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El fiscal de Villa Hayes Alexis Takahashi imputó el martes 8 de agosto al gobernador del departamento de Presidente Hayes, Nicolás de Jesús Cartamán Torres (colorado, abdista), por el presunto daño causado a un cañón usado durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870) y que es considerado patrimonio cultural. Además, solicitó se ordene su prisión preventiva.
Luego del mediodía de ayer el gobernador recusó al fiscal con el argumento de que el representante del Ministerio Público tiene resentimiento en su contra. El incidente debe ser resuelto por la fiscala adjunta de la zona, Alba Rocío Cantero, o el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
No hay un plazo para admitir o rechazar la petición de esta clase, aunque sí depende del informe o descargo que debe remitir el fiscal afectado, que en este caso es el ya mencionado Takahashi.
![Nicolás de Jesús Cartamán Torres (colorado, abdista).](https://www.abc.com.py/resizer/v2/35OZDCGLOVEENFTCREDYL67R6M.jpg?auth=2ea39ea706a99b00669753f6b2b5742d793bcd573a0e95d22caf6b6624ef98bf&width=770&smart=true)
Comunicado
En un comunicado del martes 8 de agosto, el Ministerio Público indicó que el fiscal de la unidad penal número 3 de la ciudad de Villa Hayes, Alexis Takahashi, imputó al funcionario por supuestos “daños a cosas de interés común”, figura prevista en el Código Penal, y por presunta transgresión a la Ley de protección de patrimonio cultural.
Añade que pidió al juez de garantías que “dicte prisión preventiva” contra el gobernador, bajo el argumento de que uno de los hechos punibles “se configura como crimen por la importancia del perjuicio causado a un patrimonio cultural histórico del país”.
La imputación deja latente el peligro “de fuga y obstrucción” al tratarse de una autoridad departamental, dice otra parte del escrito.
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La nota indica que el gobernador actuó con ayuda de su hermano y chofer, pagado por el gobernador, Rolando Cartamán Torres, además del concejal Cristian Núñez y el edil electo Luis Bareiro.
La Fiscalía informa que, sin autorización de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Cartamán al parecer ordenó el 2 de julio el retiro de uno de los cañones ubicados en la explanada de la costanera de Villa Hayes –capital de Presidente Hayes– y su traslado a la sede de la Gobernación, donde presuntamente se cortó parcialmente la recámara o parte inferior y la culata del arma.
“Debido a la anchura del hierro, no se logró cerrar el corte realizado, por lo que se cubrió el agujero con masilla y luego se repintó en su totalidad”, añadió el Ministerio Público.
Según la Fiscalía, el gobernador Cartamán no informó a la Secretaría Nacional de Cultura del traslado y las alteraciones al cañón. La autoridad departamental se expone a una pena de prisión de hasta diez años.
![Alexis Takahashi, fiscal asignado en Villa Hayes.](https://www.abc.com.py/resizer/v2/HOXZOP5OTRFVRA4QL4KFWX5BQY.jpg?auth=d1dbe7a8ac5186919d34e33312865c64534415f2966cf31f88eec83a7314fc46&width=770&smart=true)
Edil califica de inverosímil explicación de Cartamán
El concejal departamental de Presidente Hayes Nicolás Caballero (PLRA) dijo que el daño al cañón histórico de Villa Hayes ocurrió hace más de un mes. Mencionó que la Junta Departamental solicitó informes al gobernador Nicolás de Jesús Cartamán Torres (colorado abdista), a la Intendencia y a la Junta Municipal de Villa Hayes y a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Dijo que Cartamán Torres presentó un informe por escrito a la Junta Departamental.
Añadió que la denuncia formal en la comisaría, en la que se basó la actuación fiscal, la realizó el concejal municipal de Villa Hayes Mario Cuevas (Hagamos), luego de ser alertado por ciudadanos de la situación que se presentó con la citada reliquia.
El concejal mencionó que, en el escrito remitido a la corporación legislativa, Cartamán Torres refirió que el cañón ya había sufrido una alteración y que se constituía un peligro para los niños. En ese punto indicó que recibió quejas de ciudadanos porque algunos infantes ya habían sufrido heridas al jugar con el cañón.
Supuestamente llevaron el arma a la sede de la Gobernación, a unos 300 metros del sitio en donde estaba, para repararlo, no para cortar, como se denunció. Supuestamente decidieron mover de lugar para evitar que la soldadura dañe los ojos de las personas que concurren al sitio cultural y recreativo, que es la costanera.
La explicación del gobernador resulta inverosímil, acotó el edil.
La versión popular es que cortaron el cañón para buscar oro, concluyó.
Intentamos escuchar la versión de Cartamán Torres, pero no respondió nuestros mensajes ni llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al hecho denunciado.