervención o no de la Municipalidad de Carapeguá.
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Una vez redactado el dictamen por la Comisión Especial será remitido para su estudio en la plenaria de la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios deberán resolver si aprueban o no la intervención de la Municipalidad de Carapeguá. Si aprueban, el Poder Ejecutivo designará un interventor, que deberá elevar sus conclusiones a la Cámara de Diputados en un plazo de hasta 90 días.
Denuncia de irregularidades
Entre las irregularidades denunciadas por los concejales municipales y que afectan al intendente Cañete se encuentran que el ejecutivo comunal, no realizó en tiempo y forma las transferencias al Ministerio de Hacienda y a la Gobernación los aportes en concepto de Impuesto Inmobiliario de G. 141.780.812, así como tampoco a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, por la suma de G. 21.860.000.
En su gestión del periodo 2021 se registra retención de dieta de los ex concejales municipales a quienes se les adeudan más de G. 200 millones. Entre ellos están aguardando cobrar, los colorados Ángel Enrique González, Carlos Buenaventura Amarilla, Alberto Virgilli y Diosnel Aníbal Benítez (FG) y Margarita Miró de García (PLRA).
A esto se suma que los llamados y adjudicaciones por la vía de la excepción se realizaron sin cumplir con los criterios establecidos, de que debe ser urgente e impostergable. En ese sentido, encontraron el pago por un supuesto servicio de consultoría ambiental de G.175.352.018. Además, otro servicio de consultoría ambiental, manejo sustentable de áreas silvestres protegidas del Cerro Bogarín, por G. 71.600.000, pagado con cheque N° 7443298 a Jorge Ariel Vera.
Se le suma la construcción de canaleta de agua en la Compañía Cerro Pinto, que se realizó por G. 49.920.000, adjudicada a la empresa Visa Construcciones Generales. Sin embargo, según denuncia de los concejales, la obra se realizó con maquinarias y operario de la Municipalidad, por lo que amerita la intervención de la administración de Cañete.