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El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás rechazó el pedido de revisión de medidas planteado por la defensa del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa Burgos, en el proceso que afronta por cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, derivado del Operativo A Ultranza Py.
El magistrado tomó la decisión en una audiencia de revisión de medidas que concluyó hace instantes. En la ocasión, el abogado defensor Gustavo González Planás ofreció a modo de garantía un inmueble tasado en G. 768.000.000 que sumados a los tres presentados anteriormente -de G. 3.500.000.000, G. 1.396.000.000 y G. 800.000.000 , totalizan una fianza real de casi G. 7.000.0000.000.
“No existe peligro de obstrucción de la investigación pues se han llevado a cabo varias testificales sin ningún inconveniente al contrario, esta parte colabora con la investigación en el sentido de acercar las preguntas a la Fiscalía para tratar de aclarar los hechos en forma rápida, pues el señor Joaquín Roa y esta parte es el principal interesado en que avancen lasinvestigaciones y se aclaren los hechos en la brevedad posible”, alegó el defensor.
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Fiscal se opuso a la concesión de medidas a Joaquín Roa
“Si bien la defensa ha ofrecido numerosos inmuebles en concepto de caución real, estos ofrecimientos no disminuyen el peligro latente de obstrucción a esta investigación ya que en primer lugar se encuentran pendientes diligencias de fundamental importancia probatoria para el Ministerio Público como ser declaraciones testificales de numerosos funcionaros de la Secretaria de Emergencia Nacional así como de otros proveedores que han sido adjudicados con las licitaciones que forman parte de los hechos que se le atribuyen al señor Joaquín Roa en el contexto de la conducta del cohecho pasivo agravado”, argumentó el fiscal Silvio Corbeta.
”Igualmente se encuentra pendientes informes y otras diligencias que eventualmente podrían ser objeto de obstrucción por parte del imputado y por tal motivo, independientemente a que los inmuebles ofrecidos en concepto de garantías reales alcancen la suma considerable de 7.000.000.000 millones de guaraníes, para esta Fiscalía continúa, independientemente a eso, el peligro de obstrucción a la investigación que puede evitar el cumplimiento de la finalidad del presente proceso penal que busca el descubrimiento de la verdad real, además de considerarse indispensable la presencia del imputado en la presente causa a los efectos de asegurar eventualmente el resultado de una sentencia o de una resolución que recaiga a futuro”, agregó Corbeta.
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Para juez, no hay hechos nuevos que ameriten revisar prisión
En su resolución, el juez Delmás destacó que no se han desvirtuado los presupuestos que hagan suponer que ya no está latente el peligro de obstrucción a la investigación que motivó que decretara la prisión del procesado el 5 de mayo pasado, lo cual, sumado a la existencia de diligencias investigativas pendientes, corresponde ratificar la medida restrictiva de libertad.
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“Este Juzgador, considera de que a casi cuatro meses del inicio de la actual causa penal no han surgido hechos o situaciones que ameriten la sustitución de la medida cautelar o que se encuentran desvirtuados unas de las exigencias previstas en el Art. 242 del C.P.P., estos requisitos siguen plenamente vigentes, es importante mencionar que no han variado dichos presupuestos, así como tampoco se ha suscitado algún hecho nuevo, reciente o relevante que haga una diferencia que amerite la variación de las medidas cautelares impuestas”, concluyó el juez Delmás, al rechazar el pedido de revisión de medidas.
Operativo A Ultranza derivó en procesamiento a Joaquín Roa
La causa penal en contra de Roa tuvo su origen en allanamientos realizados en el marco del operativo “A Ultranza Py”, que resultaron en la inmovilización de una embarcación con la denominación “Antares”, que estaba a nombre de la empresa Tapyracuai SA, representada por el empresario Alberto Koube Ayala.
Ante el escándalo, Joaquín Roa renunció a su cargo de ministro y el pasado 26 de abril fue imputado, con base en elementos que probarían que durante su paso por la función pública habría recibido beneficios indebidos de parte del acusado en la causa penal “A Ultranza Py” Alberto Koube Ayala, con quien mantendría una relación de amistad, a cambio de adjudicar licitaciones públicas a favor del empresario.
Por su parte Koube Ayala fue imputado en esta causa penal por supuesto soborno y lavado de dinero. Se trata del tercer proceso que afronta, ya que la principal es la del operativo A Ultranza a cargo del fiscal Deny Yoon Pak y en la otra, también por el presunto hecho de lavado de dinero, está procesado junto con su exesposa Patricia Noemí Rodríguez Ojeda y su hermana Fátima Koube.