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Al respecto, señalaron que en el año 2016, la fiscal Teresa Sosa ya había imputado a Edith Beatriz Lombardo por una denuncia similar a este caso. Comentaron que esta mujer era representante legal de la empresa unipersonal “Multicréditos la Roca”, que se dedicaba a la venta de electrodomésticos y que además tenía conexión con la Asociación de Educadores “Ovetense”, que también fue intervenida en esa ocasión.
En ese sentido, explicaron que a pesar que muchos de los educadores en ese tiempo retiraron artículos de esta casa comercial, y que todas las deudas fueron pagadas hasta la última cuota, llamativamente los documentos de finiquitos nunca les fueron entregados y que esos mismos pagarés fueron modificados y llevados a los Juzgado de Paz para solicitar el juicio ejecutivo y presionar de ese lado, señalaron.
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Uno de los afectados por esta organización que viene operando hace varios años, el profesor Néstor Caballero manifestó que se siente indignado como todos sus colegas por la manera de que son estafados por la gente que probablemente tendría injerencia en las instituciones públicas y que lamentablemente recibe el apoyo de algunos funcionarios judiciales que permiten a los sinvergüenzas meter la mano en el bolsillo de los trabajadores indefensos, refirió.
Un esquema bien estructurado
Agregó que de acuerdo al criterio de ellos (los docentes), esta organización de estafadores está muy bien estructurada en todos los sentidos y no descartan que muchos funcionarios judiciales puedan estar involucrados con los cabecillas, que están actuando con mucha libertad en diferentes puntos del país, aseveró.
En otro momento, refirió que todos sus colegas docentes lamentan la actuación de la jueza de Paz de Guayaybí, Monserrat Benítez por haberse prestado a la manipulación de este grupo de estafadores, y que van a seguir perjudicando a muchas personas si es que no se toman las medidas necesarias.
“Pedimos más respeto y seriedad a cualquier juez cuando va a tomar alguna decisión con este tipo de casos, porque a simple vista se puede notar que muchos de los contenidos de los documentos fueron cambiados y, a pesar de todo, esta jueza dio luz verde a esta gente para estafarnos”, enfatizó.
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A pedido de los educadores afectados llegamos hasta la oficina del Juzgado de Paz de Guayaybí con la intención de dialogar con la jueza sobre el caso, pero la secretaria nos informó que la misma se encontraba por la capital del país gestionando nuevamente su postulación al cargo, atendiendo que próximamente se va a llamar a concurso el cargo de la sede judicial.
Asimismo, procuramos contactar con el abogado de la supuesta empresa, Diego Cardozo, a través de su teléfono móvil, pero el mismo no atendió nuestra llamada ni tampoco respondió nuestro mensaje de texto.