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Tras recibir la acusación por extorsión y otros delitos presentada contra la fiscala Ana Girala y otras cinco personas -dos funcionarias fiscales y tres abogados- por el fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), el juez penal de garantías José Agustín Delmás convocó a las partes para el próximo 4 de setiembre, a las 08:00, a fin de realizar la audiencia preliminar.
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En la fecha indicada, el magistrado deberá resolver si acepta la acusación y envía a juicio oral la causa abierta a los seis acusados por una serie de delitos presuntamente cometidos entre setiembre del año pasado y febrero último.
La investigación realizada por el fiscal Osmar Legal a la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo a cargo de Ana Girala se inició a partir de una denuncia realizada por un ciudadano al que le pidieron G. 25 millones para no acusar a su hijo, en un caso de tentativa de homicidio doloso y otros delitos, pero desnudó casi una treintena de casos de “apriete”.
La denuncia se presentó en los primeros días de febrero y a partir de ahí, Legal realizó un seguimiento de las tratativas hasta el 16 de febrero pasado, fecha en que se realizó la entrega vigilada.
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“Fijáte en su pinta”
Los chats revelan que desde el momento en que uno pisaba la Fiscalía ya era inmediatamente “radiografiado” por las funcionarias a los efectos de determinar cuánto le podrían quitar. A juzgar por los hechos relatados en la acusación, de casi 200 hojas, la voracidad del “equipo apriete” no tenía límites y tampoco compasión, pues ante cualquier resistencia de los judiciables, sus integrantes no dudaban en recurrir a los más variados recursos para lograr su objetivo.
La descripción de los chats relacionados con la causa N°12 -de las 28 en que el fiscal Osmar Legal detectó indicios de corrupción desde setiembre del año pasado, inclusive- evidencia cómo operaban las ahora acusadas.
En este caso específico, Griselda Acha avisa a su jefa que llegó una señora “de la reducción” y que llegó sola la oficina. ¿Que hacemos con ella? pregunta la funcionaria. A partir de ahí, se desarrolló el siguiente diálogo:
- Ana Girala: _ ¿Le hablaste? Depende de eso para tomarle una testimonial”.
- Griselda Acha: “Todavía doc, No le hable, Decime que le decimos o cuanto así ya le habla Maga”.
- A.G: _ “Fijate en su pinta”.
- G.A. _ “Vamos a ver qué podemos hacer por qué medio que su pinta”, le adjuntó un sticker
- AG: _ “Primero hay que hablarle a ver qué insinúa, Porque si no da no hay que arriesgar”
- G.A.: _”Ahí Maga ya le está hablando”.
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“Una vez que se le suelta es difícil que ya paguen”
Las conversaciones entre las acusadas y el denunciante del caso que dio origen a la investigación, pinta de cuerpo entero la voracidad con que actuaban y lo implacable que eran con los justiciables. Uno de los chats entre la abogada Liz Elena Martínez Robles y la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez, transcriptos en la acusación, dice lo siguiente:
- Liz Elena Martínez Robles: “Que va a hacer la doc? No te dijo?
- Christi Magalí Ortega: “Todavía no me dijo nada. Aquí estamos viendo. Para no dejar así”.
- LM: “Me quiere firmar pagaré. He’i”.
- CO: “Por favorrrrrrr”.
- LM: “Que vamos a hacer?”.
- CO: “Estamos viendo doc. Para imputar”.
- LM: “Mejor doc. Por ñembotavy. Aquí me está implorando que le espere hasta mañana. Pero doc. Una vez que se le suelta es difícil que ya paguen”.
Todos los acusados por supuestos “aprietes”
“(...) la agente fiscal Ana Elizabeth Girala López, quien se estaba a cargo de la Unidad Penal Nº 1 de la Fiscalía de San Lorenzo, se encargó de determinar en qué causas penales se podrían realizar “negociaciones” de acuerdo al perfil de cada usuario del sistema de justicia o en su caso, de acuerdo a quién era el abogado que intervenía en las mismas”, refiere la acusación.
“Una vez, que determinaba las causas, la misma fijaba el “precio” de su trabajo, que podría incluir desde la recepción de pedidos de allanamientos en los turnos, una salida procesal, entrega de rodados, formular imputación o así también, realizar diligencias propias de las causas penales como cualquier otra actividad propia de sus funciones como agente fiscal”, precisa Legal.
La fiscala Ana Girala está acusada por extorsión, cohecho pasivo cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal.
La acusación presentada contra la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz es por extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal, mientras que para la asistente fiscal Christi M. Ortega Domínguez es por extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal.
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La Fiscalía también acusa a los abogados Liz E. Martínez Robles por extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal; a Marcos A. Velazco Mendoza por soborno agravado, tráfico de influencias y asociación criminal y Nélida V. Alcaraz Bogarín por tráfico de Influencias.
Los chats revelan que desde el momento en que uno pisaba la Fiscalía ya era inmediatamente “radiografiado” por las funcionarias a los efectos de determinar cuánto le podrían quitar. La voracidad del “equipo apriete” no tenía límites y tampoco compasión, pues ante cualquier resistencia de los judiciables, no dudaban en recurrir a los más variados recursos para lograr su objetivo.