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La auditoría de reacción inmediata al juzgado penal de Garantías N° 1 de Capiatá, a cargo de Norma Salomón estará a cargo de la Dirección General de Auditoría de Gestión, de acuerdo con la disposición del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. La máxima instancia judicial tomó la medida tras el escándalo derivado de la detención del abogado Farid Gustavo González Ledesma, esposo de la magistrada el viernes último, durante un procedimiento realizado a partir de un pedido de dinero para decretar la prisión de un procesado por violencia familiar.
Fue a pedido del ministro Eugenio Jiménez Rolón, superintendente de la circunscripción judicial de Central, quien solicitó además la instrucción de sumario administrativo al abogado Farid Gustavo González, para determinar la existencia de hechos que puedan configurarse como faltas administrativas.
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De acuerdo a las informaciones suministradas por los intervinientes, el operativo de entrega vigilada tuvo lugar cerca de las 16:30 del viernes último dentro del predio del shopping Parque 14 y Medio de la ciudad de San Lorenzo.
Estuvo a cargo del agente fiscal Joel Cazal, de la Unidad Penal N° 3 de la Fiscalía Especializada en Antisecuestro y Antiterrorismo, y de agentes del Departamento Antisecuestro de Personas la Policía Nacional. Fue en cumplimiento a una orden judicial firmada por el juez penal de Garantías Raúl Florentín Cueto.
Esposo de jueza Norma Salomón pidió G. 30 millones, según MP
La denuncia que dio inicio al proceso y que se transcribe en la imputación, afirma que el profesional abogado solicitó G. 30 millones a la víctima, a cambio de enviar a prisión a un procesado por violencia familiar, que se encuentra con medidas sustitutivas de prisión.
La víctima denunció el hecho ante el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional y tras llegar a un acuerdo para dar al abogado González inicialmente G. 13.800.000, se montó una entrega vigilada en el Parque 14 y Medio de San Lorenzo.
El encuentro se realizó en horas de la tarde en el lugar indicado, pero cuando González Ledesma recibió el dinero de parte de la víctima, los intervinientes salieron del sitio desde donde lo vigilaban y lo arrestaron.
Como evidencias los uniformados se incautaron de billetes por valor total de G. 13.800.000, que previamente habían sido fotocopiados por los investigadores.
También confiscaron el teléfono celular del detenido y su automóvil Toyota Corolla XL azul, que quedaron a disposición del Ministerio Público.
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Fiscal define si apelará exclusión del delito de tráfico de infuencias
Cazal imputó a González por extorsión y tráfico de influencias, pero la jueza penal de garantías Diana Carvallo excluyó el último delito, en base a una dudosa interpretación de la legislación vigente, pues estableció un condicionamiento no previsto en el artículo correspondiente.
El caso está actualmente a cargo del fiscal Federico Delfino, quien debe resolver si apela la decisión de la magistrada de garantías, para que su decisión sea examinada en segunda instancia.
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