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El Tribunal de Apelación, segunda sala, concluyó que la recusación planteada por el exfiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo de Díaz contra los jueces Cándida Fleitas, Víctor Alfieri y Alba González carece de fundamentos.
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Los acusados argumentaron la recusación en la supuesta incompetencia material para integrar el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, por ser ellos jueces asignados al Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, que integraron el colegiado por inhibición de otros magistrados.
Díaz Verón y su esposa alegaron que los recusados “violaron” los principios de juez natural y juez competente, lo cual ponía en duda su imparcialidad.
“Tomando en cuenta dicha argumentación, debemos expresar que la integración del Tribunal de Sentencia fue recurrida en su momento en todas las instancias resultando de uno de ellos el A.I. Nro. 408 de fecha 12 de diciembre de 2022, es decir todos los recursos interpuestos en la presente causa y que guardan relación a la causal alegada objeto de la presente recusación ya fueron analizados y resueltos, siendo rechazados en su mayoría”, concluyen los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez.
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Los camaristas destacan que las razones esgrimidas por la defensa no se hallan mínimamente adecuadas a la norma rectora –Art. 50 del Código Procesal Penal- por tratarse de cuestiones de tinte administrativo que hacen a la conformación del Tribunal.
Javier Díaz Verón y su esposa no pueden justificar G. 10.000 millones, según acusación
La acusación presentada por los fiscales Nathalia Silva y Osmar Legal, el 13 de agosto de 2019, señala que el ex fiscal general del Estado y su esposa no pueden justificar nada menos que G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre los años 2008 y 2017.
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El juicio al exfiscal general del Estado y su esposa estaba previsto para febrero pasado pero se tuvo que suspender a raíz de la recusación planteada por la defensa. Las reiteradas chicanas promovidas por la defensa incluso le valieron un apercibimiento y la remisión de los antecedentes de sus actuaciones al Consejo de Superintendencia, por dilatar injustificadamente la causa.
En diciembre del año 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón fue designado “significativamente corrupto” y prohibió a él y a su familia el ingreso a su territorio, de por vida. La restricción alcanza a su esposa María Selva Morínigo y a los hijos del matrimonio: Yerutí, Manuel y Alejandro Díaz Morínigo y otro menor de edad.
Ministerio Público pide comiso de bienes del exfiscal general
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción solicitan el comiso especial de los bienes de Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo.
Piden así el comiso de animales vacunos adquiridos por Díaz Verón por G. 125.875.002 y G. 115.206.850.
Los agentes del Ministerio Público también piden el comiso de varios rodados: un Hyundai Santa Fe (2009) por el que pagó G. 134.765.848, una Toyota Hilux (2014), cuyo costo fue G. 197.363.500, y un Honda HR-V (2016) valuado en G. 164.730.000.
La fiscalía peticiona además el comiso de tres préstamos concedidos sin poder justificar por G. 44.425.536, G. 44.100.000 y G. 19.200.000 con intereses, y un inmueble en Amambay. Además, se piden los activos de las empresas de María Selva, CDA depositadas en un banco por G. 110 millones y un auto valuado en G. 130 millones.