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El recurso de reposición planteado por la defensa de Roberto Garcete, en contra de la admisión de la imputación por los presuntos hechos de usura, lavado de dinero, asociación criminal y producción y uso de documentos no auténticos, fue rechazado por el juez de Garantías de la causa, José Agustín Delmás, quien remitió el expediente a un Tribunal de Apelación, a fin de resolver la apelación subsidiaria que interpuso el exdirigente de fútbol vinculado a Ramón González Daher (RGD).
Con la chicana planteada en contra de la providencia del juzgado penal de Garantías que admitió la imputación presentada por el fiscal Luis Said y procesó al dirigente de fútbol y otros cuatro imputados, el exdirigente de fútbol logró suspender su audiencia de imposición de medidas que se había fijado para el pasado 8 de agosto.
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Los demás procesados son: la esposa de Garcete, Lidia Concepción Cano; sus hijos Roberto Alejandro y Fabiana Soledad Garcete Cano, y la escribana María de Lourdes Duarte Franco.
Según la imputación fiscal, Roberto Garcete y su familia conforman un esquema de usura vinculado a Ramón González Daher y habrían despojado a la víctima de usura Eladio Miguel Britos de un inmueble de más de G. 1.000 millones por un préstamo de G. 200 millones.
Víctima pagó mucho más de lo que prestó
El fiscal Said explicó a ABC que Eladio Miguel Britos realizó un pago inicial de G. 100 millones para saldar parte de su deuda por el préstamo de los G. 200 millones, sin percibir un recibo, y posteriormente hizo entrega de un cheque por G. 300 millones al prestamista, totalizando una suma muy superior a la deuda original y las tasas de interés establecidas por el Banco Central del Paraguay.
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A pesar de eso, Garcete Rodríguez depositó la totalidad del dinero en su cuenta bancaria y se quedó con el dinero, según indicó el agente fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El 26 de noviembre de 2014, Garcete citó a Britos a una reunión en un edificio del centro de Asunción. Allí se encontraron con Ramón González Daher, quien los intimó a abandonar su casa en un plazo de 30 días. El 20 de diciembre, entregaron la llave a Garcete.
Posteriormente, Garcete los volvió a convocar a una reunión, diciendo que había “buenas noticias”: les dijeron que les iban a devolver la casa, pero con la condición de que Britos firme cuatro cheques por valor total de G. 534 millones.
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Britos firmó los cheques y prometieron devolverle la llave, pero pasaron los días y Garcete desapareció, de acuerdo al relato del Ministerio Público en el acta de imputación.
Protocolo de compraventa alterado
El fiscal del caso refirió que el protocolo de compraventa de la propiedad fue confeccionado por la escribana María de Lourdes Duarte, también imputada, pero inscrito en el Registro Público recién en 2015, dos años después de la firma del mismo, “al momento en que estas personas no pudieron seguir cobrando más intereses” a Britos, de acuerdo a Said.
Originalmente, el documento hablaba de una compraventa por G. 300 millones, pero posteriormente fue modificado para que figure la cifra de 1.500 millones, un monto que se aproxima a la tasación real del inmueble, agregó el agente del Ministerio Público.
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El fiscal Said puntualizó que la familia Britos inició una acción civil buscando la nulidad del título, pero esta no ha tenido un avance significativo, comentó el fiscal.
El Ministerio Público solicitó el embargo preventivo del inmueble en cuestión, que continúa a nombre de la empresa Credimoney.