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El exdirigente deportivo, Ramón González Daher, condenado a 15 años de prisión por usura grave, es nuevamente juzgado por un Tribunal, pero esta vez por denuncia falsa y extorsión, caso del que fue víctima el exdelegado deportivo del “Club 3 de Febrero, Ricardo Brugada”, Salvador Aquino.
El juicio oral y público se lleva a cabo en el Juzgado de Fernando de la Mora y comenzó el pasado viernes 28 de julio, prosiguió el lunes 31 de julio y también ayer miércoles 2 de agosto.
Este viernes el Ministerio Público representado por la fiscal de Luque, Sandra Ledesma, presentará los alegatos finales y se presume que ese mismo día el Tribunal presidido por la magistrada Natalia Muñoz dictará la sentencia correspondiente.
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En el primer día de juicio declaró la víctima Salvador Aquino, quien extensamente relató cómo sucedieron los hechos, incluso brindó detalles de cómo era amenazado constantemente por el imputado. Según fuentes, Ramón González Daher incluso ordenó a Aquino “que venda su paladar” para pagarle la supuesta deuda de G. 46.500.000.
La fiscala Sandra Ledesma sostuvo la acusación en contra de González Daher por denuncia falsa y extorsión, quien se expone a una nueva condena de 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad.
El abogado querellante es Horacio Fialayre, quien representa a la víctima, por otra parte, Ramón González Daher es representado por el abogado Mario Elizeche y también lo acompaña en el juicio su exabogada Emma González, actualmente imputada por el supuesto hecho de delitos informáticos y también está con la matrícula suspendida para ejercer la profesión de abogada.
La Fiscalía ya presentó todas las testimoniales y las pruebas documentales. Declararon varias personas quienes relataron cómo fueron testigos de las amenazas que recibía Salvador Aquino por parte del procesado.
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Ramón González Daher es hermano del exsenador extinto, el colorado cartista Óscar González Daher. El mismo, según la Fiscalía de Luque, denunció falsamente a Aquino y pretendió “volver a cobrarle” una deuda ya cancelada de G. 46.500.000. Según el denunciante, para amedrentarlo y obligarlo a pagar la presunta deuda, el usurero condenado le decía que “jueces y fiscales estaban a su cargo”.