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El Juzgado Penal de Garantías del 1º turno de la ciudad de Capiatá, está siendo auditado a raíz de la denuncia realizada por Pamela María Núñez, quien tiene abierta la causa penal Nº 177/2023 caratulada “Carlos Gustavo Vigo Chávez sobre Violencia Familiar”, que se tramita en el Juzgado de la jueza Norma Salomón. De acuerdo a la denuncia, el esposo de la jueza Salomón habría solicitado G. 30.000.000 a la accionante para que a través de sus contactos logre la prisión preventiva de su exesposo.
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Según explicó el director general de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, abogado Rodolfo Heyn, el trabajo se realizará hasta hoy. Contó que los responsables del trabajo de investigación analizarán los expedientes de manera aleatoria. Dijo que hasta el momento no cuentan con datos relevantes para compartir, y que puedan servir para esclarecer el caso denunciado.
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“Los informes serán remitidos al Consejo de la Superintendencia, pero hasta el momento no se ha encontrado ningún dato que pueda servir para avanzar en la investigación. Varias dependencias de los juzgados del país son auditadas y es difícil encontrar algo específico”, explicó el director general de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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El esposo de la jueza Norma Salomón, Farid González Ledesma, fue procesado por el imputado por el fiscal Joel Cazal, por los ilícitos de tráfico de influencias y extorsión, tras haber sido aprehendido el viernes 4 de agosto dentro del predio del Parque 14 y medio de la ciudad de San Lorenzo, luego de recibir la suma de G. 13.800.000 que solicitó para conseguir acuerdos judiciales.
Imputado por supuesta extorsión y tráfico de influencias
Tras la imputación, la jueza penal de Garantías Rossana Diana Raquel Carvallo Estigarribia, quien estaba de turno tomó intervención en la causa, quien calificó solo la conducta del ilícito de extorsión. Sin embargo, el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás Aguiar tomó intervención en el proceso, y decidió ampliar la calificación de la conducta por tráfico de influencias.
Actualmente el esposo de la magistrada se encuentra con prisión domiciliaria con medidas cautelares que debe cumplir que si llegase a incumplirlas le sería revocada la medida.