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El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional mostraron sus peores caras a la ciudadanía en estos días y si había alguna duda de que la corrupción sumió a estas instituciones en una profunda crisis, ya no la hay.
La semana arrancó con la presentación de la sentencia íntegra dictada en el proceso al exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac, condenado a 3 años de cárcel por cohecho pasivo agravado (coima).
Negociado en la propia Corte
La sentencia, resultado del voto unánime de los miembros del Tribunal de Sentencia -Rossana Maldonado (presidenta) e integrado por Inés Galarza y Juan Francisco Ortiz- detalla cómo se negoció el resultado de una causa civil, en la que la firma Cal Agro reclamaba una indemnización de G. 3.500 millones a la Industria Nacional de Cemento.
En el juicio también fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión por el mismo delito el facilitador judicial Rafael Ramírez Doldán, detenido con parte del dinero solicitado, G. 50 millones, en una entrega encubierta realizada del 5 de julio de 2018.
Liduvina Rodríguez Mendieta, denunciante y accionista de la firma Cal Agro, estalló en lágrimas tras escuchar la sentencia. El otro denunciante, Felipe Nery Páez, falleció una semana antes de la finalización del juicio.
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“Por fin se hizo justicia”, expresó, tras relatar que vivieron “5 años terribles” donde recibieron maltratos y amenazas por parte de quienes le atormentaban diciendo que si no daban los US$ 50.000 iban a sacar el voto y sentencia en contra.
“Nos mostraban documentos, papeles para amenazarnos, pero ahora me doy por satisfecha con la condena”, dijo Liduvina, tras destacar la valentía del Tribunal de Sentencia.
“Polibandis” siembran terror
En la semana anterior, noticias desde Mbuyapey reportaron un asalto con derivación fatal en una despensa, donde la víctima mató a tiros a uno de los asaltantes, cuando este encañonó a su esposo y a su bebé. Sorpresa mayúscula se llevaron los intervinientes, al constatar que el asaltante fallecido era Cármelo Alcides Benítez Reyes, de 36 años, egresado de la promoción 2007 de la Academia Nacional de Policía.
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Benítez ostentaba el grado de oficial inspector, pero este fin de año debía ascender a subcomisario y precisamente para el efecto, se encontraba realizando el curso de ascenso en el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol).
Como si no fuera suficiente, ahora se investiga su responsabilidad en otros hechos delictivos ocurridos en la zona, pues tenía en su poder un arma denunciado como robado en un atraco es una estancia vecina.
De las averiguaciones realizadas con relación al caso, los investigadores detuvieron al oficial inspector Roberto Isaac Chaparro Martínez, de 39 años, quien prestaba servicios en la Agrupación de Protección Ecológica y Rural (APER), sindicado como parte de la banda.
Mensajes de textos y audios encontrados en los celulares del oficial abatido y su camarada hora detenido, Roberto Isaac Chaparro Martínez, quienes eran compañeros en el curso para ascender al rango de subcomisario, confirman que estaban en plena tarea de potenciar la banda para perpetrar importantes golpes a transportadores de caudales, financieras, supermercados y hasta cajeros automáticos en Asunción y ciudades de Central.
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Para ello estaban buscando respaldo de elementos de la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC).
En el asalto fatal, otro miembro de la gavilla resultó aparentemente con una herida en la mano y los investigadores sospechan que se trataría del suboficial Emigdio Ariel López Ortiz, asignado a la comisaría 24ª Central de San Antonio, quien se encuentra desaparecido.
Ahora, los investigadores se encuentran abocados a determinar si la banda de que perpetró el asalto en Mbuyapey es la misma que el 2 de agosto mató en otro atraco en la ciudad de Escobar al suizo Reto Schraner (51) y la que el viernes 28 de julio asaltó dos estancias en Mbuyapey.
Esposo de jueza, preso con dinero de extorsión
Otra denuncia de supuesto “negociado” con la justicia derivó en la detención del abogado Farid Gustavo González Ledesma, durante una entrega vigilada realizada el 4 de agosto en San Lorenzo, cuando recibió G. 13.500.000 de una joven víctima de violencia familiar.
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La imputación del fiscal Joel Cazal señala que ese dinero era parte de los G. 30 millones que el letrado exigió para enviar a prisión a un procesado por violencia, cuya causa estaba a cargo de su esposa Norma Salomón, titular del juzgado penal de Garantías N° 1 de Capiatá.
Farid González está procesado por extorsión y tráfico de influencias.
Funcionario policial cae por bárbaro crimen
También en la semana pasada, una prueba de ADN confirmó a que los restos óseos hallados en el cerro Cristo Rey de Caacupé son de María Ramona Cardozo, joven embarazada que había sido reportada como desaparecida desde inicios de julio, en Altos, departamento de la Cordillera.
El único detenido por el caso es el funcionario policial Víctor Cantero Sánchez, de 45 años, quien mantenía una relación sentimental con la mujer, que presentaba una discapacidad intelectual y era el padre del bebé que esperaba.
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Hurto de evidencias en el Ministerio Público
También en un juicio oral y público, pero en una causa por narcotráfico conocida como “marihuana VIP”, se tuvo noticias del hurto de evidencias nada menos que de dependencias de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.
Se trata de dinero en efectivo, 148 billetes de 100.000 guaraníes que totalizan G. 14.800.000 y US$ 153. Se supo que el fiscal a cargo dio indicaciones de entregar el dinero para su resguardo en la Secretaría Nacional Antidrogas, pero esto no se cumplió y la plata desapareció.